El vicepresidente de la CAEB en las Pitiusas, José Antonio Roselló, consideró que, tal como se ha planteado, el precinto de pisos turísticos ilegales que posibilita ahora el decreto de vivienda del Govern «es muy endeble» y puede dar pie a «bastante controversia en los tribunales». Por ello, sugirió mejorar esta medida, reclamada desde hace tiempo por el Consell d´Eivissa.
Roselló participó en Mallorca en un foro organizado por la Asociación Española de Directores de Hotel. Su intervención giró en relación al intrusismo y cómo se puede atajar este problema, que tiene «un especial impacto»en las Pitiusas, según señaló.
El vicepresidente detalló en este sentido las actuaciones realizadas por el Consell d´Eivissa, «que ha sacado petróleo de las piedra». «No lo han hecho en otros Consells y, por tanto, es un ejemplo de cómo, en un contexto en el que la legislación no favorece mucho, la institución ha sabido realizar una actividad de persecución de este problema, uno de los principales en Ibiza y Formentera en el ámbito turístico», manifestó.
Roselló recordó que el Consell d´Eivissa ha pasado de recaudar 50.000 euros a 1.500.000 euros en sanciones interpuestas por intrusismo. «Para perseguir este problema, hay que tener voluntad de hacerlo», reiteró.
También consideró que en Formentera «ahora se han puesto las pilas» en la lucha contra la competencia desleal en el sector de las viviendas vacacionales.
Durante su intervención, Roselló aprovechó para sugerir algunos cambios normativos al conseller de Turismo, Jaume Bauzà, presente también en el evento. Entre ellos, que una vivienda turística se trate como ‘actividad', tal como sucede en Cataluña. Cambiando el enfoque jurídico de estos casos, si se detectan viviendas turísticas irregulares, la actuación de las instituciones competentes será más efectiva.
«Hay que cambiar la Ley general turística en este punto, que no se hable de estancias turísticas en viviendas, sino de actividades, con lo que perderán su condición de domicilio inviolable», explicó Roselló.
Al mismo tiempo defendió un cambio en la Ley de actividades de Baleares, que excluye las viviendas vacacionales, al contrario de lo que sucede en Cataluña. Las modificaciones deberían aplicarse además a la Ley general tributaria «porque en realidad se dificulta la colaboración entre administraciones». Por tanto, la norma debe mejorar y lograr que Hacienda pase información al Consell, algo que en estos momentos no es posible. «Realmente, la gente a quien teme es a Hacienda y conseguiríamos mucho por ese lado», insistió Roselló.
Para el vicepresidente, hay que ser consciente de que estos casos en relación al alquiler turístico se han producido porque nadie supo ver a tiempo que tendría tanto auge. «Hay que dar acomodo a esta demanda, regulándola correctamente dentro de unos parámetros lógicos. Tampoco se puede demonizar al sector de las viviendas vacacionales», manifestó.