Hace ya doce días del desalojo de Can Rova y la mayoría de las personas que residían en el asentamiento siguen viviendo en sus vehículos en la vía pública. Además, desde este pasado viernes el ayuntamiento de Santa Eulària ha dejado de habilitar el centro de CEIP Sa Olivera, donde llegaron a pernoctar hasta 29 personas, con lo cual apenas prosiguen las 15 plazas conjuntas del centro Nazaret y Sa Joveria. Con unas condiciones metereológicas que van a empeorar –está previsto que a partir del miércoles puedan llegar las tormentas a la isla– los desalojados piden a las instituciones nuevas medidas.
Por un lado, algunos de los representantes de los desalojados han denunciado su situación. Han criticado la falta de servicios ofrecidos a su disposición, puesto que siguen sin «duchándose con una manguera» y no se les ha dispuesto de elementos que consideran tan sencillos como un generador o unos baños portátiles, tal y como ha denunciado Ana, convertida en una improvisada portavoz de los desalojados.
Respecto a la retirada de pertenencias que se realizó el pasado miércoles, cuando se habilitó el acceso al asentamiento, hubo gente que, por un motivo u otro, no pudo sacar todas sus pertenencias. Pese a que, desde fuera, el terreno de Can Rova presente otro aspecto, sigue habiendo enseres y antaño domicilios de los que fueran residentes del lugar. Por ello, los desalojados también reclaman que se les habilite un nuevo acceso para retirar lo que aún permanece dentro antes de que se produzca el derribo.
Comisión informativa
Por otro lado, los representantes políticos del Ayuntamiento de Santa Eulària también han mantenido una reunión que se ha extendido a lo largo de toda la mañana. En ella, se han explicado los protocolos de actuación llevados a cabo por parte del consistorio, desde que se tuvo por primera vez consciencia de la existencia del asentamiento, el soporte prestado el día del desalojo y las ayudas ofrecidas en base a los criterios de vulnerabilidad para los afectados.
En una nota informativa facilitada por el propio Ayuntamiento han explicado que tuvo conocimiento por primera vez de actuaciones irregulares en esta parcela el 9 de mayo de 2022, cuando la Policía Local acudió a la zona tras recibir una llamada alertando de esta actividad. Pese a no poder acceder al recinto, una nueva patrulla realizó otra visita con un técnico de Servicios Territoriales, el 6 de julio del mismo año, en la que lograron hablar con el propietario, que impidió el acceso a la finca a los agentes. No se pudo demostrar que hubiera actividad irregular, pero sí la existencia de vehículos y construcciones que parecían ser recursos habitacionales. Para poder tener una imagen más completa de la parcela, se realizó un vuelo con dron el día 18 del mismo mes.
En relación al cumplimiento del mandato judicial de desalojo, el Ayuntamiento ha explicado lo realizado en cifras. Se resume en 14 familias atendidas antes del desalojo y 32 familias a posteriori, 29 alojamientos temporales en el CEIP Sa Olivera, 7 billetes pagados para que volvieran a sus países de origen 4 ayudas para entrar a nuevas viviendas, además de derivaciones a otros centros, como el de Nazaret o Sa Joveria, y algunas otras ayudas.
Oposición
Desde los diferentes grupos de la oposición han mostrado su disconformidad respecto a la actuación realizada por el consistorio. Por parte del PSOE ha estado presente Beatriz Fernández, quien ha incidido en la falta de implicación por parte de la máxima institución de la isla, el Consell, por no ayudar en la cesión de espacios como «el Recinto Ferial, un espacio mucho más acondicionado que el de Sa Olivera». También han entrado a valorar la falta de servicios puesta a disposición de los menores, y la falta de previsión ante una situación que han calificado como «grave a nivel humanitario». En un sentido similar se ha manifestado Álvaro de la Fuente, que ha estado presente por parte de Unidas Podemos. El regidor ha criticado que, por parte del Ayuntamiento «no se haya presentado ningún informe en físico como es lo habitual». También ha incidido en que si muchas personas no cumplen con los criterios de vulnerabilidad requeridos por parte del consistorio es porque estos no se adecúan a una realidad de la isla «donde la gran problemática es el acceso a la vivienda» y dichos criterios no deberían regirse únicamente al acceso a un salario.
Subsistencia
Por su parte, los desalojados de Can Rova siguen organizándose para subsistir de la mejor manera posible. Justo al lado de la entrada al antiguo asentamiento, y la sombra del un algarrobo, los antaño vecinos se organizan para subsistir de la mejor manera posible. La mayoría ha convertido de ese lugar, junto a la nave del hipermercado, su nueva residencia. Quienes no cuentan con algún familiar, amigo o conocido que les ceda un trozo de terreno siguen viviendo con su vehículo ahí en la calle.
En ese lugar se han instalado neveras, fogones, mesas y hasta una manguera para las duchas. Por las mañanas el lugar está prácticamente vacío, puesto que la gran mayoría ha de acudir a su respectivo puesto de trabajo. Sin embargo, la situación a última hora de la tarde y la noche es muy distinta. «La gente viene aquí a comer y cada uno aporta lo que puede. Uno trae alimentos, otro bebida, otro ayuda a los que tienen niños» explica Oliver, antiguo residente de Can Rova y habitual de estas improvisadas reuniones.