La modificación del Reglamento de costas aprobada el pasado 2 de agosto tendrá una incidencia muy importante en las islas de Ibiza y Formentera «porque además de tener mucha costa son territorios que viven del turismo y son muy sensibles al uso que se pueda hacer de la costa y de las zonas cercanas».
Así lo aseguró ayer el doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio García Trevijano, durante el acto organizado por la Cámara de Comercio de Ibiza para dar a conocer a los posibles afectados las modificaciones de este texto legislativo, que se calcula que afectaría a alrededor de 800 empresas de las Pitiusas.
García Trevijano reconoció que la legislación estatal de costas «es bastante imprecisa», lo que ha llevado a que los diferentes deslindes que se han llevado a cabo por toda España «no se hayan hecho con la misma intensidad». «Hay algunos bastante suaves», reconoció, «y otros muy agresivos como el de la zona de es Mitjorn de Formentera, donde la línea de deslinde se ha llevado a 500 metros del mar, mientras que en otras zonas la línea va muy cerca de la playa».
El doctor en derecho reconoció que el objetivo de esta modificación reglamentaria «es ampliar el espacio de dominio público», algo que pretenden lograr con afirmaciones como que «todas las dunas se consideran como dominio público», mientras que hasta el momento sólo lo eran aquellas que eran necesarias para la estabilidad de las playas.
En este mismo sentido se expresó el Catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Ramón Fernández Torres, quien indicó que el propio texto legislativo manifiesta que, en unos años, «todas las dunas van a ser necesarias para la estabilidad de las playas», algo que contradicen «todos los expertos».
Fernández Torres subrayó que en numerosos aspectos el nuevo Reglamento de costas es de «dudosa legalidad» y recalcó que, entre otras cosas, el texto redefine el concepto de temporal a la hora de definir los nuevos deslindes, elimina la exclusión del dominio público de los terrenos inundables, introduce «nuevas y mayores dificultades para implantar nuevos usos y construcciones en suelo urbano en dominio público y prohibe a los establecimientos de comida y bebida tener más de una plata y sótano.
El ex notario de Formentera, Javier González Granado, hizo a su vez hincapié en el concepto de temporal que da el nuevo reglamento y recordó que, mientras que en el anterior texto legislativo la línea de deslinde quedaba marcada por la zona máxima que alcanzaba una ola en cinco ocasiones en un plazo de cinco años, «ahora el reglamento dice que hasta donde el mar moja llega el dominio público.
Sólo tiene que llegar una única ola una sola vez», aunque quedan excluidos los tsunamis para marcar este deslinde.
Debido a la afectación que va a tener esta normativa en las islas y que, según los expertos, «va a generar una enorme litigiosidad», ya se ha creado en Ibiza una asociación de afectados que, pese a que hasta el momento no englobaba a mucha gente, los impulsores preveían que tras la reunión informativa de ayer su número crecería exponencialmente. Aixa Torres, presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza reconoció que se creó «de prisa y corriendo». «No todo el mundo que se ha modificado el reglamento de la Ley de Costas», básicamente porque se aprobó el 2 de agosto «y en Ibiza, con la vorágine de la temporada, todas las empresas estamos por y para el turismo y nos ha pillado a todas con el pie cambiado».
Torres relató que, tras conocer el contenido del reglamento, «solicité asesoramiento a la Cámara de Comercio, que nos ha dado a entender el alcance que tendrá esta modificación que nos va a afectar a muchos y en muchos ámbitos».
En este sentido, dijo que tenía unos apartamentos turísticos y un restaurante en primera línea de mar en la zona de Es Viver «con licencia de apertura desde el año 1974, pero no sabemos por qué desde hace dos años la Demarcación de Costas no nos deja instalar la terraza, no concede autorizaciones temporales», aseguró la empresaria.
El plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo 2 de noviembre, y se prevé que se registre un aluvión de reclamaciones.
En cuanto a la posibilidad de que se traspase las competencias en materia de Costas a las comunidades autónomas, los expertos recalcaron que sólo se traspasaría la gestión, y siempre con unos cortapisas muy marcados por parte del Estado. En este sentido el presidente de la asociación de afectados mallorquines señaló que sería peor el remedio que la enfermedad. «En Mallorca están arrasando con todos los negocios de costa», subrayó, además de destacar que no se había hecho ningún informe favorable a las autorizaciones de ocupación temporales solicitadas.
Además, hizo un llamamiento a los empresarios de Formentera «porque el conseller de Medio Ambiente ya ha ido ahí y ha pedido información urbanística de los negocios costeros».