El juzgado de instrucción número 3 de Ibiza ha declarado la apertura de juicio oral contra el expresidente del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, y otros miembros de su equipo de gobierno como Silvia Tur y Sonia Cardona por presuntos delitos de prevaricación, y contra Isidor Torres por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público durante un proceso de contratación de personal de bomberos para el parque insular de Formentera.
Según se desprende del escrito de acusación de Fiscalía, que solicita el sobreseimiento de la causa para Sonia Cardona e Isidor Torres por entender que no queda acreditado que tuvieran una participación directa en los hechos, Ferrer y Tur «decidieron arbitrariamente beneficiar a determinadas personas en un procedimiento de selección de bomberos colaboradores del Consell de Formentera. A tal fin dictaron cuantas resoluciones fueron necesarias, realizaron las gestiones y omitieron los actos a los que venían obligados con infracción de la normativa aplicable y sin justificación alguna».
Requisitos
Relata el documento que los acusados, «sin constituir la mesa de contratación para la determinación de las bases que regirían la selección futura de bomberos colaboradores del Consell de Formentera, publicaron mediante BOIB nº131 de 30 de septiembre de 2011 el reglamento interno del servicio de extinción de incendio y salvamentos del Consell por el que se regulaban los requisitos para cubrir las cinco plazas de bombero colaborador presupuestadas por la propia corporación». En uno de sus artículos se exigía como requisito indispensable de acceso estar en posesión del permiso de conducir C, o conseguirlo en un término máximo de cuatro meses, de igual manera que se exigía «la toma de posesión y/o aceptación formal del cargo una vez realizado el llamamiento para el supuesto de aprobación del proceso selectivo». Las consecuencias del incumplimiento de estos requisitos se traducían en la expulsión del aspirante y llamamiento del siguiente seleccionado de la lista.
Una vez que se dicta el decreto el 2 de noviembre de 2012 por el que se aprobaban las calificaciones provisionales de los siete participantes al proceso «los acusados, de común acuerdo, con absoluto desprecio por las bases establecidas y obviando por completo la normativa que imperaba el proceso selectivo, teniendo el pleno control y dominio del hecho, decidieron efectuar el nombramiento» de tres de los aspirantes «para favorecerlos en la obtención del puesto de trabajo en detrimento de otros participantes. Además decidieron llevar a cabo dicha adjudicación en favor de quienes estaban completamente imposibilitados para el acceso al puesto», pues uno de los elegidos contaba con 19 años de edad y, por tanto estaba incapacitado para poder obtener el permiso de conducción C, el cual exige tener la edad de 21 años, otro no contaba con el permiso de conducción y tampoco lo obtuvo en el plazo exigido por el reglamento y, el último, en octubre de 2012 renunció expresamente al nombramiento que se efectuaría cuatro meses después (enero de 2013).
El inicio
Tras la demanda presentada por uno de los aspirantes excluidos pero que cumplía con los requisitos, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaro nulo los nombramientos en marzo de 2017. El Consell de Formentera recurrió la sentencia, que fue confirmada. El Tribunal Supremo, por su parte, inadmitió el recurso de casación planteada por la administración formenterense.
La Fiscalía solicita a Jaume Ferrer y Sonia Cardona, por un delito continuado de prevaricación administrativa cometida por funcionario público, una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Inhabilitación
Por su parte, la acusación particular considera que Jaume Ferrer, en su condición de presidente de la corporación, es el máximo responsable de la firma de los contratos y nombramientos de los bomberos sin que estos cumplieran los requisitos. Por su parte Sonia Cardona y Silvia Tur tienen responsabilidades en calidad de responsables de recursos humanos y prevención de incendios por delegación de competencias de Presidencia. Asimismo, considera que Isidor Torres es responsable directo y autor de las resoluciones de gerencia que amplían funciones de socorrista a bombero «sin que se cumplan los requisitos ni proceso selectivo alguno, afirmando falsariamente que se cumplen los requisitos en documento oficial emitido en el ejercicio de sus funciones». Por todo ello, solicitan se le impongan las penas a Ferrer, Cardona y Tur de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 años. Para Torres, por su parte, pide inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 9 años por el delito de prevaricación administrativa y una pena de prisión de 3 años, multa de seis meses e inhabilitación especial dos años por el delito de falsedad documental.