«Seguiremos intentando cumplir la voluntad de Sant Josep de que los terrenos que el Govern ha declarado como rústicos continúen siendo urbanos». De esta forma se manifestó ayer el conseller insular de Territorio de Ibiza, Mariano Juan, tras el varapalo que ha supuesto para el Consistorio josepí el Decreto del Govern balear por el que se declara como terrenos rústicos todas aquellas Unidades de Actuación que hasta la fecha eran prácticamente urbanas pero a las que faltaba algún elemento de urbanización para ser plenamente urbanas.
Un decreto que, en la isla de Ibiza, únicamente afectaría a los municipios de Sant Josep y Sant Antoni, ya que los de Sant Joan y Santa Eulària tienen unos planeamientos urbanísticos modernos donde ya están regularizados este tipo de suelos mientras que para el municipio de Vila el Govern balear hizo un artículo específico para que no se viera afectado. «Sant Antoni en principio ya reguló mediante una modificación puntual de su planeamiento las tres unidades de actuación que se podrían ver afectadas, por lo que entiendo que el decreto ya no le afecta», expresó Juan, quien indicó que Sant Josep sí que se verá muy afectado, especialmente en lo referente a la aprobación de las Normas Subsidiarias provisionales que había pactado con el Consell insular y que estaban en trámite de aprobación.
Los cambios
«En principio en el análisis que se hizo para las normas subsidiarias se determinó que había ocho unidades de actuación que cumplían las características de urbanos no consolidados, de las que Porroig es la más importante, y que se quería que siguieran siendo urbanas», manifestó el conseller de Territorio. «Ahora no podemos decir que son urbanas no consolidadas que queremos que sigan manteniéndose así. Ahora son rústicas, y el hecho de que sean rústicas desde el 1 de enero hace que, para que sean urbanas no consolidadas como nos ha pedido Sant Josep, haya que justificar desde el punto medioambiental que pasen de rústicos a urbanos. Es un cambio cualitativo importante».
Esto va a exigir una serie de trámites e informes, especialmente de la Conselleria balear de Medio Ambiente, «que puede entender que se trata de un nuevo crecimiento al pasar de rústico a urbano no consolidado aunque los terrenos siempre hayan sido urbanos no consolidados y tengan más de urbanos que de rústicos». Esto supone que tanto el Consell como el Ayuntamiento de Sant Josep tendrán que analizar más el proyecto de Normas Subsidiarias, tendrán que justificarlo mucho más, se retrasará su aprobación «y puede que las bloqueen en Mallorca cuando se envíen a Medio Ambiente. Esta es la inseguridad jurídica que provocan los decretos Ley que no se consultan con nadie», sentenció Mariano Juan.
Y es que el conseller de Territorio y vicepresidente del Consell insular criticó duramente la forma de hacer urbanismo vía decreto del Govern balear, sin tener conocimiento de la realidad de cada municipio de las islas y sin consultar con nadie. «Es una vergüenza que se haga urbanismo por decreto ley, y más cuando se trata de una competencia de los ayuntamientos», que ya cuentan con unos trámites ordinarios en los que se da audiencia a todas las partes interesadas, hay una exposición pública y se pueden presentar alegaciones al texto. También puso de manifiesto la inseguridad jurídica que supone para los propietarios de una vivienda en una de estas unidades de actuación que, de un día para otro, han pasado de ser urbanas a rústicas con la pérdida de valor del terreno que eso supone, además de que las viviendas podían estar cumpliendo la legalidad en suelo urbano, pero quedar fuera de la ley al haber pasado a rústico.
Desde el Ayuntamiento de Sant Josep, por su parte, explicaron ayer que los servicios de Urbanismo se encuentran todavía analizando técnicamente qué afectación tendrá en el municipio y en las normas subsidiarias provisionales pactadas con el Consell d'Eivissa este decreto del Govern balear. Una vez que lo hagan, «habrá que hacer una puesta en común con la máxima institución insular para valorar el alcance de la cuestión».
Sant Antoni
Por otro lado, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, afirmó que este decreto del Govern balear «no va a afectar para nada a su municipio» porque «nosotros hicimos nuestro trabajo en su momento». En este sentido, ha recordado que en el año 2020 el Govern balear aprobó un decreto que obligaba a las zonas urbanizables que no estuvieran consolidadas y no cumplieran con una serie de requisitos a pasar a ser suelo rústico.
Aunque estas competencias recaen sobre el Consell, pero que «por falta de tiempo» no pudo llevar adelante dichas modificaciones, el Consistorio se vio obligado a realizarlas en el último momento, un día antes de que expirara el plazo previsto por el ejecutivo autonómico. Para ello, el Ayuntamiento celebró en el mes de diciembre de 2021 un pleno extraordinario con el fin de realizar tres modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico para mantener como tales tres áreas de suelo urbano: la bahía de Sant Antoni, el Bosc d'en Frit y la zona norte de sa Talaia. «Estas modificaciones se acabaron aprobando definitivamente sin alegaciones ni impugnaciones por parte de nadie, incluido el Govern», afirmó Serra, «por lo tanto nosotros lo damos por bueno por lo que el decreto aprobado no nos afecta», concluyó.