El vicepresidente en funciones del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, ha explicado este martes que quienes alquilen propiedades a turistas de forma ilegal tendrán cada vez más difícil ejercer esta actividad. «Antes lo hacían porque sabían que no les iban a detectar», ha explicado, «pero ahora ya tienen claro que tarde o temprano les detectaremos». Juan ha pronunciado estas palabras tras anunciar el Departamento de Lucha Contra el Intrusismo insular la imposición de cinco nuevas multas por la comercialización de viviendas turísticas ilegales.
Más sanciones
Las más elevada de estas sanciones es de 40.000 euros mientras que la más baja suma 16.000. En total, los infractores deberán pagar 113.000 euros a la institución insular tras quedar constatadas las infracciones en materia de turismo por la publicidad, contratación y comercialización de las viviendas careciendo de los permisos necesarios para ello.
Mariano Juan ha recordado que la lucha contra el intrusismo en general y contra el alquiler turístico ilegal ha sido una prioridad para el gobierno insular en estos últimos cuatro años. Así, ha recordado que en la anterior legislatura solo se abrieron ocho expedientes por este motivo mientras que en la actual han sido más de 160. En lo que a las sanciones económicas se refiere, la institución ha pasado de recaudar unos 50.000 por este concepto en cuatro años a superar el millón de euros en el periodo posterior. «Ha sido un salto exponencial», ha señalado Juan, «y es el resultado del trabajo de la Oficina Contra el Intrusismo».
El vicepresidente insular en funciones ha apuntado que una vez que el nuevo Govern de Marga Prohens comience a trabajar, el Consell d'Eivissa le solicitará que active la legislación oportuna para que la institución insular pueda adoptar «medidas cautelares inmediatas» en estos casos, con el fin de «cortar el chorro de dinero para los infractores». Y es que ahora mismo tramitar un expediente sobre este problema lleva más o menos un año de tiempo y, mientras tanto, la vivienda puede seguir siendo alquilada de forma irregular sin que ello suponga ningún perjuicio para el propietario. Además, el Consell también pedirá el respaldo del Govern para solicitar a la UE «nuevas directivas que obliguen a las plataformas como Airbnb a tener datos más fiables sobre las personas que alquilan ilegalmente estas propiedades». Estas plataformas, además, «deben comprometerse a comprobar que aquello que se anuncia en las mismas es legal».
Reducción
Mariano Juan, por otro lado, ha afirmado que la modificación del Plan Territorial Insular que será aprobada inicialmente en breve ya prevé reducir de 13.000 a 1.000 las viviendas plurifamiliares en rústico que pueden ser alquiladas turísticamente. «Solo podrán alquilarse a turistas», apuntó el conseller, «aquellas viviendas construidas antes de 1956».
Para el vicepresidente insular en funciones, este tipo de medidas pueden ayudar a paliar «en parte» el grave problema de la vivienda que sufre Ibiza. Sin embargo, Mariano Juan ha dejado claro que son necesarias otras acciones como las destinadas a dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios.
En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Vila, donde hay más de 700 viviendas vacías sin alquilar incluso en verano. «Hay que preguntarse por qué estos pisos están vacíos», ha apuntado Mariano Juan, «y la respuesta es la inseguridad jurídica». Por ello considera que es «necesario» que cambie el marco legal modificando tanto la Ley de Arrendamientos como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Las leyes actuales», ha añadido, «premian al que infringe. Cambiar esta situación depende del Govern y del Gobierno central. Todas las partes han de tener seguridad porque esto beneficiará tanto al propietario como al inquilino. Si los propietarios tienen seguridad, habrá más pisos en el mercado y, por lo tanto, bajarán los precios», ha concluido.