El Club Náutico de Ibiza se puso este martes a disposición de los tribunales para aclarar todo lo relacionado con «el auto hecho público por la Jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Mallorca en el que ve indicios de delito de prevaricación en la redacción del concurso de las instalaciones» que ocupa este club social.
En una reunión mantenida por la Junta Directiva, «se expresó el apoyo unánime de todos los miembros de la Junta a los directivos afectados», con el pleno convencimiento de que «en cuanto se disponga de toda la información, todo quedará convenientemente aclarado ante la justicia con total colaboración por nuestra parte».
Hay que recordar que, tras levantar el pasado jueves el secreto de sumario de la pieza del ‘caso Puertos', se pudo conocer que la magistrada Martina Mora había imputado el exconseller socialista ibicenco José María Costa, hermano de la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, Pilar Costa. La magistrada le incluye como vocal del Club Náutico de Ibiza en la trama para manipular la adjudicación de la dársena deportiva del puerto de Ibiza.
Además de Costa, cita como imputados al expresidente de la Autoridad Portuaria, Juan Gual de Torrella; al exvicepresidente y al director de la entidad, Miguel Puigserver y Juan Carlos Plaza; al jefe de área, Fernando Berenguer; al de explotación, Armando Parada; a la jefa de la Abogacía del Estado, Dolores Ripoll y a un técnico. Por la parte del Náutico de Ibiza también será interrogado su presidente, Juan Marí.
En un auto, la magistrada sostiene la existencia de indicios de que los investigados manipularon el concurso para adjudicar este puerto con la intención de beneficiar al Club Náutico Ibiza, que lo explotaba desde 1924. Señala que, a falta de averiguar el móvil de esta actuación, existió un acuerdo entre la cúpula de la APB y los responsables de la entidad para asegurar que conservaba la explotación y excluir a otros competidores. Así, se apoya en la existencia de las sentencias del TSJIB y del Supremo que ya declararon nulo este procedimiento y llegaron a hablar de «temeridad» en la actuación del organismo público.