El Ayuntamiento de Sant Joan, gobernado por la popular Tania Marí, ha iniciado ya los trámites para declarar la caducidad de la licencia de ruina de Cala d'en Serra y así poder proceder a su demolición.
Una demolición que, en realidad, bien pudo llevarse a cabo durante la legislatura de 1999-2003, cuando el Pacte Progressista dio luz verde a ejecutar la misma, tanto desde Ibiza como desde Baleares, con fondos de la ecotasa. El dinero estaba consignado. Sin embargo, nadie dio los pasos necesarios para llevar a cabo el derribo y la estructura siguió degradándose a la vista de todos.
En junio de 2016, la entonces diputada autonómica y hoy alcaldesa, Tania Marí, presentó ante el Parlament una proposición no de ley para que la Cámara autonómica instara al Govern presidido por la socialista Francina Armengol a incluir como proyecto prioritario el derribo de estas ruinas dentro de los que se iban a financiar los fondos del impuesto sobre estancias turísticas. Una propuesta que Marí basó en el evidente deterioro de las rutinas y en la necesidad de «devolver a su estado original este espacio de alto valor paisajístico». La propuesta contó con el respaldo de los diputados del PP y Podemos y la abstención de los del PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca. Marí recordó a los socialistas que ellos llevaban este derribo en su programa electoral en 2015 y que, incluso, había sido defendido por el entonces presidente del Consell, Vicent Torres, del PSOE, que consideraba que debía llevarse a cabo con los fondos de la ecotasa. «Dicen que quieren proteger el territorio, el medio ambiente y los espacios naturales y, a la hora de la verdad, son incapaces de votar a favor de una propuesta que supondrá un beneficio para la isla y sus habitantes, que podrán disfrutar de un espacio natural recuperado», lamentó Tania Marí tras lo sucedido en el Parlament.
Tres meses más tarde, en septiembre de 2016, el socialista Vicent Torres volvió a mostrarse a favor de que la demolición fuera sufragada con fondos de la ecotasa. Lo hizo tras reunirse con el entonces alcalde de Sant Joan, el popular Antoni Marí Carraca. Torres, no obstante, apuntó que sería necesario «hablar antes con los propietarios» y, una vez aclarado «a quién dirigir las gestiones», activar el proceso. Si el derribo no pudiera sufragarse con los fondos de la ecotasa, afirmó también, se haría «con los fondos propios del Consell y con la colaboración del Ayuntamiento».
Nada de esto sucedió. Las ruinas permanecen en el mismo sitio y, después de tantos años, el deterioro es aún mayor. Como alcaldesa, una de las primeras acciones de Tania Marí ha sido al de iniciar el expediente de caducidad de la licencia.
Según han explicado fuentes municipales consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera, una vez declarada esta caducidad, el Ayuntamiento «ordenará a la propiedad la demolición de las ruinas». «En el caso de que esta no atienda a la orden», han añadido, «será la propia Administración la que lo lleve a cabo y el coste de la demolición será repercutido a la propiedad».