Mariano Juan Colomar (Santa Eulària, 1982) es el bombero oficial de Vicent Marí. Allí donde hay un incendio, el presidente del Consell d'Eivissa envía a su hombre de confianza y mano derecha, a quien ya tuvo como concejal cuando fue alcalde de Santa Eulària. No es de extrañar que Juan se encargue de las áreas más espinosas: transportes, territorio y lucha contra el intrusismo. Cuentan que Prohens quiso ficharlo para su Govern. Quizá cuando acabe todo el trabajo iniciado en la pasada legislatura sea el momento de dar el salto a Mallorca.
—El problema de la vivienda está llegando a límites muy preocupantes, cada vez hay más gente viviendo en caravanas. A pesar de que el Consell d'Eivissa no tiene competencias en vivienda, ¿qué están haciendo para que el problema no crezca?
—No engañar a la gente: no hay soluciones mágicas. El problema de la vivienda no se solucionará aprobando una ley ni en el corto plazo. Se ha llegado donde estamos por una combinación de políticas nefastas. Durante mucho tiempo no se ha cuidado la construcción de vivienda pública y aún menos se ha incentivado la construcción de vivienda pública privada. El mercado de alquiler de vivienda en Ibiza no es un mercado de grandes tenedores, el 99 % está en manos de pequeños propietarios. Todos conocemos casos de inquilinos que han sufrido abusos por parte de los propietarios, pero en prensa no aparecen tanto los casos de abusos de sus inquilinos. Hay cientos de pequeños propietarios que no alquilen a no ser que sea a conocidos, familiares o conocidos de familiares. Luego también está el alquiler turístico ilegal, que tiene una mayor rentabilidad que el alquiler anual y que hasta hace cuatro y cinco años no tenía ninguna consecuencia para los que llevaban a cabo esta actividad. La unión de la falta de políticas públicas de vivienda, la inseguridad jurídica para los propietarios y la alta rentabilidad del alquiler turístico hace que tengamos un desajuste entre la oferta y la demanda. Hay que construir vivienda de protección oficial dirigida a los colectivos vulnerables, potenciar estas viviendas de promotores privados como las de es Puig d'en Valls, potenciar la figura de vivienda de precio limitado para rentas medias, seguir luchando contra el alquiler turístico y dar garantías a los propietarios.
—El Govern prepara un decreto con medidas para legalizar viviendas, como ya se hizo en el Govern de Bauzá. ¿Qué impacto tendría en Ibiza?
—Cientos de familias se podrían beneficiar de esta medida. Y digo familias porque en la mayoría de casos son hijos o nietos de padres o abuelos que cometieron una infracción urbanística hace 10, 20 o 30 años. No son casas totalmente ilegales sino ampliaciones o anexos que se hicieron sin permiso. De lo que se trata no es de beneficiar a los infractores sino a los que quieren volver a la legalidad porque quieren hacer una reforma, y por lo tanto generar economía, pagando una sanción correspondiente que ahora no se le puede cobrar. Es un win-win. Es reconocer que existen cientos de familias que viven en viviendas que no se pueden reformar porque tienen una infracción prescrita desde hace muchos años. Estamos hablando de antes de 1991 en caso del suelo rústico protegido. No podemos ignorar que estos casos existen. A los que dicen que esto es una llamada a los infractores hay que recordarles que no es cierto porque no hay ningún infractor futuro que pueda beneficiarse de esta medida. Se trata de hacer una tábula rasa y favorecer que se hagan obras con un consumo de territorio cero a cambio de pagar una multa.
—¿El Consell puede hacer más en disciplina urbanística? ¿Está contento con los recursos que tiene?
—No somos conformistas y considero que tenemos que mejorar la disciplina urbanística. Y esto no quiere decir que lo estemos haciendo mal. De hecho lo estamos haciendo mucho mejor que hace cuatro años, con más expedientes y más recaudación. Nosotros nos ocupamos del 50 % del territorio de la isla, es decir, del territorio protegido y del litoral que no es urbano. Si bien es cierto que hoy en día la mayoría de infracciones se cometen en suelo rústico común. Ahora casi nadie se atreve a construir en lo alto de una montaña. El departamento funciona correctamente pero aspiramos a más. El Govern, en la legislatura pasada, quiso transferir las competencias en materia de litoral exigimos que se tuviera en cuenta el peso de cada isla. Y esto no va por kilómetros de costa sino por número de expedientes. Y el peso de Ibiza era de entre el 40 y el 50 % de Balears. Y advertimos que no aceptaríamos el traspaso de litoral si no venía bien dotado de personal. Lucharemos para tener más personal y para que la legislación en materia de disciplina urbanística se simplifique, porque al final no buscamos cobrar sanciones sino que la edificación ilegal se derribe. Es lo prioritario. Hoy en día, como las infracciones en suelo rústico no prescriben desde hace mucho tiempo, los infractores saben que se enfrentan a sanciones muy importantes, que la orden de derribo llegará tarde o temprano y que se enfrenta a un delito contra la ordenación del territorio. Ya hemos enviado cinco o seis expedientes a Fiscalía y están siendo juzgados por otras ilegales en suelo rústico protegido.
—El decreto del Govern parece que también pondrá su punto de mira en dos entidades como el departamento de Recursos Hídricos y la Comisión Balear de Medio Ambiente. ¿Qué valoración hace de ellas?
—La Comisión Balear de Medio Ambiente y Recursos Hídricos han sido dos agujeros negros que se han comido las esperanzas y expedientes de cientos de personas. Y le hablaré de expedientes tramitados del Consell, que en teoría tienen prioridad ante los expedientes de particulares. Recursos Hídricos ha tardado dos años en autorizar al departamento de Carreteras al carril bici que conectará Sant Antoni con las instalaciones deportivas de Can Coix. Se ha tardado casi tres años para autorizarnos unas mesas de pícnic muy cerca de Sant Miquel, en una zona de descanso junto a la carretera. No quiero pensar cuántos años han tenido que esperar los particulares para autorizarles proyectos a los que tienen derecho. Algo hay que hacer con estas entidades. Pero no confundamos la forma con el fondo. Que se modifique el funcionamiento de la Comisión balear de Medio Ambiente o el departamento de Recursos Hídricos no quiere decir que desaparezcan las leyes de medioambiente. Todos los proyectos y planeamientos urbanísticos, por normativa europea, tienen que pasar por el mismo procedimiento de evaluación ambiental. No estamos hablando de eliminar los controles medioambientales sino de no esperar años a que se junten 20 departamentos en comisiones cada tres o cuatro meses y la gente acabe aburrida de esperar. En otras comunidades no existen las comisiones de medio ambiente y se aplican las mismas leyes que en Balears.
—¿Cree que más que unos organismos técnicos se han utilizado como un último filtro político?
—La única explicación que tengo para que se tarden tres años en autorizar cuatro mesas de pícnic es porque hay directrices políticas. Es inexplicables que cosas tan simples acaben atascadas en una maraña burocrática infumable. Algunos conciben el procedimiento administrativo como una manera para evitar que los proyectos a los que la gente tiene derecho se cumplan y tienen que servir para que esta persona se canse y desistan de él. Y esto perjudica a los que no tienen recursos para seguir picando piedra.
—Después de la modificación número 2 del PTI están inmersos en la revisión del PTI. ¿En qué tiene que mejorar este nuevo PTI en relación al que ahora hay en vigor?
—Nosotros consideramos que la modificación número 2 del PTI no es que sea mucho mejor que la número 1 sino que es mucho mejor que el PTI original. Creo que conjuga muy bien la conservación de los derechos de los pequeños propietarios ibicencos con el mantenimiento del paisaje, la potenciación de la agricultura y la sostenibilidad. Se han devuelto derechos que se habían arrebatado a las familias ibicencas porque era insoportable que no se pudiera segregar entre hermanos, entre abuelos y nietos o de tíos a sobrinos. Esto obligaba a vender fincas enteras a extranjeros en caso de necesidad. A la vez, también hay limitaciones porque no se pueden vender en un futuro, las nuevas casas tienen que reutilizar el agua, no tendrán final de obra si no tienen jardines de bajo rendimiento hídrico y se limita el uso turístico. En Ibiza hay 19.000 plazas turísticas en alrededor de 1.500 casas. Consideramos que son suficientes. Solo hay una excepción: las casas payesas, que necesitan un mantenimiento y muchas están siendo abandonadas. Hasta ahora, todas las casas con más de cinco años podían tener uso turístico y nos encontrábamos con que muchas de las viviendas que se construían eran para que en un futuro pudieran ser alquiladas a turistas.
—¿Son partidarios de construir una nueva desaladora en Ibiza?
—Sí, una cuarta desaladora es necesaria. Esta desaladora no es para crecer más sino para dar servicio a la población actual. Y se quiere hacer en la zona sur, en Sant Josep, donde sufren restricciones de agua. El Govern está estudiando esta cuestión a petición del Consell d'Eivissa y para que se deje de consumir agua del subsuelo. No podemos estar dependiendo de si llueve o no. Los problemas de agua que tenemos es por falta de infraestructuras hidráulicas. Y tenemos que hacer una cuarta desaladora para poder recargar los acuíferos y dar servicio a la población que ya tenemos.
—¿Hay alguna forma de acortar los plazos? Se hablaba de la próxima legislatura para que estuviera en marcha.
—Es complicado, porque primero hay que buscar un terreno y no tenemos suelo industrial. Luego está la fase de redacción del proyecto y, por último, la fase de evaluación ambiental, que es donde se retrasa todo. Todo esto ya se tendría que haber trabajado desde hace años.
—¿Que haya más suelo industrial es tarea del nuevo PTI o depende de los ayuntamientos?
—Es tarea de los ayuntamientos. El PTI puede dar directrices pero aprobar nuevo suelo industrial depende de los ayuntamientos. En el Consell sí que hemos dado un impulso político después de que Pimeef y CAEB vinieran a explicarnos este problema que ya conocíamos. Se habla de cambiar de modelo productivo pero luego no queremos crecer en suelo industrial. No puede ser que industrias u otro tipo de sector no turístico que quiera instalarse en Ibiza les salga más rentable tener su producción o los almacenes en Denia. Tenemos una desventaja competitiva muy importante que hay que solucionar. Y el problema lo tenemos cuando la ideología se desconecta de la realidad, como el decreto ley que el Govern de Armengol sacó en plenas Navidades con el que prácticamente se cargaron que los ayuntamientos pudieran hacer más suelo industrial. El decreto establece que los ayuntamientos no pueden crecer en suelo urbano y, por lo tanto, en industrial si aún tienen un determinado porcentaje de suelo urbano vacante. ¿Qué tiene que ver con que un municipio tenga suelo residencial o deportivo vacante con que no puedas tener más suelo industrial? Pues el decreto está redactado de esta manera. No tengo ninguna duda de que el Govern modificará este decreto y los ayuntamientos recuperarán su plena autonomía para crear suelo industrial donde quieran.
—El cambio de rumbo a la hora de aprobar una ley que limite la entrada de vehículos a la isla de Ibiza retrasará su puesta en marcha?
—Siempre he dicho que una ley tan importante como para como para no tener prisa. Hay que llegar bien, con garantías, no rápido. Ya hemos visto qué pasa cuando se hacen leyes con un sesgo ideológico importante y con rapidez, como con la ‘ley del sí es sí'. Lo que no queremos es diseñar una ley con el Govern que luego tumbe el Tribunal Constitucional o que el Estado nos la impugne porque vulnere la libertad de circulación en la Unión Europea y tengamos problemas serios. Habrá lobbys que estarán en contra de esta ley, porque hay actores económicos importantes fuera de la isla de Ibiza que se nutren económicamente de que se pueda entrar sin límites. El cambio de rumbo no afectará a su rapidez. Después de hablar con el Govern hemos consensuado que sea el Consell d'Eivissa quien haga la propuesta. Esto hará que, probablemente, la ley se adapte más a las necesidades y a la realidad del Consell. Y no solo en el diseño sino en su gestión posterior. Aspiramos a poder aplicar esta ley la próxima temporada, pero la velocidad no es algo que nos preocupe, sino su calidad y que se pueda aplicar de una manera rápida una vez aprobada.
—¿No son muy optimistas?
—Somos ambiciosos. A diferencia de Formentera, a nosotros se nos exigió un trabajo previo. Ellos hicieron los estudios de carga después. Se ha visto claramente que la tendencia es preocupante en julio y agosto, pasando de 15.000 a 45.000 desde 2019, incluso el año de la pandemia. Los picos cada vez son más altos y no podemos soportarlos. Estos datos refuerzan la determinación política de que tenemos que hacer algo y refuerzan jurídicamente la ley porque queda justificado. En base a estos datos podremos hacer los estudios de carga y los cupos. Después del verano podremos ir al Parlament a defender el texto.
—La bolsa de plazas turísticas está ahora congelada. ¿Qué hay que hacer con estas 9.000 plazas?
—El debate de las plazas turísticas y del decrecimiento en Ibiza es artificial porque, a diferencia del resto de islas del archipiélago balear, estas 9.000 plazas proceden exclusivamente de cierre de hoteles y apartamentos en los últimos diez o quince años. Es la cuantificación exacta del decrecimiento turístico natural que ha tenido Ibiza. Cuando el Govern impuso esta moratoria la critiqué porque, además de ser una interferencia más, partió de la base de que la saturación turística procede del sector legal, cuando en realidad viene del sector ilegal. El mercado turístico legal nos está señalando que hay que ir por el camino de reducir plazas turísticas. El PIAT de la isla de Ibiza, cuya redacción se acaba de adjudicar, una de los temas que determinará será la bolsa de plazas turísticas y marcará un techo máximo. Durante los próximos meses un equipo multidisciplinar empezará los trabajos de diagnóstico de la carga de la isla de Ibiza y después nos tocará consensuar con la industria turística este número de plazas.
—En junio de 2022 se aprobó el reglamento de simplificación administrativa. ¿Ha sido efectivo?
—Este reglamento afecta más a los ayuntamientos que al Consell. En lo que se refiere al Consell, cuando empezamos a gobernar las cédulas de habitabilidad tardaban nueve meses en otorgarse y ahora se conceden en máximo tres o cuatro semanas como máximo. Ha sido un éxito refundir las cédulas de habitabilidad con la licencia municipal de primera ocupación, que miraban lo mismo y no tenía ningún sentido pedir lo mismo al Consell y al ayuntamiento.
—¿Cuándo habrá nuevos buses y líneas en Ibiza?
—El Tribunal de Contratación ha resuelto dos recursos para que modificáramos el pliego de cláusulas en menos de un 1 %. Hemos salvado el contrato y los cambios son tan pequeños que no hace falta que volvamos a enviar el pliego. La licitación del contrato con las nuevas correcciones es inmediata. Es difícil dar plazos cuando dependes de los recursos. La estimación es adjudicar a finales de este año y la implementación lleva tiempo. Se hará antes o después del verano del 2025.
—En sus manos y en las del resto de miembros de Consejo de Administración de Autoritat Portuària está el futuro del Club Náutico Ibiza. ¿Qué votará?
—Mi sentido común dice que hay que proteger el Club Náutico. Pero más allá de esta cuestión, nos debemos a la legalidad. El Club Náutico ha presentado unas alegaciones jurídicas contundentes y ahora hay que leer los informes de los abogados del Estado harán sobre estas alegaciones. Tengo claro que, más allá de cuestiones jurídicas, la postura política del Consell d'Eivissa es clara: apoyo al Club Náutico y a la náutica social. Pero recordar que estamos aquí porque ha habido gobiernos que no han cambiado la ley y los poderes públicos nos debemos a la ley, no a lo que nos gusta o no. Si la concesión del Club Náutico Ibiza ahora peligra es porque en su momento no se hicieron los deberes y no se reformó una ley para que la náutica social estuviera protegida. Ahora es muy difícil remontar esta cuestión y el marco legal es el que es.