Fuentes del Ayuntamiento de Sant Josep explicaron ayer a Periódico de Ibiza y Formentera que el Consistorio «acata» la sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma por irregularidades en la organización del cuerpo de la Policía Local en este municipio. Las mismas fuentes han indicado que el Ayuntamiento está «a la espera de un informe jurídico sobre la fórmula propuesta para acatar el fallo».
La sentencia señala que el jefe de la Policía Local de Sant Josep se excedió de sus competencias a la hora de establecer los criterios con los que los agentes podrían pasar a formar parte de varias unidades, entre las que se encuentran la de Menores/Violencia de Género y Seguridad Ciudadana. Ahora, según figura en la decisión judicial, estas plazas deberán ser convocadas nuevamente. Fuentes de la Policía Local consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera han indicado que los agentes ya han sido informados de que estas plazas se convocarán nuevamente de acuerdo con la Ley de Coordinación de Policías Locales de Baleares, tal y como obliga la sentencia. No obstante, han mostrado su desconfianza en que se vaya a aplicar la sentencia a todas las plazas que se crearon con la instrucción que la Justicia ha anulado. «Parece que cree que la sentencia se refiere a las nuevas plazas», explicaron, «pero afecta a las plazas que ya se crearon por lo que tendrá que volver a convocar todas».
El PP también se ha pronunciado sobre la decisión judicial. El portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Javier Marí, explicó ayer que la sentencia refleja «la falta de organización» del Gobierno del socialista Ángel Luis Guerrero y, sobre todo, «la poca transparencia con la que hacen las cosas». Marí afirmó que «la sentencia es un síntoma más de la forma de gobernar del equipo de Guerrero». «Están dejando demasiados pufos», según apuntó, «y, cuando entre nuestro candidato, Vicent Roig, a ver qué nos encontramos».
El portavoz del PP criticó la falta de acciones del Gobierno de Sant Josep para afrontar «el problema del déficit de personal en la Policía Local». «El PP ya propuso, incluso, la contratación de un administrativo para que los agentes no tuvieran que realizar ese trabajo», según recordó Javier Marí, «pero no lo aceptaron. Esta sentencia viene a darnos la razón en el sentido de que el funcionamiento no es el adecuado porque la Policía de Sant Josep no tiene los medios que realmente necesita para trabajar. Y esto es culpa exclusivamente del equipo de Gobierno».
Javier Marí subrayó que «la falta de organización» en el Consistorio es «lo habitual» desde que gobiernan el PSOE y Podemos. «Son prepotentes y soberbios cuando se denuncian las cosas que se hacen mal», segú añadió, «pero ahí hay una sentencia que demuestra que hay falta de organización y de gestión».
La sentencia señala que el jefe de la Policía Local de Sant Josep traspasó la «frontera» al «dictar normas para las que carece de competencia». El alto mando dio luz verde a una instrucción para la provisión de unas plazas sin atender a lo que que establece la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Baleares, aun cuando esto no entra dentro de sus funciones. La instrucción fue recurrida por el CSIF, que ha visto cómo la Justicia le ha dado la razón por considerar que la instrucción dictada por el jefe de la Policía Local era realmente «una norma orgánica de funcionamiento con derechos y limitaciones que van más allá de lea mera aplicación de una norma y que exceden, con mucho, el ámbito de su competencia». Ante esta situación, la Justicia ha condenado al Consistorio a adaptar este tipo de procedimientos al Reglamento Marco de las Policías Locales de Baleares y a convocar nuevamente las plazas en las unidades policiales aplicando la norma autonómica. Además, tendrá que abonar 300 euros en concepto de costas.