El Consell d'Eivissa no pedirá al Govern que declare la isla como «zona de mercado residencial tensionado», tal y como prevé la nueva Ley de Vivienda estatal. Una ley que el Ejecutivo de la popular Marga Prohens, además, ya ha anunciado que no aplicará en el archipiélago. A pesar de este anuncio, el conseller de Unidas Podemos en la institución ibicenca ha presentado este viernes una moción con el fin de que el Consell solicite al Govern declarar Ibiza como zona tensionada, uno de los mecanismos que prevé la ley nacional para aplicar medidas de control sobre los alquileres.
El vicepresidente primero de la institución, el popular Mariano Juan, ha explicado que el Consell no va a hacer esta solicitud porque la Ley de Vivienda en su conjunto provocará que suban aún más los precios del alquiler. «Los efectos serán negativos y esa declaración tensará aún más el mercado», ha señalado, «si esto se aplica, se reduce la oferta, se mantiene la misma demanda y subirán aún más los precios. Esta ley es como el fast food, que huele bien pero sienta mal».
La nueva ley prevé que, por ejemplo, en las zonas declaradas tensionadas se puedan fijar topes a las subidas de los precios del alquiler. Una fórmula que el gobierno insular rechaza porque «no ha funcionado» allí donde se ha aplicado. Mariano Juan, además, ha recordado que esta fórmula «ya la inventó Franco con las rentas antiguas, que tenían a los inquilinos contentos, a los propietarios no tanto y los pisos degradados».
El vicepresidente ha puesto sobre la mesa la necesidad de «ir a la raíz del problema». En este sentido, ha recordado que solo en Vila hay 650 pisos fuera del mercado del alquiler y ninguna administración se ha dirigido a sus propietarios para conocer las razones por las que han tomado la decisión de no comercializarlos. La nueva ley, ha señalado, obliga a los propietarios a afrontar cargas que les llevan a tomar esta decisión, por lo que el Consell prefiere apostar por otras medidas que les den más seguridad en la actual situación. Así, Mariano Juan ha expuesto las fórmulas con las que el PP considera que es posible afrontar el grave problema de la falta de vivienda en Ibiza: bonificaciones fiscales, agilización de los desahucios, un seguro público que garantice al propietario que será indemnizado si le devuelven el piso en mal estado, el aval bancario del 20% para las hipotecas y la movilización de suelo público para la construcción tanto de VPO como de viviendas a precio tasado, entre otras.
El podemita Óscar Rodríguez no ha aceptado ninguno de los argumentos del PP y ha afirmado que «la principal diferencia de clase que hay hoy en Ibiza es entre propietarios y no propietarios». Rodríguez ha pedido al PP «no desperdiciar las herramientas» que proporciona la nueva Ley de Vivienda a las administraciones además de «penalizar a quienes hacen un uso especulativo de la vivienda». «La ley», ha subrayado, «permite bonificar al propietario y, a la vez, da una posición más fuerte al inquilino para que no sufra las subidas de precio abusivas».
El socialista Josep Marí Ribas Agustinet, por su parte, ha defendido la Ley de Vivienda nacional porque, ha dicho, «no se trata de eliminar el libre mercado sino de poder competir con un mercado privado desbocado que expulsa, incluso, a los que somos de aquí».
El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, ha votado en el mismo sentido que el PP. Díaz de Entresotos ha admitido que la situación de la vivienda en la isla «es grave». Pero, a la vez, ha denunciado que la legislación estatal «establece fórmulas que van en contra de la libertad y de la propiedad privada».