Propósitos y buenas intenciones pero pocas o ninguna medida concreta que venga a tranquilizar a los guardias civiles y policías nacionales destinados en Ibiza. Así se puede resumir la primera visita oficial a Ibiza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Estamos trabajando» fue el recurso repetido por el ministro al ser preguntado sobre el problema habitacional que sufren los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Idéntica coletilla al ser cuestionado por la actualización de la indemnización por insularidad.
Grande-Marlaska aterrizó a primera hora del día en Ibiza para cumplir prácticamente al minuto con la agenda marcada. Primera parada: comisaría de la Policía Nacional. En el acceso le esperaban un grupo de la plataforma ‘Insularidad digna' y representantes del sindicato Jupol. Los concentrados enviaron sus reclamaciones al ministro con tres pancartas, una de ellas colgada en la pasarela que cruza la avenida de la Paz.
En esta primera parada el ministro recorrió las instalaciones acompañado por la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, el director insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, Enrique Sánchez, el comisario de Ibiza, Manuel Hernández, y el jefe superior de Policía de las Baleares y excomisario de Ibiza, José Luis Santafé.
Tras visitar la comisaría de la Policía Nacional y mantener un encuentro con los mandos policiales, la comitiva se dirigió al puerto de Ibiza para embarcarse en la patrullera Río Segre de la Guardia Civil.
Buscando medidas
En este punto y antes de zarpar para realizar un recorrido por el canal entre Ibiza y Formentera, el ministro atendió a los medios en la que era su primera visita oficial a la isla. Grande-Marlaska subrayó conocer la realidad de la isla y añadió que la visita tenía por objeto «tomar el pulso directo con los mandos, hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Hoy es un día para tener un conocimiento directo de la situación en las Islas», apuntó Marlaska, quien remarcó que las Baleares «es una autonomía con una importancia decisiva en el turismo y es muy importante la seguridad».
Preguntado por el grave problema habitacional y el hecho de que agentes de la Guardia Civil tengan que vivir en caravanas, el ministro argumentó que «estamos trabajando. El problema de la vivienda no solo afecta a policías y guardias civiles, es extensible a otros funcionarios. Estamos buscando medidas de carácter más estructurales y seguimos trabajando en el protocolo de viviendas firmado con Govern, Consell d'Eivissa y Vila». En este sentido indicó que dentro de tres semanas vendrá personal del ministerio para seguir tratando este protocolo y los recursos habitacionales en la isla. Indicó que Interior está buscando respuestas «definitivas y permanentes» para dar solución a la problemática habitacional de los agentes destinados a Ibiza. Así, advirtió que están dando «soluciones necesarias y precisas» para evitar que los agentes de la Guardia Civil tengan que pernoctar en vehículos debido a la falta de vivienda.
El titular del Interior argumentó que se están buscando medidas de carácter «más estructural», que sean de «estabilidad» para que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a Ibiza puedan acceder a una vivienda con carácter «permanente, no coyuntural».
También señaló que se está trabajando con los hoteleros de la isla, así como con los ayuntamientos de Sant Antoni y Santa Eulària para la cesión de viviendas para los agentes desplazados.
Fernando Grande-Marlaska recurrió nuevamente al manido «estamos trabajando» al ser preguntado por la petición de la urgente actualización del plus de insularidad. «Estamos trabajando en lo que denominamos zonas de sensibilidad. Las medidas económicas se están teniendo en cuenta en comunidades como esta», apuntó. Asimismo, aseveró que no solo se trata de una cuestión económica sino que hay otras posibilidades como las de formación, con el fin de hacer «más atractivo» el destino de Baleares.
Por otra parte, en relación al anuncio de la huelga de jueces y fiscales, Grande-Marlaska apuntó que debe ser un «compromiso de todos los funcionarios» que el servicio pueda seguir «adelante, funcionando y que no se distorsione el normal servicio público». «Independientemente del legítimo ejercicio de los derechos de los sindicatos», prosiguió, «debe ser compatible con la prestación del servicio público tan necesario».