La Dirección General de Transporte Marítimo del Govern balear ha abierto en 2022 un total de 101 expedientes por infracciones en el alquiler de embarcaciones de recreo, y ya ha impuesto multas por valor de 39.580 euros en 44 procesos concluidos.
Según informa la Conselleria de Movilidad y Vivienda, la cifra de expedientes sube un 48,5 por ciento respecto a 2021, cuando se tramitaron 68.
La mayoría de casos se deben a actividades sin declaración responsable o autorización o al hecho de no llevar a bordo copia de la misma.
La realización de la actividad sin haber realizado la correspondiente declaración responsable o sin autorización, sin cumplir los requisitos legales o reglamentarios, es una infracción considerada grave, y ha motivado la apertura de 51 expedientes a lo largo de 2022.
Por otro lado, no llevar a bordo copia de la declaración responsable o autorización, o no mostrarla al funcionario inspector o autoridad que la solicite, es una infracción leve y ha motivado la apertura de 50 expedientes en el año 2022.
El 44,5% de los expedientes incoados corresponden a Menorca, el 25,7% a Mallorca, 15,8% a Ibiza, el 11,9% a Formentera y casi un 2% a Cabrera.
Campaña de inspecciones
Durante 2022, la Dirección General de Transporte Marítimo realizó por segundo año consecutivo una campaña de inspecciones de embarcaciones para controlar irregularidades en el chárter náutico.
En esta campaña participaron técnicos de la Dirección General de Transporte Marítimo con la colaboración del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, agentes de la Unidad Regional Aeronaval de Vigilancia Aduanera de Baleares y de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio.
Se llevaron a cabo inspecciones durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre en Palma, Alcúdia, Colonia de Sant Jordi, Sóller, Andratx, Ciutadella, Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Formentera.
Se inspeccionaron 72 barcos y embarcaciones y se levantaron 89 denuncias por posibles infracciones administrativas de la normativa autonómica -tanto de la normativa competencia de la Dirección General de Transporte Marítimo, como del resto de competencias del Govern balear.