En la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisaría de Ibiza, Carlos Muñoz (Madrid, 1974) ejerce como interlocutor social para la prevención de los delitos de odio. También en la isla, la mayoría de estos casos están relacionados con la condición sexual o procedencia de la víctima, datos curiosos si se tiene en cuenta la ‘libertad' de la que siempre se ha hecho gala en Ibiza.
—¿Cuándo y por qué se creó la unidad de Participación ciudadana?
—Esta unidad se puso en marcha prácticamente desde que estableció el nuevo modelo policial en los años 80, aunque ha ido cambiando de nombre y se ha ido actualizando para ganar eficacia y eficiencia. La figura del interlocutor social para prevenir los delitos de odio, podemos decir que nació en 2014, aunque se ha ido implantando de manera progresiva. En 2019 nos dimos cuenta de que en Ibiza, con una población que va y viene, era importante incidir en esta figura.
—¿Por qué precisamente en el 2019?
—En aquel año se decide apostar de manera definitiva por Participación Ciudadana y destinar efectivos únicamente al trabajo en prevención. Ello va unido al primer Plan de lucha contra los delitos de odio que se creó en enero de 2019 y que incluía objetivos como promocionar actividades para dar a conocer la labor de Participación Ciudadana, así como promover acciones formativas como seminarios o mesas redondas para contar con la participación del tercer sector y otros actores involucrados en esta labor.
—¿Cuántos agentes se dedican en Ibiza a esta labor preventiva?
—Somos dos compañeros dedicados plenamente a esta función y contamos con un agente de apoyo.
—Exactamente, ¿qué es un delito de odio?
—Hablamos de un concepto amplio y que, desde luego, no es nuevo. Dependiendo de varios factores, podemos referirnos a delitos de odio sobre los que hay referencias en el Código Penal. En él, no vamos a encontrar ‘delito de odio' como tal, sino artículos antidiscriminatorios repartidos por todo el Código Penal o circunstancias agravantes que enumeran factores, colectivos o grupos que, si perteneces a ellos, vas a tener una especial protección. Cualquier delito que esté contemplado en el Cógido Penal es susceptible de ser tratado como de odio si se acredita que detrás hay una motivación discriminatoria.
—En una jornada organizada con el Consell d´Eivissa se llegó a asegurar que el 80% de los delitos de odio no se denuncian.
—Sí, y no es que lo asegure yo. Pasa en todo el territorio nacional y se extrapola a Ibiza. Estas cifras se dan desde los departamentos de Derechos Humanos de la Unión Europea y así quedan reflejadas en el primer y segundo Plan de acción de lucha contra los delitos de odio. Se denuncia entre un 20 y un 25% y el resto, en principio, no se conocería policialmente hablando, aunque se puede hacer una estimación a través de otras vías.
—¿La víctima no denuncia por miedo o porque no sabe qué es un delito de odio?
—Los dos factores son correctos y hay algunos más. Todos sabemos que entrar en contacto con el circuito institucional no es nada agradable y, de hecho, es muy frío y árido y hay gente que prefiere evitar entrar en él. Además, según el tipo de delito del que se habla, si está relacionado con el colectivo LGTBIQ+, puede haber miedo hacia el círculo o la familia de la víctima porque pueden desconocer su tendencia. En otras ocasiones, aparte de desconocimiento, hay normalización, lo que es casi peor. Hay que informar y, como puede suceder con la violencia de género, se puede estar sufriendo y no ser consciente de ello.
—Estos delitos demuestran que queda mucho trabajo por hacer para educar y formar a los ciudadanos.
—Por supuesto y, a través de diversos planes de Participación Ciudadana, se incide en este sentido. Siempre tratamos de animar al pensamiento crítico, a profundizar y nunca a polemizar y, sobre todo, dejar claro que esto no es cuestión de una ideología. Se trata de defender que cualquier persona, y da igual el símbolo o la bandera que porte siempre que sea legal, pueda estar tranquilamente en cualquier rincón de la geografía española sin que le miren mal -en el mejor de los casos- o sin que le agredan, en el peor. Es tan simple como eso. Ello parte de la educación y prevención y no solo de la labor policial. Desde 2014 se lleva un registro de los delitos de odio y en 2021, en todo el país, hubo 1.802 casos que han sido investigados. De ellos, la mayoría -un 37,6%- estaban relacionados con conductas xenófobas o racistas. En segundo lugar, un 26,5% de casos tenían que ver con la condición sexual y, seguidamente, un 18,6% eran delitos relacionados con la ideología. Sin embargo, vemos que en Ibiza, según nuestra experiencia, la principal causa de este delito está relacionada con la identidad sexual e identidad de género.
—Es un apunte muy curioso teniendo en cuenta la libertad de la que siempre se ha hecho gala en Ibiza.
—De ahí la importancia de la educación para evitar involuciones. La gente puede pensar lo que sea sobre la identidad sexual de otra persona, pero debe respetarlo. La libertad de pensamiento está perfectamente garantizada. De hecho, en España está tan garantizado que ser radical no es ilegal. La radicalización violenta, sí. Lo que es punible son esas materializaciones externas de esa manera de pensar que provocan daños a otras personas. En Ibiza, y es una apreciación personal, aparentemente hay una sociedad con mestizaje y diversidad cultural; hay comprensión sobre las conductas y orientaciones de tipo sexual, pero es posible que nos estemos polarizando ideológicamente y ello produce un retroceso por determinadas ideologías tanto de ultraizquierda como de ultraderecha.
—Anima a denunciar a cualquier posible víctima de un delito de odio.
—Hay que dejar claro que Participación Ciudadana, al asumir las funciones de interlocución social, repasa las denuncias y, si detecta una serie de ‘luces rojas' o indicadores de polarización, remite una copia de esa denuncia a la Fiscalía especializada de Palma. Automáticamente, se contacta con la víctima, se le ofrece información y se le deriva a los servicios sociales de apoyo correspondientes. Siempre trabajamos también con la oficina de atención a víctimas de delitos, que depende del Ministerio de Justicia, y que está en los juzgados. De un modo u otro ofrecemos una red de apoyo a la víctima. Además, con esos indicadores claros y, habiendo dado cuenta a Fiscalía, contactamos con la Brigada local de información que es la encargada de investigar. Así, nosotros llevamos a cabo una mediación, una detección, y situamos a la víctima y cómo se le trata en el centro del proceso -algo demandado en el segundo plan- y también debe quedar claro que la Policía no califica el delito, no define si es de odio o no. Nuestro trabajo es recoger esos indicios para que la Fiscalía especializada, con nuestro trabajo, el atestado y las diligencias oportunas, pueda presentar una acusación en la que se ha motivado que, además de unas lesiones, por ejemplo, pueda existir una motivación discriminatoria y a la pena se le pueda añadir un reproche agravado por ese delito de odio.
—En la unidad, realizarán también funciones de psicólogo.
—Por supuesto, que la víctima sepa que aquí nadie les va a juzgar. De hecho, recibimos una formación muy exhaustiva. No nos podemos limitar al papel de un policía, a ese papel más clásico, y en Participación Ciudadana ya tenemos muy asumido que hay que trabajar bajo ese prisma, esa relación entre policía y ciudadano. Tenemos la suerte de tener contactos y recursos y, aunque podamos prestar una primera atención psicológica, la víctima es derivada a los recursos de los verdaderos especialistas en este campo.
—¿Qué objetivos se han fijado a corto plazo?
—Sin duda, seguir dando cumplimiento al segundo Plan de lucha contra los delitos de odio y seguir ofreciendo formación y asesoramiento técnico a cualquier entidad o institución, a cualquier persona que en un momento dado pueda estar en contacto con una posible víctima, para que conozca esas ‘luces rojas' y sepa exactamente cuáles son. Cuantos más primeros intervinientes podamos formar, será más difícil que se nos escapen según qué situaciones. También hemos dado formación a controladores de accesos o al sector de la seguridad privada por razones evidentes.
—Con las redes sociales, ¿han aumentado los delitos de odio?
—Vemos una vinculación probable, aunque los jóvenes no sean del todo conscientes sobre la gravedad de lo que están haciendo, entre el cyberbulling y el delito de odio. Es muy fácil que una persona, al querer reírse de otra, haga referencia a su color de piel, origen u orientación sexual, por lo que no es difícil incurrir en ese delito de odio a través de las redes sociales.