El Departamento de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza ha remitido al Ibavi el expediente abierto contra una ciudadana española, propietaria de una vivienda de protección oficial ubicada en Puig d'en Valls, en el término municipal de Santa Eulària, que alquilaba habitaciones a través del portal de reservas Airbnb.
Al tratarse de un domicilio con régimen determinado y del cual es competente la administración de la Comunidad, el Consell ha trasladado el expediente para que la Ibavi tenga conocimiento y actúe en función de la legislación vigente que afecta a estos tipos de inmuebles.
El servicio de inspección del Consell de Ibiza inició el procedimiento sancionador contra esta ciudadana por hacer publicidad y comercializar habitaciones dentro de la vivienda sin haber presentado declaración Responsable del Inicio de la Actividad Turística, y sin estar inscritos en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, informa el Ejecutivo insular.
En los anuncios, la anfitriona se presentaba como una "superhost", se podían leer más de 15 evaluaciones de usuarios, tenía calendario de disponibilidad y se podía reservar con un precio de 180 euros la noche, con 15 euros de gasto por limpieza y 64 euros de comisión de servicio a Airbnb.
El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha destacado que este caso es "especialmente ofensivo" porque, en una situación de necesidad de un domicilio para tantas personas, "hay quien se aprovecha del beneficio de haber obtenido una VPO para hacer negocio ilegal. Somos y seremos implacables con los que se aprovechen, queremos que el infractor sienta la presión de los servicios de inspección del Consell de Ibiza que tanto trabajo están realizando para identificar, expedientar y sancionar los alquileres turísticos ilegales".