La plataforma Salvem Sa Badia ha considerado que la venta de una parcela pública de bosque en primera línea de mar constituye un error «injustificable» y ha afirmado que el Ayuntamiento debería haber aprovechado la ocasión para evitar «al máximo» la construcción en esta zona.
En un comunicado, desde la plataforma han explicado que el grupo socialista que gobernaba en coalición el Ayuntamiento de Sant Josep en la anterior legislatura ha justificado la venta del solar municipal basándose en que sólo se puede construir un local de 50 metros cuadrados en dicho terreno, edificabilidad que puede sumarse al conjunto del proyecto, y que éste se encuentra dentro del perímetro de la zona hotelera.
También han indicado que dicha parcela carece de suficiente espacio para ubicar un parque público.
Sin embargo, bajo el punto de vista de Salvem sa Badia, la situación de saturación constructiva, turística y poblacional que experimenta esta zona de la bahía de Portmany, carente de zonas verdes y con unas infraestructuras pluviales y de alcantarillado completamente colapsadas y que provocan constantes vertidos de aguas fecales al mar, son razones más que suficientes para que el Ayuntamiento, con independencia del partido que lo gobierne, evite dentro de sus posibilidades la construcción no ya de 50 metros cuadrados, sino de un sólo metro que no sea imprescindible, han afirmado.
Respecto a que en 500 metros cuadrados no se puede crear un parque, Salvem Sa Badia ha opinado que bastaría con adecentar la zona y conservar parte del bosque existente, única herencia del ecosistema primitivo que había en la zona.
«Renunciar a la posibilidad de conservar una parte del escaso hábitat original que queda del tramo interior de la bahía constituye una decisión difícilmente comprensible desde un punto de vista ambiental», han insistido.
Salvem Sa Badia ha recordado que la parcela reservada a aprovechamiento urbanístico tiene unos 7.000 metros cuadrados de superficie, de los que 3.000 quedarán calificados como espacio privado de uso público para mantener la franja de dominio público marítimo terrestre que establece la Ley de Costas.
En esos 4.000 metros cuadrados restantes, el promotor podrá desarrollar un proyecto urbanístico que le permitiría edificar hasta un máximo de 28 viviendas en edificios de hasta cuatro plantas.