El problema de la vivienda en la isla de Ibiza volvió a enfrentar ayer al Gobierno insular y la oposición a cuenta de una moción presentada por el grupo Unidas Podemos en el Pleno del Consell. En esta moción, la formación liderada por Antonio Saucedo planteaba, entre otras cuestiones, la posibilidad de impedir que ciudadanos de fuera de España adquieran propiedades en la isla si llevan menos de dos años en ella.
En su moción, Saucedo pidió también instar al Govern para que, a su vez, solicite al Gobierno la gestión del parque de viviendas ubicadas en Baleares pertenecientes a la Sareb. Además, acogiéndose a la futura ley de vivienda estatal, que aún no ha sido aprobada, pidió que la isla de Ibiza sea clasificada en su conjunto como zona tensionada con el fin de poder intervenir los precios de venta y alquiler. Propuso que el Consell pida al Gobierno central, a través del Govern, que esta nueva ley rebaje de 10 a cinco el número de propiedades necesarias para ser considerado un gran tenedor de vivienda. Y, además, solicitar al Ejecutivo de la socialista Francina Armengol el despliegue de la Ley de Vivienda balear.
El vicepresidente primero del Consell, el popular Mariano Juan, recordó a Saucedo que su partido forma parte del Govern y del Gobierno central, por lo cual calificó como «una falta de respeto» una moción que demuestra que Unidas Podemos defiende en el Consell «lo que no saben hacer donde gobiernan».
Juan dejó claro que el Consell d'Eivissa no tiene competencias en materia de vivienda y que es el Govern el que se encarga de esta cuestión. En concreto, el socialista ibicenco Josep Marí Ribas, quien, señaló el vicepresidente, «ha firmado esta semana un convenio con los constructores para subir un 30% el precio de la construcción de las VPO en Baleares». El popular exigió tanto al Govern como al Gobierno central «leyes valientes» para empezar a arreglar el problema de la vivienda. Y planteó que éstas han de pasar por la lucha contra los okupas y la defensa de los propietarios a la hora de poner sus viviendas en el mercado del alquiler.
No quedaron ahí las propuestas de Mariano Juan, que aseguró que el Consell sí podría ayudar a sacar viviendas al mercado del alquiler si fuera posible «clausurar los pisos turísticos». Una clausura para la que sería necesaria la colaboración legislativa del Govern: «Cuando el PP lo propuso, Unidas Podemos votó en contra por no molestar al PSOE».
La consellera no adscrita Marta Díaz, por su parte, dejó claro que la medida propuesta por Unidas Podemos de impedir la compra de inmuebles a extranjeros es «inconstitucional» y aseguró que «hay otras medidas posibles» para dar solución a este grave problema. Una postura que también manifestó el vicepresidente segundo de la institución, Javier Torres, quien, además, acusó al conseller autonómico de Vivienda, Josep Marí Ribas, de «estar de campaña electoral en lugar de buscar soluciones al problema».
Por parte del PSOE, finalmente, el conseller Víctor Torres dio su apoyo a la moción de Unidas Podemos, aunque matizó que la futura ley de vivienda debería tener en cuenta, en el caso de los grandes tenedores, las propiedades que tienen dentro y fuera de la isla.