El Govern balear y el Consell d'Eivissa continúan reclamando la firma de convenios con el Gobierno central para la financiación de inversiones en la red de carreteras insular. «Es una reivindicación constante, estamos a pan y agua en esta cuestión. Es absolutamente necesario firmar los convenios de carreteras con los consells», señaló este martes en Ibiza el vicepresidente del Govern, Antoni Costa.
El conseller balear de Economía y Hacienda recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene este año los presupuestos prorrogados. Unas cuentas de 2023 en las que figuraban «400 millones de euros para los convenios de carreteras de Canarias y 0 para Balears. Esta es una cifra insoportable», comentó Antoni Costa.
El vicepresidente del Govern ibicenco estuvo el lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Ministerio de Hacienda comunicó a las comunidades autónomas la senda de estabilidad fiscal para los próximos tres años, con la que ha ampliado el objetivo de déficit hasta el 0,1 %. Esto supone dos décimas más que en el anterior límite, cuando se exigía un superávit del 0,1 %. «Ayer (por el lunes) quedó claro que el Gobierno quiere intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Confiamos en que en estos presupuestos se incluyan importes para firmar nuevos convenios de carreteras, porque no podemos continuar de esta manera», reclamó Antoni Costa.
El Consell d'Eivissa tiene en cartera proyectos de mejora de la red viaria de la isla valorados en más de cien millones de euros para los próximos años. Unas mejoras que deberá afrontar con fondos propios si no llega financiación por parte del Estado a través de estos convenios.
El Gobierno ha dejado de financiar las mejoras en las carreteras del archipiélago balear desde que en la pasada legislatura el Govern de Armengol acordó con el Ministerio de Hacienda que el estado financiase a los consells insulars a través del denominado fondo de insularidad, que supone 110 millones de euros anuales durante 5 años a repartir entre todas las islas.
Remanentes en peligro
Otra de las cuestiones financieras que preocupa al Govern y a las administraciones locales es la restricción a la hora de usar los remanentes de tesorería. «Las nuevas reglas fiscales establecidas por la Unión Europea ya están en marcha y no hay ningún plan extraordinario , por lo que a día de hoy no hay cobertura legal para que los remanentes puedan ejecutarse», señaló este martes el vicepresidente Antoni Costa.
En septiembre de 2020, en plena pandemia, el Gobierno suspendió la regla de gasto por la que permitía a las administraciones locales usar su remanente sin ninguna restricción. Si nada cambia, a partir de 2024 los ayuntamientos y los consells insulars solo podrán utilizarlos para inversiones financiaramente sostenibles, lo que limita mucho su uso.
«Es una cuestión que preocupa al Govern por lo que puede implicar para el Consell y los ayuntamientos porque tienen importantes remanentes y poder utilizarlos es vital».
Los remanentes de tesorería es el dinero recaudado por las administraciones que no han gastado en un ejercicio y que, por lo tanto, se queda en el banco. Desde la pandemia de coronavirus, los ayuntamientos y consells han podido disponer de este dinero libremente, pero una vez superada la alerta sanitaria Europa ha vuelto a poner restricciones a su utilización por parte de las entidades locales.