El Ayuntamiento de Sant Josep ha denegado a la sociedad Inversiones Rapa Nui, del magnate Vladislav Doronin y propietaria de la mansión ubicada en Platges de Compte, la licencia para demoler motu propio las obras ilegales e ilegalizables ejecutadas en la mansión y por las que el Consistorio abrió un expediente de disciplina urbanística y otro sancionador.
Según han explicado fuentes municipales, se ha denegado el permiso de demolición porque «se considera por parte de los servicios municipales que no restablece la legalidad urbanística vulnerada». Por lo tanto, el Ayuntamiento josepí continuará con el trámite de ejecución forzosa de estas obras de demolición y adecuación a la legalidad previa a las obras ilegales acometidas.
El Consistorio ya ha notificado su decisión a la sociedad Inversiones Rapa Nui, por lo que va a proceder a licitar los trabajos de demolición de manera subsidiaria.Hay que recordar que la propiedad de la mansión fue multada a su vez con algo más de un millón de euros por estas infracciones.
Según consta en la sentencia 00414/2020 de la sala de lo contencioso administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la propiedad de la mansión pretendía la legalización de una serie de construcciones ejecutadas sobre la servidumbre de protección de la Ley de Costas «careciendo de licencia alguna, además de haberse excedido con creces de la licencia de obra menor» otorgada en 2013. Dicha licencia se solicitó para la realización de trabajos interiores, revestimientos y pavimentos.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año el Consell d'Eivissa remitió un requerimiento de información al Ayuntamiento josepí ya que, tras una inspección, habían detectado que se estaban realizando obras de reforma integral sobre la vivienda existente que afectaban a la estructura del inmueble, y otra serie de obras que requerían de maquinaria pesada en el exterior, tales como el levantamiento de estructuras de hormigón de nueva planta y trabajos de excavación.
Ante este requerimiento, el celador municipal procedió a visitar la propiedad y detectó que se estaban haciendo obras en todo el inmueble, concretamente «el cambio de instalaciones, cambio de tierra, impermeabilizaciones, saneamiento de vigas y revestimientos, movimientos de tierras en la zona de acceso a la finca con anulación de la fosa séptica, así como la construcción de una pasarela y una terraza de madera, ambas elevadas».
En julio de 2014 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente elaboraron un informe-denuncia detallando una serie de obras que se habían ejecutado sobre terreno forestal, en suelo rústico protegido en área de especial interés de alto nivel de protección, consistentes en un jacuzzi de obra cementada, una pérgola de madera sobre base de hormigón, ajardinamiento de zona forestal y aporte de áridos, construcción de una edificación bajo tierra, ampliación del volumen sobre edificación preexistente, ampliación de piscina y la eliminación de cubierta vegetal.
La propiedad presentó un proyecto de legalización de los trabajos realizados fuera del ámbito de la obra menor, que fue denegado por la Junta de Gobierno Local que meses después, ya en enero de 2015, resolvió ordenar a la propiedad la restauración de la legalidad mediante la reposición de los terrenos a su estado original.
Desde esa fecha la sociedad Inversiones Rapa Nui fue presentando recursos de apelación contra las decisiones adoptadas por el Consistorio, que finalmente fueron ratificadas en su totalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.