La familia de un estudiante hispano-israelí de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, ha denunciado ante la Conselleria de Educación de Baleares a una profesora, que también es concejala de Unidas Podemos (UP) en el municipio, por entender que trata de manera vejatoria al adolescente debido a la guerra en Gaza.
La familia del menor, que cursa cuarto de Secundaria, asegura en un escrito remitido a EFE que el pasado 31 de octubre formalizó su reclamación ante la Inspección Educativa autonómica contra el instituto Sa Serra y la profesora Ángeles Rosselló.
La madre ya había presentado quejas ante la dirección del centro educativo anteriormente, pero las ha elevado a la Conselleria porque a raíz de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre y el inicio de la campaña de bombardeos israelí sobre la franja de Gaza la actitud de la docente se ha acentuado.
La familia se queja de "faltas de respeto continuadas y de humillación frente a sus compañeros de clase y de otros cursos", que están generando "un gran desasosiego" en el chico.
Según su testimonio, la profesora le somete a "humillación, maltrato psicológico y exclusión de índole racial, además de hablar mal de él a otros alumnos de su clase y de otros cursos".
Amplían su denuncia a la presión que sufre en el mismo centro otra niña origen israelí "que también se ha visto involucrada en situaciones difíciles con otros compañeros que la han acosado con el grito de 'free Palestine'".
La madre denunciante, que tiene otros dos hijos en el colegio, reprocha asimismo los comentarios políticos referidos al conflicto entre israelíes y palestinos de otros profesores, "que podrían interpretarse como adoctrinamiento".
Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) para que sean analizados como un caso de odio por el Observatorio de Antisemitismo de España, anuncia la familia.
El Periódico de Ibiza, con tal de buscar polémica, es capaz de vulnerar una ley fundamental: la Ley Orgánica 15/1999. Es inconcebible en un periódico serio que se publique el nombre, apellidos y fotografía de una persona por la denuncia de unos hechos que hay que probar. Hoy siento náuseas por este pseudoperiódico sectario. Si no se publican los datos ni fotografías de "presuntos delincuentes" capturados in fraganti, con qué derecho publican los datos personales de una ciudadana. La profesora tiene toda la razón para acudir a la Fiscalía por la vulneración de su derecho al honor y a su intimidad personal.