La jueza Martina Mora Torrens, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha citado a declarar a Rafael Ruiz González (alcalde de Eivissa), al empresario Jesús Díaz Barreiros, a José Llorca Ortega (presidente de Puertos del Estado durante la época de Mariano Rajoy), a Álvaro Sánchez Manzanares (secretario general de Puertos del Estado) y a José Antonio Morillo Velarde del Peso (jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado) dentro de la investigación del ‘caso Puertos', según una información de Eldiario.es.
Dicho medio adelanta que la jueza pide a través de un auto a la Fiscalía y a las acusaciones personadas en el ‘caso Puertos' que, en un plazo de cinco días, comuniquen si todas las personas citadas deberían prestar declaración en calidad de testigos o de imputados.
Sobre Rafael Ruiz, la jueza afirma que «las actas del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) relacionadas con la adjudicación investigada constan intervenciones relevantes de Rafael Ruiz González como miembro del Consejo de Administración, así como comunicaciones del mismo con el investigado Joan Gual de Torrella Guasp en relación a los hechos investigados», informa Eldiario.es
En concreto, Martina Mora considera que, teniendo en cuenta las evidencias del caso, las declaraciones realizadas hasta el momento durante la instrucción y los documentos disponibles, es conveniente tomarles declaración. «Son personas que han tenido intervención en hechos relevantes para la presente investigación», comenta dicho auto.
Rafa Ruiz se pronunció en junio del pasado año por primera vez sobre el llamado ‘caso Puertos', que investiga un juzgado de Palma y que se basaría en presuntos amaños para favorecer que determinadas dársenas de Baleares dependientes de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se adjudicaran a unas empresas y no a otras. Entre los investigados, se encuentran el expresidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, así como el exconseller de Interior, el ibicenco Josep Maria Costa, hermano de la portavoz del PSIB en el Parlament, Pilar Costa, que también formó parte del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària mientras fue consellera.
En el caso de la dársena ibicenca, y según una investigación de la Guardia Civil, la Autoridad Portuaria habría intentado amañar el concurso de adjudicación de la concesión para evitar que una empresa madrileña, Doce Millas, se hiciera con ésta. Y es en este caso en el que Ruiz podría estar implicado, según las conversaciones destapadas por El Mundo y que mantuvieron en mayo de 2020 Gual de Torrella y el alcalde de Ibiza.
Algunos tendrían que conocer la deferencia entre un Puerto deportivo y un Club náutico. Entiendo que, en el pliego de condiciones de la autoridad portuaria, deberían de haber puntuado con mayor puntuación estas señas. Desde siempre la apb esta actuado mas como una empresa privada necesitada del dinero de Ibiza que como una empresa publica que vela por las empresas ibicencas. Pueden informarse hablando con delegados del sector pesquero o de las náuticas.