El Govern y el Consell d'Eivissa no contemplan de ninguna manera la posibilidad de poner topar el precio de los alquileres ante la gravísima situación de la vivienda en Ibiza. Fue Cáritas, la entidad de acción social y caritativa de la Iglesia católica, la que este lunes sugirió esta posibilidad como una medida para paliar el cada vez más preocupante problema de la falta de vivienda en la isla y, sobre todo, del disparatado precio de los alquileres.
Fuentes de la Conselleria balear de Vivienda han explicado a Periódico de Ibiza y Formentera que «el Govern no cree en esta medida» porque, han añadido, «ha sido ineficaz allí donde se ha aplicado». Y han puesto como ejemplo los ya conocidos casos de Barcelona y Berlín. «Cuando se aplicó, se redujo la oferta de vivienda en alquiler y subieron los precios», han señalado las fuentes autonómicas, que han señalado que el Ejecutivo de Marga Prohens considera que «es más efectivo incentivar a los propietarios que unas medidas intervencionistas que pueden provocar el efecto contrario».
Desde el Consell d'Eivissa se rechaza también esta posibilidad porque, según han señalado fuentes de la institución, «el problema no se solucionará apostando por medidas que ya se ha comprobado que no sirven allí donde las han intentado aplicar». «Poner un tope máximo a los precios del alquiler solo hace bajar la oferta de alquiler residencial, crecer la economía sumergida y dificultar el acceso a la vivienda a quien lo necesita», han zanjado las mismas fuentes.
De un modo similar se han pronunciado desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, un Consistorio cuyo Gobierno municipal considera que, citando a las agencias inmobiliarias, el tope a los precios del alquiler «ha reducido la oferta residencial» allí donde se ha aplicado. Esta fórmula, han señalado fuentes municipales, ha provocado, además, el incremento del alquiler turístico. Y a esto han añadido que «al establecer una horquilla, los precios de la parte baja se han subido al máximo, bajando solo los que lo superaban». «Esto supone perjudicar a quienes tienen menos poder adquisitivo, que estaban en los precios bajos de la horquilla, y beneficiar a los que pagaban el alquiler más caro, que con ese sistema lo ven reducido», han concluido desde este consistorio. Una opinión que comparten también en el Ayuntamiento de Sant Joan, donde tienen claro que esta medida es «un fracaso porque retira vivienda del alquiler y encarece los alquileres bajos».
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, tampoco se ha mostrado partidario de esta medida. Y es que el primer edil considera que «está plenamente demostrado que las medidas sustentadas en la intervención de los mercados nunca han resultado soluciones adecuadas para el problema de la vivienda».
Medidas
En esta situación, sin embargo, las Administraciones están tomando otro tipo de medidas, tal y como también ha reclamado Cáritas. En este sentido, la Conselleria balear de Vivienda ha recordado que ya trabaja en la puesta en marcha del proyecto de «alquiler seguro», mediante el cual el Govern se convertirá en «intermediario que da garantías» tanto a los propietarios como a los inquilinos. El propietario tendrá garantizado que, una vez que acabe el contrato, recibirá su piso en el mismo estado en el que lo alquiló. Además, tendrá garantizado por el Govern el pago de la renta.
El objetivo de este programa es salvaguardar los derechos de los propietarios, muchos de los cuales se sienten perjudicados por la Ley de Vivienda estatal y han decidido retirar sus propiedades del mercado de alquiler residencial. Así, la renta en este caso estará por debajo del precio de mercado pero el propietario tendrá garantizado el cobro de la misma. Los beneficiarios del programa serán fundamentalmente jóvenes y familias de clase media que actualmente no pueden afrontar el coste de un alquiler en las Islas. Y el precio máximo será fijado por el Govern dependiendo de cada isla y municipio. Las viviendas deberán llevar vacías un mínimo de seis meses y no tendrán que tener menos de tres años de antigüedad. Deberán estar acondicionadas para que los inquilinos puedan entrar inmediatamente a las mismas. Finalmente, no podrán acogerse a este programa los grandes tenedores de vivienda.
En el Consell, por otro lado, se apuesta por dos vías. Así, la institución presidida por Vicent Marí cree que se debe continuar «desarrollando un parque potente de vivienda pública». Y añaden: «A diferencia de lo que hacía el Govern de Armengol, debe llevarse a cabo apoyándose también en el sector privado. El sector público no puede ser el único promotor de vivienda porque es lento y no cubre en absoluto toda la necesidad que hay. De ahí que, en su momento, aplaudiéramos el Decreto ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que prevé la futura del alquiler a precio limitado y del build-to-rent, que abrirá el abanico a nuevas promociones accesibles para los ibicencos que no pueden acceder al mercado actual».
El Consell, además, apuesta por la seguridad jurídica porque, recuerdan, «no puede ser que en Ibiza haya 3.000 viviendas vacías de gente que prefiere tener un piso cerrado antes que ponerlo en alquiler por miedo a impagos o destrozos». La institución insular suma a esto la que ha sido una constante del Gobierno de Marí en los últimos años: la lucha contra el intrusismo. Un factor que «también distorsiona el mercado de alquiler». En estos momentos, han señalado desde la institución, se están tramitando más de 200 diligencias y se han recaudado unos 2 millones de euros en sanciones a través de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo.
Asentamientos
Los ayuntamientos, por su parte, también buscan medidas para paliar el problema. En el caso de Vila, a la falta de vivienda se unen los asentamientos de caravanas, tiendas de campaña y chabolas surgidos en los últimos años en la ciudad. Una situación que preocupa especialmente a la concejal de Bienestar Social, Lola Penín, quien ha explicado que este departamento se basa en las valoraciones de sus técnicos para ayudar a quienes lo necesiten. Penín ha recordado que «el objetivo de las prestaciones habitacionales municipales es que los beneficiarios puedan generar un ahorro y que les sirva de puente hacia las integración social». Sin embargo, la falta de vivienda asequible en el municipio, tiene como consecuencia que estas estancias «se alarguen más de lo que sería adecuado». No obstante, el Ayuntamiento está trabajando con usuarios y con familias que están sufriendo el problema de la falta de vivienda de forma individualizada.
Penín, finalmente, ha destacado el trabajo que están llevando a cabo tanto Cáritas como la Cruz Roja, entidades a las que ha definido como «esenciales para brindar apoyo a aquellos que atraviesan dificultades».
En el caso de Sant Josep, el alcalde Roig defiende las políticas destinadas a «dar seguridad jurídica a los propietarios, que es lo contrario de lo que provocan las políticas que aplica el Gobierno central». Vicent Roig, además, apuesta por la «creación de residenciáis en la isla destinadas a acoger a los trabajadores de temporada» y que han de permitir que las viviendas que ahora alquilan por unos meses puedan pasarse al mercado de renta anual. «Esto, unido a las políticas que ha fomentado el Govern de Marga Prohens», ha señalado Vicent Roig, «será capaz de revertir la situación límite que muchos ciudadanos están llegando a sufrir y de la somos plenamente conscientes».
El Ayuntamiento de Santa Eulària, finalmente, está actuando dentro de sus competencias para intentar paliar el problema. Así, el Consistorio presidido por Carmen Ferrer ha reforzado «la lucha contra el alquiler turístico ilegal con una unidad policial específica y un servicio jurídico técnico también específico para poder actuar en viviendas plurifamiliares por posible cambio de uso de un residencial». Además, sacará a licitación y explotación tres promociones con un total de 240 viviendas a precio limitado. Y está llevando a cabo campañas para informar en las comunidades de propietarios de la prohibición del alquiler turístico en edificios plurifamiliares. A esto suma un canal específico dentro de la Línea Verde para denunciar este tipo de alquileres y diversos tipos de ayudas para los inquilinos.
El Consistorio de la Villa del Río también ha ofrecido al Gobierno central un solar «para una casa cuartel que podría facilitar la llegada de efectivos o la permanencia de los ya existentes porque, al menos al colectivo de los guardias civiles, les permitiría tener un más fácil acceso a la vivienda»