Muchos consideran a Alfonso Molina el auténtico cerebro de los gobiernos presididos por el socialista Rafa Ruiz. Sin embargo, la verdad oficial es que Molina lleva fuera de las instituciones desde mayo de 2018, cuando decidió dimitir tras estallar el escándalo de los cursos del SOIB en los que se vieron implicadas algunas de sus sociedades. El informe emitido por la conselleria entonces presidida por Iago Negueruela coincidió en el tiempo con la entrada de la Policía Judicial en el Consistorio de la capital ibicenca para recabar información sobre el caso Eivissa Crea.
Hasta entonces, Alfonso Molina era el concejal con más poder en el Gobierno municipal. Primer teniente de alcalde y responsable de Economía y Hacienda, poco importó a Ruiz y a los encargados de confeccionar la lista del PSOE en 2015 que ya estuviera implicado en el escándalo del vivero de empresas. Este programa fue puesto en marcha en 2004, durante la primera legislatura del socialista Xico Tarrés al frente del Consell d'Eivissa y con Lourdes Costa como alcaldesa. El objetivo era estimular la creación de empresas en la ciudad y para ello se contaba con financiación del Govern, del Consell y del propio Ayuntamiento. Con un presupuesto de 1,3 millones de euros, Eivissa Crea echaba a andar y, a la vez, las sociedades de Alfonso Molina comenzaban a prosperar, según las investigaciones judiciales.
Una denuncia anónima
Una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía activó el apartado judicial de este caso y llevó a la imputación de Molina. El juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza acordó el archivo de la causa en 2014. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó su reapertura un año más tarde, con Molina ya dentro del Gobierno municipal. La sala consideró que no se habían practicado todas las pesquisas necesarias, destacando la falta de un informe policial solicitado por la Fiscalía y que no se había llegado a elaborar. Es en abril de 2018 cuando los agentes desembarcaron en el Consistorio con el fin de recabar la información requerida. Desde entonces, nada se ha vuelto a saber del caso y menos aún de la situación judicial de Molina.
En cuanto al caso de los cursos del SOIB, una investigación de la propia conselleria sacó a la luz cómo el socialista se había beneficiado de forma fraudulenta de estas subvenciones para la formación de parados y trabajadores. Este informe justificaba que Molina debía devolver a las arcas públicas 27.000 euros y plasmaba sobre el papel el entramado de sociedades con el que operaba el socialista con la excusa de la formación subvencionada. Este informe fue un auténtico terremoto que logró que por primera y única vez el alcalde de Ibiza mostrara su rechazo a los socialistas del Govern.
En la actualidad, y desde 2020, Molina es delegado de Citelum en Ibiza. Esta empresa es la adjudicataria del servicio de alumbrado público municipal. Como responsable de Economía y Hacienda, Molina logró un acuerdo con la compañía para resolver extrajudicialmente el contencioso que esta mantenía con el Consistorio, al que reclamaba 4,6 millones de euros, según recogieron en su día diversos medios de comunicación. La reclamación se saldó finalmente con 2,8 millones de euros. Que Molina acabara siendo delegado de Citelum a principios de 2020 llevó a un ciudadano anónimo a presentar una denuncia ante la Oficina Anticorrupción de Baleares, cuya resolución también se desconoce.