El PP de Ibiza, a través del diputado Miquel Jerez, ha reclamado un cambio en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminantes para una economía circular con el objetivo de «que no perjudique la actividad agrícola y el mantenimiento de fincas en el campo».
Según ha expresado Jerez en un comunicado, «esta ley obligará a muchos agricultores y particulares a trasladar sus restos vegetales a un centro gestor de residuos».
El diputado del PP ha señalado que la quema de restos vegetales en el entorno rural «no es contaminante» e incluso impide el desarrollo de muchas enfermedades y plagas que afectan a los cultivos. «A los payeses, lecciones de circularidad, las justas», ha advertido.
Por otro lado, ha lamentado el «exceso de burocratización» que están padeciendo los propietarios de explotaciones y, en este sentido, ha apuntado que «la solución a la sostenibilidad no está en prohibir y sancionar», asegurando que, si se mantiene la medida, se va a comprometer la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y se desincentivará al propietario para mantener limpia y cuidada su finca.
Jerez ha considerado que se está «legislando en contra del mundo rural» y ha añadido que «el Ministerio está acostumbrado a fabricar leyes en un despacho de Madrid con el aire acondicionado puesto». «Convendría que salieran del despacho y preguntasen antes a quienes entienden del cuidado y crianza de animales y de la gestión de una finca agrícola», ha añadido.
El PP ha explicado que, con la norma, no se permite con carácter general la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Según ha detallado, el artículo 27.3 establece la posibilidad de quemar estos residuos, solo con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento.
Por último, ha apuntado la necesidad de promover cambios en la norma aprobada para «resolver su ambigüedad, la confusión que genera y para que su aplicación se lleve a cabo de la forma más permisiva posible y no de la forma más restrictiva».
En este mismo sentido, ha señalado que «es necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez promueva un cambio en la ley de manera que lo que se ha hecho siempre bien se pueda seguir haciendo sin mayores perjuicios hacia al mundo rural. De la misma manera se hace imprescindible que las administraciones públicas encargadas de su aplicación lo hagan de la forma más favorable a los intereses del mundo agrario».
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley con este propósito.