Irene Ripoll (Ibiza, 1971) es la vicepresidenta de la Asociación Pitiusa por la Inclusión y Educación Social (Apies), un colectivo que ha saltado a la palestra con el mediático caso de Pablo. Según reconoce, todavía queda un largo camino para conseguir que la inclusión sea una realidad en cualquier ámbito de la vida.
— ¿Cuándo se creó la asociación y con qué objetivo?
— Creamos Apies en 2016. Somos un colectivo que nos encontrábamos con este tipo de problemáticas discriminatorias hacia miembros de nuestra familia y para abordar estas cuestiones decidimos formar la asociación. No somos como otras que ofrecen terapias, sino que nuestro objetivo es informar sobre normativas y concienciar a la sociedad porque actualmente los derechos de estas personas, a nivel educativo y social, son vulnerados en muchas ocasiones. Queremos intentar contribuir a conseguir un cambio de mirada hacia este colectivo.
— ¿Con cuántos miembros cuentan en la actualidad?
— Más o menos, rondaremos el centenar de familias.
— Está claro que viendo casos como el de Pablo, todavía queda un largo camino por recorrer si se habla de inclusión.
— El camino es largo y tortuoso y muy dilatado en el tiempo. Soy también docente y llevo 25 años trabajando para la Conselleria de Educación y 25 años viendo esta vulneración de derechos a todos los niveles. Cuando empecé a trabajar, comencé a darme cuenta de que no todo el mundo es igual pero sí tenemos los mismos derechos, aunque no toda la gente los puede ejercer de la misma forma. Empecé a ver cómo las familias de personas con diversidad funcional se enfrentaban, con auténtico pavor, a lo que se les venía encima por una gran falta de información. Las piedras en el camino siempre eran muchas y no había nadie para explicar nada o para acompañarte en momentos de angustia. Parece mentira porque nuestro país firmó y ratificó en 2008, en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, un convenio internacional en este sentido. Han pasado 15 años y las cosas han cambiado muy poco. Creo que hay falta de voluntad política y una gran falta de responsabilidad.
— ¿Por qué lo cree así?
— Porque cuando firmas y ratificas un acuerdo de estas características, que establece unas cosas muy claras, no puedes estar sin intervenir o regular. Con la nueva ley educativa, con los nuevos borradores de decretos de currículums y con lo que está pasando ahora, parece que sobre el papel todo es muy inclusivo, pero vemos que la realidad no es así. Sobre papel todo queda muy bonito. En la realidad, la situación no tiene una traducción efectiva porque se sigue negando, en el caso de Pablo, el derecho a matricularse donde él quiera y, además, teniendo que escuchar cosas absolutamente aberrantes como que esta persona no puede estudiar FP porque no se lo va a sacar. Ellos no lo saben. Es una discriminación de derechos y una vulneración, máxime cuando somos un país que hemos firmado que ninguna persona puede quedar excluida del sistema de educación y, que yo sepa, la FP forma parte de ese sistema.
— Apies ha saltado a la palestra con el caso de Pablo. ¿Han trabajado en más casos similares?
— Por supuesto. En estos años que llevamos hemos tenido casos de niños que estaban por matricularse en Infantil y que, por su diagnóstico clínico, les han acabado dando una plaza en un aula UEECO. Un derecho no tiene por qué solaparse con otro y si un niño tiene crisis epiléptica o una parálisis cerebral que le impide valerse por sí mismo, ello no significa que no pueda ejercer su derecho a la Educación en sociedad. No tiene por qué irse apartado o segregado y que le digan que en otro lugar le van a atender muy bien. Es que le deben atender muy bien en cualquier sitio. Después, hay casos de niños que han querido elegir el colegio de su barrio o de sus hermanos y no han podido porque el cupo estaba cubierto. ¿Me están diciendo que si mi hijo no fuera Down entraría, pero como lo es no entra?. Muchas veces, los casos no se hacen públicos y se trata de una realidad bastante invisible que sufren las familias de las personas con discapacidad funcional.
— Celebrará la alta participación de la sociedad pitiusa en la campaña de recogida de firmas que han impulsado
— Eso significa que la gente reacciona y que es empática. Lo valoro de manera positiva, al igual que celebraría que nuestros políticos fueran un poco valientes y se sumaran a la campaña. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Tenemos dos objetivos principales con el contencioso que hemos interpuesto en el caso de Pablo. El primero es que pueda estudiar Jardinería, que pueda elegir. Puede ser algo muy ambicioso y es posible que a él ya no le llegue porque la Justicia es muy lenta. También pretendemos crear jurisprudencia porque no se trabaja solo para Pablo, sino para todos los que, como él, han llegado a ese punto y no han podido dignificar su decisión. Trabajamos además para aquellos que, incluso, ni han nacido porque esto va tan lento que lo hacemos también por quienes no están todavía. Tengo esperanza de que la Justicia sea justa, valga la redundancia, y podamos dar un paso adelante. Si el Tribunal Superior de Justicia de Baleares no lo ve viable, iremos a instancias superiores porque es sangrante, es una clara vulneración de derechos.
— Pide un cambio de actitud
— Un cambio de mirada. Nuestros políticos deberían empezar a mirarnos, no a vernos solamente. Ellos no nos quieren mirar y deben empezar a hacerlo. Les pediría un poco de valentía. Menos políticos de partido y más que trabajen por los ciudadanos.