Mariano Juan Colomar (Santa Eulària, 1982) es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, cursó un máster en derecho público, urbanismo y medio ambiente por la Universidad Pompeu Fabra, ha sido concejal de Urbanismo de Santa Eulària durante 8 años y asesor jurídico durante trece años de un ayuntamiento barcelonés. Le encanta viajar, aficionado a la cocina de dulces, se define como un hombre muy familiar y en su faceta más íntima se esconde un amante del Señor de los Anillos. Al no poder hacerlo en Hobbiton, Rivendell o Isengard, desde 2019 ejerce en Ibiza de conseller de territorio, infraestructuras viarias y lucha contra el intrusismo bajo el poder del anillo de Vicent Marí. Juan llega a la entrevista con la confianza propia de alguien que domina sobradamente la materia sobre la que va a ser preguntado. Su bagaje como abogado urbanista le permite rebatir a cualquier adversario político y responder con solvencia a todas las preguntas.
—¿Han aprobado la modificación número 2 del PTI?, ¿Qué trámite le queda hasta que entre en vigor?
—Una vez aprobado el texto, queda enviarlo a Costas y a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). Una vez tengamos sus informes, procedería la aprobación inicial, se abriría un nuevo plazo de alegaciones, se seguiría con el trámite ambiental en Mallorca y, finalmente, la aprobación definitiva. No nos podemos comprometer a ningún plazo porque todo depende de informes externos, pero debería entrar en vigor a finales de año.
—¿Da por cumplida la promesa electoral de Vicent Marí de derogar la modificación aprobada por el anterior gobierno?
—La derogación de dicha modificación devino imposible en el momento en el que el anterior equipo de gobierno aprobó a pocos días antes de las elecciones el texto definitivo de la norma. Lo que estamos haciendo ahora, precisamente, es modificar el PTI. Existen dos procedimientos: la modificación y la revisión. Ahora hemos aprobado una modificación que resuelve muchos temas pequeños de la gente del campo.
—¿Qué medida le hubiera gustado aprobar que no ha sido incluida?
—Me habría gustado hablar del volumen de las casas, es algo que el Colegio de Arquitectos nos pide, no para construir más, sino para poder mover las volumetrías y ajustarse al juego que hacen las casas payesas. El límite de 900m3 provoca que no puedan trabajar con cierta libertad y las casas acaben pareciendo casas urbanas, lo cual genera un problema a nivel paisajístico. Es algo que se podría haber incluido, pero esto complicaría mucho los trámites ante Medio Ambiente. Dejaremos este debate para la futura revisión del PTI.
—¿Por qué se decidió que el silencio administrativo sea negativo en cuanto a los pronunciamientos de patrimonio en el Reglamento de Simplificación Administrativa?
—La primera apuesta que hicimos fue abogar por el silencio positivo, dado que existía una normativa a nivel balear que complicaba mucho los trámites a los particulares que debían hacer unas prospecciones arqueológicas. Pero recibimos alegaciones en contra por parte del Govern Balear, de la UIB y de los arqueólogos. Alegaban que se contravenía el espíritu de la Ley de Patrimonio, dado que en ella se habla de autorización expresa. Entendimos su postura y finalmente renunciamos a ese silencio positivo, aunque simplificamos la documentación para abaratar costes y redujimos el plazo a la mitad.
—¿Cómo queda el nuevo régimen de segregaciones?
—El PTI del anterior equipo de gobierno sólo permitía que un hijo se pudiera construir una vivienda en una finca segregada y dada por sus padres. Aunque tampoco era así, dado que el Govern Balear aprobó una Ley Agraria que, de facto, declaraba inedificable todo el suelo rústico común, calificándolo como Zona de Alto Valor Agrario. Eso fue lo que nos encontramos y lo que aún está en vigor. Con esta modificación lo que hacemos es ajustarnos muchísimo más a la realidad familiar ibicenca. Permitimos que no sólo los hijos se puedan construir una vivienda en la parcela que le den sus padres, sino que también puedan hacerlo sobrinos, nietos y hermanos. Esta realidad está muy lejos de la especulación, se trata de que las familias se puedan repartir sus fincas. Lo que sucede ahora es que al poner tantas trabas para la división de las fincas, éstas se están vendiendo enteras a extranjeros y a grandes inversores. Queremos evitar esta situación y que el patrimonio siga en manos de las familias.
—¿Cuánto se tarda de media en la actualidad para obtener una licencia de segregación?
—Actualmente se obliga a demoler o legalizar las construcciones fuera de ordenación que existen sobre toda la finca, lo cual complica muchísimo el trámite. El expediente de segregación debería ser algo bastante sencillo: cumplir metros y otorgar licencia en pocos meses. Ahora se tarda entre un año y un año y medio porque indirectamente se obliga a hacer otros procedimientos respecto a las construcciones existentes. Con esta modificación ponemos fin y se podrá segregar siempre que las infracciones urbanísticas de las edificaciones que estén fuera de ordenación hayan prescrito.
—¿De qué manera facilitará el aparcamiento público esta norma?
—Es algo que nos pidieron tanto los ciudadanos como los ayuntamientos. Las áreas de transición, aquellas que lindan con las zonas urbanas, son declaradas zonas de desarrollo prioritario de energías fotovoltaicas, lo cual permite instalar parques fotovoltaicos sin tramitaciones farragosas alrededor del suelo urbano. También se podrán utilizar como aparcamientos, pero con medidas de seguridad. Es una medida que va a dar salida a la creación de muchos aparcamientos. También facilitamos la concesión de licencias municipales para parkings en suelo rústico en las playas, sin necesidad de segregar.
—¿Esta nueva modificación va a aumentar, como dice el PSOE, o a reducir el número de plazas turísticas en suelo rústico?
—Es evidente que va a reducir la presión turística de golpe. Actualmente está permitido que toda construcción con más de cinco años pueda dedicarse al alquiler turístico, salvo en zonas protegidas. Nosotros acabamos con esta situación y todas las viviendas posteriores al año 1956 no se podrán dedicar al alquiler turístico y sólo se podrán dedicar a uso residencial. Somos la primera isla que ha adoptado esta medida. De las 13.000 viviendas que existen en el suelo rústico de Ibiza, unas 1.200 son anteriores al 1956. Con lo cual, sacamos del mercado turístico a casi doce mil viviendas más todas las que se puedan construir en el futuro. Las que sí podrán destinarse a uso turístico sólo podrán alquilar tres habitaciones durante 60 días, siempre que el propietario resida en la vivienda, restaure los elementos patrimoniales de la finca o tenga más de 40.000m2 cultivados. Es un producto turístico residual, pero es muy interesante para que nuestros visitantes conozcan la Ibiza más auténtica.
—¿Una vez finalice la moratoria para la adquisición de nuevas plazas turísticas, el Consell tiene previsto aumentar el número o cree que Ibiza ya ha cumplido su cupo de oferta legal?
—Ibiza no tiene que aumentar el número de plazas. Es más, de forma natural y sin prohibiciones como hace el Govern balear vía decreto, se han reducido 9.000 plazas turísticas. El sector turístico se ha modernizado, se han ampliado habitaciones y por ello se han reducido plazas. Si de forma natural Ibiza ya está decreciendo a nivel de oferta turística legal, el mercado ya nos está indicando que no tenemos que crear más plazas, en todo caso, a mantenerlas o reducirlas.
—¿En qué se beneficiarán los payeses profesionales de esta modificación del PTI?
—Los payeses tienen que ser los grandes mimados del Consell Insular porque son los jardineros de nuestro campo. Mimarlos no significa que sólo puedan vivir de subvenciones, sino dándoles facilidades urbanísticas para que puedan llevar a cabo su actividad sin trabas. En este PTI hemos reducido trámites en la Ciotupha para el desarrollo actividades agrarias complementarias. Hasta ahora, el payés podía vender su producto en su finca, pero no lo podía transformar (trocearlo, hacer mermelada, hierbas ibicencas, etc), esto es indecente. También quedará claro que las construcciones agrarias dadas de alta como tal no computarán a efectos urbanísticos ni tampoco hará falta integrar paisajísticamente de una manera estricta las infraestructuras agrarias.
—¿Qué sentido tiene que un suelo no protegido como el SRC-Forestal sea inedificable y en un suelo protegido como ARIP se pueda construir, siempre que esté fuera de una APR de Incendios?
—Son de esas incoherencias que el dogmatismo nos trae. Siempre se ha dicho que el forestal hay que protegerlo como si fuera un suelo protegido, cuando en realidad esta categoría sólo existe en Ibiza, no está en la Ley. El anterior gobierno presumió que construir una vivienda en este suelo provocaría incendios, en lugar de proponer medidas de gestión forestal. Esta medida vino impuesta por la Comisión Balear de Medio Ambiente. Hay que ser realistas: mover esta condición va a ser imposible al venir de Mallorca.
—¿Esta modificación del PTI nace del consenso entre el Consell, arquitectos, propietarios, ecologistas, etc. ¿Esperaba el apoyo del PSOE ‘Agustinet'?
—Francamente, no. En la tramitación del Reglamento de Simplificación Administrativa estaba convencido de que el PSOE lo apoyaría por los comentarios en privado que me hacían, pero el carnet pesó más. Tuvimos una reunión con ellos hace más de un año en la que expusimos los temas de la modificación del PTI para que hicieran aportaciones como todas las asociaciones y colectivos que han participado en la elaboración de la norma. El PSOE no hizo ni una sola propuesta e incluso hicieron una rueda de prensa para criticar la modificación sin conocer si quiera el texto. No hemos recibido ninguna aportación ni por parte de ningún grupo del Consell ni por parte de ningún ayuntamiento.
—¿Qué argumento se esconde detrás de no poder computar ANEI (Área Natural de Especial Interés) en parcelas con varias categorías de suelo rústico?
—La voluntad de expropiar sin pagar. Se puede discutir que una vivienda en ANEI no se pueda ampliar o que una persona con una finca de 200.000m2 pueda hacer una casa para su hijo. Pero lo que no entiendo es que esos metros no sirvan incluso ubicando la vivienda fuera del ANEI. Es absurdo. Desafortunadamente, no lo podemos tocar en el PTI, sino que es necesario modificarlo por Ley.
—¿Tiene previsto elaborar un nuevo diagnóstico y, con ello, una revisión integral del PTI?
—Sí, tenemos hecho un diagnóstico de la anterior legislatura con estadísticas de fuentes poco fiables y, además, lo consideramos incompleto. Era suicida hacer una revisión del PTI sin haber tendido puentes como hemos hecho con el Reglamento de Simplificación y con esta modificación del PTI. Ahora estamos en condiciones de poder elaborar una norma consensuada.
—¿Hay suficiencia de recursos hídricos y margen de crecimiento demográfico en el suelo rústico de Ibiza?
—Las desaladoras nos marcan el techo en materia de crecimiento demográfico. Esta es una competencia del Govern Balear. Es esencial poner medidas de reutilización de aguas. Por ello, este PTI incluye una medida novedosa consistente en que toda nueva construcción en rústico o en urbano deberá tener un sistema de reutilización de aguas grises, aguas no contaminadas. Es decir, aplicar a las casas lo que ya hacen los hoteles. No puede ser que dos terceras partes de los recursos hídricos de Baleares se echen al mar y que más de la mitad de las aguas depuradas en Ibiza salgan con fecales al mar. Con ese panorama, ¿cómo nos vamos a plantear crecer más?
—¿Qué le pediría al Parlament resultante de las próximas elecciones en materia de urbanismo y ordenación del territorio?
—Simplificación administrativa. Tenemos una Ley de Urbanismo (LUIB) reglamentista, cada vez las leyes son más largas. Es infumable la diarrea legislativa en la que nos han inmerso. Pediría podar, simplificar y acortar Leyes y procedimientos. También pediría autonomía a los consells para ordenar su propio territorio. Abandonemos la tutela del Govern Balear sobre los consells. Somos administraciones diferentes con competencias diferentes. Ya está bien de hacer decretazos sin debate, sin informes y sin participación en materia urbanística y turística.
—Si Marga Prohens es presidenta del Govern Balear y le propone asumir la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente, ¿aceptará y dejará el Consell?
—Es un debate que no está encima de la mesa. Yo siempre aceptaré los sitios en los que se considere que puedo beneficiar más a Ibiza. Mi futuro está ligado a Vicent Marí y no creo que eso vaya a cambiar.
—Si se queda en Ibiza, ¿qué le pedirá al nuevo conseller balear de Territorio?
—Le pediré una nueva Ley de Urbanismo que agilice licencias, que permita a los consells elaborar reglamentos más fácilmente y que facilite el trámite de aprobación de planeamientos por parte de los ayuntamientos.