El conseller autonómico de Vivienda, el socialista Josep Marí Ribas 'Agustinet', admitió este martes en una rueda de prensa que el retraso de la construcción de las viviendas protegidas en el solar de la antigua comisaría de la Policía Nacional es responsabilidad del Ministerio de Interior, dirigido por el también socialista Fernando Grande Marlaska. Marí Ribas reconoció que ha sido el ministerio el que ha modificado sus pretensiones con respecto al protocolo rubricado entre esta institución, el Govern balear, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Vila.
El conseller, que es también candidato de la FSE-PSOE a la presidencia del Consell de Ibiza, recordó que, en un primer momento, el acuerdo contemplaba que el ministerio cedería los terrenos al IBAVI y, a cambio, esta entidad pública se haría cargo de la construcción de 60 viviendas para policías nacionales. Un acuerdo poco habitual en la forma de funcionar del IBAVI, explicó Marí Ribas, pues normalmente las entidades públicas ceden terrenos al instituto balear y este se hace cargo de la construcción de las promociones de vivienda pública.
Tiempo después, Interior cambió de postura y decidió que, en lugar de viviendas, prefiere «un sitio más dotacional, con habitaciones más pequeñas y servicios comunes más grandes». Es decir, una residencia para los agentes. Esta modificación es la que ha provocado que el proyecto de construcción de otras 60 viviendas de protección oficial para los residentes en Ibiza se haya paralizado pues el ministerio aún no ha cedido formalmente el suelo al IBAVI. Ante esta situación, Marí Ribas solicitó a Interior una reunión, junto el resto de firmantes del protocolo. Y es esta cita la que aún no ha podido celebrarse por falta de contestación de Interior.
El conseller aseguró que el IBAVI «está dispuesto a hacer lo que sea». Pero también dejó claro que es necesario «mirar el coste» que tendrá este cambio de proyecto por parte del Ministerio de Interior. «El IBAVI no compra terrenos», insistió el socialista, «utiliza el dinero para construir las viviendas».
Marí Ribas, por otro lado, responsabilizó también al Consell de Ibiza de la imposibilidad de llevar adelante este proyecto. En su opinión, la institución presidida por el popular Vicent Marí, debería concretar qué cantidad de dinero está dispuesta a aportar, de tal manera que al IBAVI no le resultara tan costosa la construcción de esta promoción de vivienda protegida. «El Consell iba a poner dinero pero no se ha concretado», afirmó Marí Ribas, quien, sin embargo, también señaló que no culpa a la institución insular por l lo que está sucediendo.
Desde el Consell rechazaron, como ya han hecho en anteriores ocasiones, las afirmaciones del responsable autonómico de Vivienda. Fuentes de la institución recordaron que el protocolo firmado entre las cuatro administraciones contempla únicamente que el Consell adquirirá un número indeterminado de viviendas para servicios sociales. «El Consell no está en condiciones de concretar qué inversión hará en la compra de pisos tal y como establece el protocolo», señalaron fuentes de la institución insular, «según la información que nos ha hecho llegar el Govern balear, el Ministerio de Interior ya no tiene intención de cumplir con lo establecido en ese acuerdo porque ahora quieren construir una residencia para trabajadores públicos del Estado».
Las mismas fuentes añadieron que el Consell «no puede comprometerse a comprar unos pisos que, según lo manifestado por el Estado, no van a existir y, por ende, no se puede cuantificar su precio». También recordaron que el Consell no puede hacerse cargo de gastos comprometidos por el Govern balear a través del IBAVI. «Nosotros», señalaron a modo de conclusión, «no podemos solventar las desavenencias entre el ministerio y el Govern. Queremos cumplir nuestro compromiso pero los demás no pueden decir lo mismo».
Finalmente, quien también arremetió contra el Consell de Ibiza fue el alcalde de Vila, el socialista Rafa Ruiz, que, en la misma rueda de prensa que Marí Ribas, reclamó a la institución insular actuar para conseguir que el proyecto de construcción de estas viviendas protegidas pueda salir adelante, a pesar de que este objetivo está ahora mismo en manos del socialista Grande Marlaska y no del popular Vicent Marí. En este sentido, Ruiz puso como ejemplo la actuación del Ayuntamiento al acondicionar viviendas para policías nacionales en el barrio de sa Penya. Un proyecto en el que, dijo, el Consistorio ha invertido 3 millones de euros.