En unos días contraerá matrimonio y su deseo es lucir aquel día mejor que nunca. Por ello, Georgina quiso someterse a un tratamiento estético, eligiendo un centro de Madrid que descubrió a través de las redes sociales.
Tras contactar con las responsables, éstas le inspiraron la confianza suficiente como para viajar a la capital, atraída también por el buen precio del tratamiento.
Según parece, las supuestas doctoras le inyectaron una cantidad inadecuada de un producto nada recomendable para esa zona específica. Así, Georgina pasó de tener «un poco de surco en la ojera» a unas bolsas de tamaño considerable y, además, amoratadas, todo a pocos días del enlace.
Fueron su madre y hermana quienes la animaron a visitar a la doctora María Bufí para pedirle una solución. «No podía ir a ningún lado. Era un monstruo», lamenta la afectada.
Ya desde Ibiza, Georgina llamó al centro madrileño, desde donde restaron importancia a lo sucedido. La víctima considera que el trato recibido no fue el mejor, optando por explicar su caso a Periódico de Ibiza y Formentera para evitar que otras pacientes puedan sufrir problemas similares tras ponerse en manos inadecuadas. Por ahora, no descarta denunciar. Lo cierto es que, como ella, son muchas las personas que, fiándose de las redes sociales, pueden caer en manos de estos pseudo profesionales, muchos de ellos instalados en la isla de Ibiza.
Inspecciones periódicas
La doctora María Bufí, especialista en Medicina Estética y propietaria de la clínica Eiviluxury, alerta sobre los peligros de someterse a intervenciones y tratamientos en centros que no reúnan todos los requisitos exigidos. En relación al caso de Georgina, explica que «el material que le han puesto es una barbaridad. Todo el mundo cree que la estética da dinero y se ponen a pinchar sin saber y sin autorizaciones y después suceden estas cosas».
Mientras que los profesionales autorizados deben pasar inspecciones continuas por parte de las instituciones competentes, a los ‘piratas' de la estética difícilmente los pueden controlar puesto que éstos no cuentan con una licencia oficial. «Si, por ejempl,o un carnicero comienza a poner inyecciones, salvo que haya una denuncia de un cliente nadie le dirá nada porque no está bajo una legislación. Muchos pacientes tienen después miedo a denunciar», reitera también.
La doctora recuerda que los numerosos anuncios de clínicas estéticas que hoy en día se comparten en redes sociales son ilegales puesto que Sanidad no permite fotografías del antes y el después. Además, comenta que el tipo de turismo que llega a Ibiza es todo un reclamo para estos falsos especialistas estéticos. «Tienen mucha gente porque es muy barato. Traen el material de otros países y no está homologado en España», alerta María Bufí.
«Piratas»
La doctora compara el intrusismo que sufre su sector con lo que pasa con los taxis ‘pirata', «aunque médicos estéticos habilitados somos menos» y, por tanto, la repercusión del problema puede ser menor. Según insiste, ella mantiene un elevado volumen de trabajo, pero le molesta esta competencia desleal por los perjuicios que puedan sufrir muchas personas que, además, deben gastar más dinero del previsto inicialmente para arreglar los malos resultados de algunos tratamientos. «A mí me dan trabajo porque tengo que arreglar los desastres que provocan en ocasiones», reconoce.
La doctora explica que, en Ibiza, muchos pacientes son quienes comunican a los profesionales estéticos si una clínica realiza estas prácticas sin estar autorizada. «Los centros médicos están obligados a contar con un facultativo el 70% u 80% del tiempo en el que están abiertos, algo que no sucede en numerosos casos», advierte.
María Bufí recomienda comprobar si la persona que va a inyectar el producto está colegiada. También, el centro debe contar con una determinada autorización de Sanidad y existe además una acreditación de la Sociedad Española de Medicina Estética. «Son cosas fáciles de localizar y una de estas tres cosas, como mínimo, deben comprobarse», aconseja.
Según puntualiza, el caso de Georgina no es único ni inusual, recordando también que, al final, lo barato sale caro y puede poner en peligro la salud y el bienestar de quien se somete a tratamientos en manos no autorizadas.