Cinco de los 16 pisos que el Govern ha expropiado a bancos y fondos buitre en cuatro años se encuentran en la isla de Ibiza, según ha confirmado este lunes la Conselleria de Movilidad y Vivienda del Ejecutivo balear.
Estas expropiaciones, una de las medidas más promocionadas en la Ley de Vivienda de Baleares, están teniendo pocos efectos reales a la vista de las estadísticas que maneja la Conselleria que dirige el ibicenco Josep Marí Ribas Agustinet.
El Govern solo ha conseguido estos 16 pisos mediante esta vía en los cuatro años que lleva en vigor la ley, según detalló el conseller Josep Marí en la comparecencia de presentación de los Presupuestos para el año que viene.
El conseller reconoció que ha habido problemas y que el Govern ha hecho «lo que ha podido», aunque anunció que se seguirá aplicando la ley que permite la expropiación.
Para poder expropiar, las viviendas deben estar inscritas en un registro en el que ahora hay unas 700 propiedades. Sin embargo, a la hora de examinar esos pisos, muchos de ellos no presentan las condiciones de habitabilidad para ser expropiados.
Proceso complejo
A partir de ahí, el conseller detalló que el proceso es complejo porque debe acreditarse que las viviendas llevan más de dos años vacías y, cuando se entra al detalle, «muchas de ellas tienen contratos». «Se hizo lo que se pudo y seguiremos haciéndolo porque la ley se seguirá aplicando», manifestó Agustinet.
Mucho más efectiva está siendo la aplicación del derecho de tanteo y retracto sobre las VPO que se venden entre particulares. Cuando se vende uno de estos pisos, el Govern tiene el derecho preferente de compra y así lo ha ejercido en 104 pisos que ya forman parte del parque público de vivienda.
Con la nueva ley, los pisos construidos con ayudas públicas tendrán siempre la calificación de VPO y se evitará con ello que gente que adquirió una vivienda con ayudas públicas después especule y haga negocio con la compra de esta vivienda. El Govern ha reservado una partida de 4,3 millones de euros en los Presupuestos para compras.
De hecho, en la anterior legislatura, el Ejecutivo dejó de tener el control de 5.484 viviendas protegidas porque se cumplieron los 30 años que marca la ley para que sus propietarios puedan venderlas o alquilarlas al precio que más les convenga. El plazo finalizó y pasaron al mercado libre, algo que ya no sucederá con las que se construyan con la nueva ley en vigor.
El apunte
Más construcción
Además de la compra de pisos que se venden entre particulares o entre fondos buitre, el Govern ha aumentado el parque de vivienda con la construcción de nuevos pisos. El conseller detalló que se han entregado 204 pisos de obra nueva y otras 551 viviendas están en construcción, por lo que, a las cerca de 1.800 viviendas que tenía en propiedad, el Ibavi ahora sumará más de 700. Según el conseller, entre compras y obras nuevas, el Ibavi gestionará un parque público de 2.562 viviendas el año que viene.