El Ayuntamiento de Eivissa no pudo asumir el elevado coste del sistema de alquiler de bicicletas públicas o ‘Eivibicing' debido a una serie de incumplimientos por parte del anterior equipo de gobierno. La inversión mínima necesaria para impulsar este proyecto en Vila era de 3,3 millones de euros.
De esta forma, desde el Consistorio contestaron ayer a las críticas del Grupo municipal socialista, que denunció cómo el PP había concedido autorización a una empresa que prevé ofertar este verano el alquiler de 400 patinetes eléctricos. Al mismo tiempo, los populares han aprobado la renuncia al contrato del servicio ‘Eivibicing', teniendo que devolver una subvención concedida a través de los Fondos Next Generation.
Desde el Ayuntamiento de Eivissa explicaron que, a finales del pasado mes de octubre, ya se vieron obligados a asumir con fondos propios el coste del carril bici de la EI-10 por tener que desistir de la subvención de los Fondos Next Gen para tres proyectos de movilidad relativos a la implantación de las zonas de bajas emisiones. En este sentido, recordaron que en el anterior mandato no se cumplieron todas las condiciones para percibir la ayuda europea y, a pesar de la situación, el Área de Modernización y Transformación decidió continuar con las obras ya iniciadas.
Contestando también a los socialistas, desde el actual equipo de gobierno explicaron que no se llevaron a cabo en el plazo estipulado los trámites necesarios para la implantación de aparcamientos de bicicletas y carriles bici en la EI-10 y calle Extremadura, así como la conexión con el del Paseo Marítimo y Jesús.
Desde Vila recordaron que, tal como se había anunciado, se estudiaban nuevas fórmulas para poder ofrecer un servicio similar «y que la falta de gestión del gobierno anterior en este asunto no fuera un impedimento para dotar a la ciudad de una alternativa de movilidad sostenible».
El Ayuntamiento de Eivissa reiteró ayer que tuvo que desistir de recibir fondos europeos para la transformación digital y sostenible del transporte urbano. El motivo fue que este proyecto, junto a la creación de las zonas de bajas emisiones, estaban condicionados a una serie de obligaciones formales que no se cumplieron.
El primero de estos incumplimientos se remonta a 2022, cuando hasta junio de ese mismo año podía presentarse una documentación que acreditara haber realizado los procesos de licitación antes de dicho mes. Al no completarse los requisitos, se incumplieron las obligaciones materiales y no se entregó la certificación necesaria.
Por otro lado, el concejal de Ciudad Inteligente, Transporte Público, Fondos y Proyectos Europeos, Rubén Sousa, advirtió de que al perderse la subvención europea, la Corporación municipal no podía asumir el 100% del servicio ‘Eivibicing' al ser «una inversión muy elevada, cuyo coste duplicaba el del servicio que se presta en Palma, pese a que preveía la mitad de bicicletas».
«Resulta irónico que el PSOE, presunto defensor de la movilidad sostenible, no apoye iniciativas que fomenten los vehículos de movilidad personal y supongan una alternativa al vehículo privado. Querían hipotecar este Ayuntamiento con el pago de 3,5 millones de euros por un servicio que no iba a cumplir con las expectativas de la ciudadanía y que no contaría con subvención. También recordar que en el mandato de Rafa Ruiz y Aitor Morrás, el Ayuntamiento tuvo que renunciar a una ayuda de casi 4,5 millones de euros en materia de vivienda procedentes de fondos europeos», puntualizaron desde el Consistorio.