El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, pedirá a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, apoyo en la lucha contra pisos turísticos ilegales y también facilidades e incentivos para los propietarios que prefieren tener sus pisos cerrados, en vez de ponerlos en alquiler, según ha informado este miércoles la administración insular en un comunicado. Para ello, aprovechando la visita de la ministra, le entregará este jueves un dossier con varias peticiones para abordar el problema de acceso a la vivienda que «afecta todo el país, pero muy especialmente a la isla de Ibiza», han remarcado desde la institución.
Concretamente, el presidente insular pedirá una modificación de la Ley 45/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, para dotar de más seguridad jurídica a los propietarios que no alquilan sus inmuebles «por miedo» a no cobrar las rentas o a que las viviendas sufran daños. Al respecto Marí explicará que, en base a varias extrapolaciones, en Ibiza podría haber «más de 3.000 pisos cerrados», una cifra que podría ser incluso mayor según otras fuentes. El Consell de Ibiza también pedirá al Estado un frente común ante las plataformas que comercializan estancias turísticas en edificios residenciales «y otras ilegalidades manifiestas».
Para ello, propondrá la creación de un registro único nacional y modificaciones legislativas para «corresponsabilizar» a las plataformas por esta publicidad. También pedirá al Estado mecanismos para agilizar el cobro de sanciones administrativas por alquiler turístico ilegal a ciudadanos extranjeros. En el documento, el Consell también expone todas las medidas que se han tomado en los últimos años para luchar contra los pisos turísticos ilegales, así como los «resultados positivos» que refleja el informe de perspectivas turísticas para 2024 de Exceltur, que apunta a una bajada del 17% de plazas en viviendas turísticas en la isla, en comparación con el año pasado. Vicent Marí, que ha pedido una reunión que no será posible por la agenda de la ministra, ha destacado que en «muchos rincones del Estado se empieza ahora a abrir un debate sobre las viviendas turísticas, sus límites y las maneras de poderlos controlar» mientras que Ibiza lleva cinco años «de trabajo, de propuestas legislativas, de innovaciones y de nuevas maneras de abordar este problema».
«Queremos poner nuestro conocimiento al alcance de todas las administraciones y poder tener aliados allá donde nuestras competencias no nos dejan actuar con la contundencia que nos gustaría», ha destacado Marí.