No habrá, finalmente, 120 viviendas de protección oficial en el solar de la antigua comisaría de la Policía Nacional en Ibiza. Fuentes del Ministerio de Interior han explicado, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, que el Estado prefiere construir en lugar de estas viviendas protegidas una «residencia logística». Un proyecto que, según las mismas fuentes, ya está contemplado dentro de la segunda fase del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado, que está en estos momentos «pendiente de aprobación».
La petición
El ministerio dirigido por el socialista Fernando Grande-Marlaska da así respuesta a la petición formulada por la diputada ibicenca Milena Herrera, que el pasado mes de abril anunció que había propuesto al Gobierno central la construcción de esta residencia ante la supuesta «falta de interés» del Consell d'Eivissa y el Govern balear en sacar adelante el proyecto de las 120 VPO. Una afirmación cuestionable considerando que fue su partido el que, desde el anterior Ejecutivo balear, dio al traste con un proyecto que, sorprendentemente, había promovido el PSOE desde el Consell, bajo el gobierno de Vicent Torres. El protocolo firmado por el Estado, el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza para la construcción de estas viviendas caducó en febrero de 2023 sin que el Ejecutivo autonómico hubiera dado los pasos necesarios para la firma del convenio que debía convertir en realidad estas viviendas.
El protocolo contemplaba que parte de las 120 viviendas acordadas pasarían a ser gestionadas por Interior, que las destinaría a su personal en la isla. Un número no determinado quedaría en manos del Ibavi, mientras que el Consell se comprometía a adquirir algunos de estos pisos en función de sus necesidades y posibilidades presupuestarias. Aunque el protocolo, que fue firmado en 2019, podía ser renovado cuatro años más, ni el ministerio ni el Govern dieron pasos para ello y, finalmente, caducó el 27 de febrero de 2023.
Entre los escollos para sacar adelante el proyecto, según señaló en su día el entonces conseller balear de Vivienda, el socialista Josep Marí Ribas Agustinet, se encontraban precisamente las dudas de Interior, que había cambiado su criterio y apostaba ya por la construcción de una residencia. Edificación que, según el documento, debía financiar íntegramente el Ibavi.
El Govern de Marga Prohens, por su parte, intentó reactivar el proyecto muy poco después de comenzar la legislatura. A lo largo de este año, la conselleria dirigida por Marta Vidal ha intentado sin éxito reactivar tanto el protocolo como el convenio. Así lo explicó ella misma en el Parlament el pasado 30 de abril, a preguntas de la diputada de Vox Patricia de las Heras. Vidal explicó entonces que Interior pospuso las negociaciones en septiembre de 2023 por encontrarse el Gobierno «en funciones». Meses más tarde, en febrero de este año, Vidal solicitó a Vila un informe urbanístico para remitirlo al ministerio y que este «pudiera analizar y enviar la propuesta de las viviendas para ser construidas». Enviado el informe, a requerimiento de Vidal, Interior respondió en abril diciendo que aún desconocía las necesidades de la Dirección General de Policía. Una respuesta que volvió a dar días mas tarde y tras la cual se produjo una reunión, ya en junio, en la que el director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), Rafael Pérez, informó al director general de Vivienda de Baleares, José Francisco Reynés, de la decisión de no construir las viviendas protegidas y, en su lugar, levantar la «residencia logística».
No les pueden obligar
Fuentes de la Conselleria balear de Vivienda consultadas por este periódico han señalado que el Govern «no ha renunciado en ningún momento al proyecto». «El solar no es nuestro, es de Interior», han recordado, «y no podemos obligar al ministerio a hacer estas viviendas. Lo que sí pedimos en la reunión es que, si fuera posible, se reserven algunas de las plazas de esta residencia para funcionarios de la CAIB. Pero aún no han dicho si podrán hacerlo».
El Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado dentro del cual se contempla esta residencia logística fue aprobado en enero de 2019 y concluye en 2025. En la anterior legislatura, con el ministro del PP Juan Ignacio Zoido al frente, el PP de Ibiza acordó la construcción de esta infraestructura. Fue el PSOE el que, desde Ibiza y el Govern, puso sobre la mesa el proyecto de las viviendas protegidas. Ahora, Interior ha decidido que se levante la residencia. Según informó Moncloa tras la aprobación del primer plan, esta obra se llevará a cabo desde la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), un organismo presidido, curiosamente, por la socialista ibicenca Sofía Hernanz.
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