El Ministerio de Interior, dirigido por el socialista Fernando Grande-Marlaska, no está dispuesto a asumir el fracaso del proyecto de construcción de 120 viviendas de protección oficial en el solar de la antigua comisaría de Ibiza. Tanto es así que, según ha explicado el vicepresidente primero del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, el ministerio ya ha contactado con la institución insular para retomar las negociaciones.
El gesto se produce tras indicar en una respuesta al diputado del PP Miquel Jerez que Interior ya había hecho la parte acordada en el protocolo firmado en 2019 entre el Estado, el Govern balear, el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza. Un protocolo que caducó ayer y mediante el cual el Ministerio del Interior se comprometía a ceder el solar al Ibavi para que este organismo levantara las viviendas, distribuidas en cuatro bloques. Uno de ellos, el más cercano a la actual Comisaría de la Policía Nacional, quedaría en manos de Interior para ponerlo a disposición de sus funcionarios en la isla. Los tres restantes serían gestionados por la Conselleria balear de Vivienda, dirigida por el socialista Josep Marí Ribas Agustinet. El Consell, por su parte, se comprometía a adquirir un número indeterminado de pisos en función de sus disponibilidades económicas.
En la misma respuesta, el ministerio señalaba a las otras «administraciones» como responsables del fracaso. Sin embargo, la única que realmente tenía que intervenir en esta fase del proyecto era la conselleria dirigida por Marí Ribas Agustinet, que lleva desde 2021 acusando a Interior de haber variado su idea inicial y al Consell de no aportar la financiación económica para sacarlo adelante. Y ello a pesar de que, en otra respuesta del ministerio al diputado Jerez, se denunciaba que Interior había intentado en varias ocasiones entre 2019 y 2020 contactar tanto con el Ibavi como con la Conselleria autonómica de Vivienda para activar el proyecto. Nadie respondió a sus requerimientos.
El ministerio contactó hace unos días con el Consell d'Eivissa para anunciar que «enviará una propuesta para firmar otro protocolo». «Es importante entender», precisó Mariano Juan, «que un protocolo no es más que un documento de intenciones políticas por el cual quien lo firma no adquiere ningún tipo de compromiso legal. No es más que una intención que luego puede o no cumplirse». En el caso del solar de la antigua comisaría, se han firmado dos protocolos. Uno en 2017 y el otro en 2019. Por parte del Consell d'Eivissa, en ambos casos fue el expresidente socialista Vicent Torres quien rubricó el acuerdo.
Juan recordó que «el Govern y el Ministerio de Interior no han tenido la más mínima intención de cumplir el protocolo» de 2019. Y, además, «han intentado echar la culpa al Consell, cuando el protocolo era bien claro, es decir, el ministerio cede el solar, el Govern construye con cargo a sus presupuestos y el Consell compra pisos para sus servicios sociales». «En todo momento hemos dicho, por activa y por pasiva, que nuestra intención es cumplir el protocolo», aseveró el vicepresidente insular, «y ya advertimos en varias ocasiones de que esto que está pasando, que ni el Govern ni el ministerio se iban a poner de acuerdo, iba a suceder».
Ante la oferta de Interior de firmar un nuevo protocolo, la postura del Consell es clara: «A estas alturas, no podemos conformarnos con un protocolo a tres bandas cuando se ha visto que hay dos partes que no están dispuestas a cumplirlo».
Ante esta situación, Mariano Juan señaló que la institución insular «exige un convenio» que establezca «la obligación legal a todas las partes y el compromiso firme de cumplirlo». «Estamos perdiendo una oportunidad de dotar a la isla de una plantilla estable de funcionarios del Estado», concluyó el vicepresidente del Consell, «a estos funcionarios hay que facilitarles recursos habitaciones. Y, sobre todo, impulsar el plus de insularidad que haga de Ibiza un destino atractivo para los funcionarios».
El apunte
«Lo que queremos son hechos»
El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, exigió ayer al Ministerio del Interior y al Govern que se comprometan a desbloquear la construcción de las viviendas previstas en el solar ubicado junto a la comisaría.
Desde la institución exigieron que Ministerio y Govern «dejen de pedir la firma de un protocolo que no sirve para nada». Marí reiteró que es «necesario» firmar un convenio a tres bandas que fije las obligaciones de las administraciones implicadas y consideró que un protocolo «no es más que un documento de intenciones políticas por el cual, quien lo firma, no adquiere ningún compromiso legal». «No es más que una intención que después puede o no cumplirse. Lo que queremos son hechos», según precisó.