El doctor Esteban Morelle-Hungría y el investigador Pablo Serra-Palao presentaron este martes en la sede de la UIB su trabajo sobre el impacto que provoca la salmuera (vertidos de agua con gran salinidad y componentes químicos) en la posidonia en evento que fue organizado por el espacio Foro Marino. Su análisis parte desde una perspectiva poco explorada como es la denominada Criminología verde que saca conclusiones del ámbito de la Justicia basándose en los estudios científicos y está centrado en el caso de los residuos que expulsa la planta desalinizadora de Ibiza en la bahía de Talamanca.
Ambos investigadores estuvieron acompañados en su presentación por tres profesionales de disciplinas diversas. Por orden de intervención se encuentra al doctor Pau de Vílchez Moragues, profesor de Derecho Público en la UIB y subdirector del Laboratorio Interdisciplinario sobre Cambio Climático de la misma Universidad, a la doctora en Humanidades Marta Puxán-Oliva, filóloga que se centró en las narrativas, y al doctor en Derecho Antonio Fernández Hernández, que acudió para aportar una visión más centrada en el Derecho Penal.
Cambio climático
De Vílchez fue el encargado de abrir la conferencia abogando por una lucha eficaz contra el cambio climático. «Hay que dar la enhorabuena a Esteban y a Pablo por este artículo porque pone de manifiesto la complejidad de los problemas que plantea el cambio climático, que siempre va a más», comenzó el doctor, que alertaba de la necesidad de actuar cuanto antes. El profesor de la UIB, que atendió a la presentación a través de una videollamada, insistió en el riesgo que tienen las Islas Baleares de quedarse sin agua potable y también de las alternativas que se utilizan en la actualidad: «Las desalinizadoras tienen un impacto brutal tanto en el ámbito energético como en el ambiental, y cuantas más plantas así haya, menos posidonia quedará».
De Vílchez terminó su intervención con un mensaje a las administraciones públicas: «Es imprescindible que los nuevos gobiernos asuman la cuestión desde todos los sectores de manera decidida». «Es imprescindible que esto también lo hagan las empresas, que asuman su responsabilidad y que entiendan que adoptar una estrategia contra el cambio climático les reportará beneficios importantes», concluyó.
Por su parte, Puxán-Oliva introdujo el trabajo desde una perspectiva completamente diferente. «Este trabajo es esencial para cambiar las ideas fundamentales sobre la desalinización», comenzó. La doctora dirige el proyecto Ocean Crime Narratives, que busca investigar las narrativas sobre la «criminalidad medioambiental» en el mar desde una perspectiva interdisciplinaria, por lo que centró su intervención en el relato en torno a las desalinizadoras y demás instrumentos contaminantes. «Estudios como este sí que permiten, a lo mejor, generar la percepción de que ese daño que se hace pueda considerarse como algo delictivo por sus límites intolerables», alabó Puxán-Oliva.
Amenaza
Fernández Hernández abordó el impacto del trabajo desde otro campo, el del Derecho Penal. «Nosotros entendemos toda la problemática medioambiental como una amenaza para la seguridad nacional en su sentido actual», afirmó el doctor. Sobre esto, explicó la dificultad de actuar de manera eficaz contra el cambio climático por la necesidad de abordarlo como una problemática global que requiere el trabajo conjunto de los diferentes países. Asimismo, acerca de las actividades perjudiciales como el vertido de salmuera admitió de que «hablamos de conductas legalizadas por actuaciones que por sí solas no son tan graves» sino que «el problema es la acumulación de estos comportamientos, que dentro del ámbito legal plantea problemas a la hora de atribuir responsabilidades penales».
Serra-Palao, que también se encontraba en remoto, describió el estudio que ha realizado junto a Morelle Hungría como un «análisis multinivel» que recoge una bibliografía científica de la cual obtener resultados y elaborar propuestas dentro del concepto de la «justicia restaurativa ecológica». Esta perspectiva aglutina las justicias restaurativa y ecológica con la «ecocriminología» con el fin de plantear unas soluciones reales y asequibles al problema planteado. «La criminología verde está en su esencia cuando establece un diálogo con la ética ambiental para analizar el impacto ecológico», comentó el investigador.
El coautor del trabajo destacó la doble respuesta que proponen en el análisis: «Por un lado, medidas de mitigación y prevención y, por otro lado, medidas de reparación y adaptación». «Creo importante insistir en la necesidad de contar con un comité que junte a todos los sectores implicados en estos impactos medioambientales para formular un mecanismo integral para alcanzar el mayor consenso posible sobre los medios a aplicar», enfatizó Serra-Palao pidiendo un ejercicio de responsabilidad y una actuación inmediata.
Por último, Morelle Hungría aprovechó su turno de palabra para ofrecer un repaso del artículo científico sobre el impacto de la salmuera que «pretenden publicar en una revista española», como indican desde el Foro Marino. Lo más impactante del mismo son las imágenes, recogidas de Google Maps -y, por lo tanto, disponibles para todos-, que muestran la pérdida de las praderas de posidonia en los últimos años en la bahía de Talamanca, donde se encuentra el emisario de la planta desalinizadora. Sin embargo, si bien el estudio está centrado en los altos niveles de sal en el mar, que doblan la medida habitual alcanzando los 69 gramos por litros, el Dr. Morelle Hungría se mostró incisivo en recordar que el impacto sobre la posidonia y sus especies se debe al «conjunto de presiones antrópicas que afectan a la planta, como podrían ser las aguas de depuración o el calentamiento del mar, no solo al emisario».
1.500 especies afectadas
El investigador de la Universidad Jaume I quiso destacar, además, un dato que se dio el mes pasado en Periódico de Ibiza y Formentera: «el 40% de la Posidonia de Talamanca está muerta», y este hecho «tiene un impacto en unas 1.500 especies». «Según indican los estudios, con 39 PSU (Unidades Prácticas de Salinidad) el crecimiento de la posidonia se ve impactado, y con 45 PSU la mitad de las plantas acaban muertas en 15 días. En las zonas más cercanas al emisario hay detectadas 41 PSU, y en Formentera, también en el emisario de la desalinizadora, entre 38.4 y 39.8 PSU», expresó Morelle Hungría, haciendo ver el impacto negativo que tienen estas prácticas en las islas.
Sin embargo, el profesor de Derecho quiso recalcar que desde el estudio no abogan a eliminar estas plantas desalinizadoras, sino a «mejorarlas»: «No se trata de restringir esta práctica, que igual es necesaria, sino en mitigar su impacto». «Exigimos mecanismos eficaces de regulación, como el establecimiento de un umbral máximo de salinidad y una periodicidad fija del control», así como «la elaboración de instrumentos de reparación, restauración y regeneración» de las zonas afectadas, explicó Morelle Hungría. Ambos autores insistieron, además, en su propuesta de ‘brine mining' o minería de la salmuera como medida de aprovechamiento de los componentes químicos más perjudiciales de los vertidos, que pueden ser utilizados en otros ámbitos como la construcción, así como en el trasplante de plántulas a través de semillas para la regeneración de las zonas críticamente impactadas.
El apunte
La posidonia, clave para el ecosistema marino y las playas de las Pitiusas
Morelle Hungría recordó a los asistentes que «en Ibiza dependemos de la calidad del agua para el turismo y nuestras islas son muy frágiles ante estos cambios». La posidonia, además de ser el actor que más CO2 absorbe en las Pitiusas, sirve para sostener el rico ecosistema marino de nuestras costas y limpiar las playas. «Debemos adaptarnos a la evidencia científica que tenemos en el momento porque la normativa actual data de los años 90, de ahí esa necesidad de transmitir el conocimiento de estos estudios», finalizó.