Familias expulsadas del bloque A de los apartamentos Don Pepe se presentaron ayer en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Sant Josep para exigir al PP que cumpla con las promesas planteadas cuando estaba en la oposición. En este sentido, Catherine, una de las afectadas, se dirigió ayer al alcalde del municipio, Vicent Roig, para reclamar que se mantengan las ayudas al alquiler que reciben las personas expulsadas de los Don Pepe desde hace un año y medio.
«Estas subvenciones fueron establecidas sólo para tres años y, teniendo en cuenta que en los próximos meses no se habrá construido el nuevo edificio ni se habrá rehabilitado el viejo, queremos seguir con estas ayudas hasta que tengamos una solución», señaló esta mujer con rotundidad y solicitó que se puedan actualizar porque estas prestaciones no se corresponden con el precio de los alquileres. Tras esta petición, el primer edil se comprometió a conservar estas subvenciones durante más tiempo y adelantó que esta ampliación ya ha sido consensuada con el Govern balear y la Conselleria de Servicios Sociales. Sin embargo, se trataron ayer varios puntos sobre esta situación que quedaron en el aire y dejaron a Catherine bastante «decepcionada».
50 familias expulsadas
Por un lado, esta mujer le recriminó al alcalde su «falta de empatía» al adelantar en una entrevista que, si el bloque A se acaba rehabilitando, estas viviendas se destinarán a otras personas porque los anteriores inquilinos, en total 50 familias expulsadas, estarán alojadas en las nuevas viviendas sociales. «Desde que leí esta noticia, llevo muchas noches sin dormir. He pagado durante más de 20 años un apartamento frente al mar y lo sigo pagando y, cuando esté alojada en la vivienda social, lo seguiré pagando porque me quedan 10 años de hipoteca. Cómo puede decir que nuestras casas podrían ser para otras personas», lamentó esta mujer con la voz entrecortada.
En esta misma línea, explicó que el precio que pagó en su momento por el apartamento en los Don Pepe correspondía a las tarifas del mercado libre. «El dinero que el Consell pensaba gastarse en la demolición del bloque B se puede gastar en la rehabilitación de los dos edificios», apuntó Catherine, haciendo hincapié en que es más costoso y conlleva más tiempo construir estas hipotéticas viviendas sociales que llevar a cabo una rehabilitación. «Con esos dos millones de los presupuestos para los Don Pepe se pueden restaurar», insistió. Cabe recordar que el Govern Balear propuso mantener en pie y rehabilitar sólo el bloque B, donde viven actualmente 50 familias, y derribar el otro edificio.
Ante esta posibilidad, Catherine se cerró en banda: «Parece que los vecinos no tengamos los mismos derechos. La responsabilidad de una obra de rehabilitación es del arquitecto y no del Ayuntamiento que la firma», lamentó destacando que desde el principio hubo contradicciones. En esta misma línea, añadió que ningún arquitecto experto ha visitado ambos edificios y ha realizado un informe que explique qué inmueble está en peores condiciones. Es por eso que esta mujer afectada solicitó ayer que se revocara la declaración del bloque A en ruinas porque no se actuó correctamente.
No se puede revocar
Por su parte, el alcalde Vicent Roig le pidió disculpas porque «no se ha tratado bien este tema desde el principio». También confirmó que el PP de Sant Josep puso sobre la mesa un decreto para modificar la ley urbanística, pero durante todo este tiempo se han tomado «decisiones incorrectas» por parte de la administración. «No estamos en el mismo punto que antes», apuntó, resaltando que la declaración en ruinas del bloque A no se puede revocar. «La declaración está realizada en base a un protocolo, cuya vigencia finalizó, que firmaron la mayoría de afectados con el Ayuntamiento. En él renunciaban a tomar acciones legales», señaló el primer edil mientras le proponía a Catherine reunirse lo antes posible para tratar su caso concreto.