Las viviendas vacacionales buscan blindarse ante las multas por las fiestas ilegales

La indefensión a la hora de poder actuar ante una fiesta ilegal y la problemática de los propietarios de las viviendas, a lo que la ley culpa directamente de ser los responsables, centraron ayer la jornada inaugural de la octava edición del Congreso de Viviendas turísticas Vacacionales que dio comienzo ayer en el Centro Cultural de Jesús.

El presidente de la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico de Ibiza (AVAT), Roberto San Esteban, abogó por la implementación de un protocolo que ayude a no responsabilizar a propietarios y comercializadores de estas fiestas irregulares. «Se nos culpa directamente de estas fiestas», aseguró, «y lo que pedimos es que, en el momento en que haya una denuncia, que se chequee mediante los listados del Consell si es una fiesta turística. En caso de que lo sea, que se avise al propietario que ya sabrá por la denuncia si se trata de un tema de ruidos o a una fiesta, y a cuánto puede ascender la demanda».

Esto servirá, explicó San Esteban, para que los propietarios puedan retener el depósito de caución que se suele devolver a los clientes cuando finalizan su estancia «porque, si lo has devuelto, ya no lo tienes para cubrir esa denuncia y, por otro lado, si ha sido una fiesta ilegal, que se pueda denunciar al cliente por haber hecho algo ilegal, para que cuando lleguen las multas un año después , haya una denuncia al verdadero responsable de la fiesta y que a nivel judicial no recaiga sobre titulares y comercializadores».
De cualquier forma, puntualizó que fiestas ilegales como tales, en las que había lucro para los promotores, se han dado dos o tres a lo largo de todo el verano en viviendas turísticas, mientras que «otro tipo de celebraciones como bodas o cumpleaños ha habido más, alrededor de 30 o 40», apostilló.

En la apertura del congreso participó a su vez la directora Insular de Intrusismo del Consell d'Eivissa, Naihara Cardona, que insistió en que las competencias en esta cuestión de las fiestas irregulares era de los ayuntamientos, y que el papel de la máxima institución ha sido «reforzar esta potestad de los ayuntamientos para que puedan sancionar y montar una coordinación con todas las policías locales para facilitarles el trabajo».

Asimismo, recordó que existe el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, lo que dificulta la labor de los cuerpos de seguridad, «pero habría que proteger también el derecho al descanso de los vecinos, y esto no está recogido constitucionalmente. Habría que replantear este concepto de domicilio de la Constitución no para desproteger el derecho a la intimidad, sino para proteger a la gente que no puede descansar por culpa de esta gente».