El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, anunció ayer haber remitido un escrito al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Carlos Gómez, expresando la «profunda» preocupación de la abogacía por la «grave» situación en la que se encuentra la Administración de Justicia y los perjuicios que ello está causando «no sólo a los profesionales que, de un modo u otro estamos a su servicio, sino, sobre todo, a aquellas personas que confían en nuestra Justicia la tutela de sus derechos y legítimos intereses».
La ibicenca Eva Cardona, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Baleares, reconoció también la preocupación del colectivo por la situación judicial en las islas. «Son problemas que no son nuevos y, precisamente por ello, estamos preocupados, porque pasa el tiempo y no se solventan, sino que se agravan», declaró Cardona.
Más dificultades
En este sentido, la letrada recordó que las huelgas registradas recientemente en diferentes ámbitos judiciales han ido sumando dificultades. «Por todo ello, nos hemos dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares expresando esta gran preocupación y ofreciéndonos a colaborar y a crear un frente común, si es necesario, para reclamar las medidas destinadas a la modernización de la Justicia, que ésta sea ágil y que sea una Justicia del siglo XXI, tal como se merecen los ciudadanos de Baleares», detalló.
Para comenzar, trabajarían unidos en la elaboración de un diagnóstico que permita definir la situación real y reclamar así «donde haga falta» que se apliquen los cambios requeridos. «Se trata de trabajar conjuntamente para revertir la situación», insistió.
Incertidumbre
Cardona reconoció que la situación política nacional, con un Gobierno en funciones y la posibilidad de una nueva cita electoral, no beneficia en nada al ámbito judicial. «Como ejemplo, durante la legislatura pasada se tramitaban tres normas para la modernización de la Justicia, con proyectos de ley para la eficiencia procesal, organizativa y digital. Al finalizar la legislatura de esa manera abrupta, los proyectos de ley han decaído. Si el nuevo Gobierno es continuista, probablemente se recuperen, aunque la tramitación de los proyectos deba volver a comenzar. Si hay un cambio de gobierno, es probable que no puedan aprovecharse», puntualizó.
Cardona reiteró que en las Pitiusas «participamos de la misma problemática que en resto del país», aunque «es muy difícil que a las islas quiera venir el personal necesario, desde jueces a funcionarios». Una vez más, el problema de la falta de vivienda y el alto coste de la vida es el motivo principal, lamentó la abogada.
Escrito
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, afirmó ayer que «siempre estamos abiertos a colaborar y a poner sobre la mesa todas las ideas y el trabajo necesario para mejorar la situación judicial en las islas».
En su escrito, el decano achacó a la «histórica» falta de recursos humanos y medios materiales la grave situación que afecta a la Justicia, destacando también la paralización de la actividad durante los primeros meses de la pandemia y refiriéndose a los conflictos laborales que «acechan» a este servicio desde principios de año.
Aleñar se refirió a la situación de juzgados y tribunales, «muchos de los cuales se sitúan ya al borde mismo de la parálisis, como demuestra el hecho de que hay señalamientos a más de tres años vista».
En su carta, reiteró que son necesarias actuaciones «urgentes», por lo que optó ayer por comunicar este ofrecimiento al TSJIB y «tratar posibles soluciones que se enmarquen en nuestros respectivos ámbitos de actuación y hacer frente común para exigir aquellas otras que escapan a nuestras competencias».
Actividad
La actividad en Ibiza consolidó este año una tendencia al alza en relación a la Justicia gratuita. Según datos del primer semestre de 2023, entre enero y junio el número de actuaciones superó las 3.600, un 15% más en relación con el mismo período de 2022.
Entre otros datos, en el primer semestre del año se registraron 1.978 actuaciones relacionadas con delitos penales, violencia de género y menores, frente a las 1.533 del mismo periodo de 2021.
Desde el ICAIB denunciaron que el aumento en el número de asuntos se produce «en uno de los momentos más críticos que está viviendo una Administración de Justicia prácticamente paralizada y al borde del colapso como consecuencia, no sólo de la histórica falta de medios e inversiones que padece, sino también por los efectos de las huelgas que se suceden en la Justicia desde principios de este año».