El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, es habitualmente un hombre tranquilo, amante de la moderación y del diálogo. Solo hay una cuestión que parece alterarle sinceramente. Y esa es la del gravísimo problema de la vivienda. Un problema que tiene ahora como consecuencia la aparición de cada vez más asentamientos ilegales repletos de caravanas y tiendas de campaña en las que residen trabajadores «con contrato». «Es inadmisible», repite en varias ocasiones a lo largo de la entrevista, mientras defiende con vehemencia la necesidad de luchar contra el intrusismo desde todos los ámbitos. Todo ello sin perder de vista que Ibiza tiene que dejar de ser un destino turístico imposible para las familias o una isla en la que los residentes se encuentran cada vez más a disgusto.
—Dicen que estamos viviendo una temporada turística extraña. ¿Cuál es su percepción?
—Es verdad que hay indicadores que muestran que es una temporada un poco atípica. Hay algunos indicadores de que la ocupación está por debajo de las previsiones. Y, sobre todo, la oferta complementaria está en algunos casos sufriendo las consecuencias.
—¿A qué se achaca?
—En ocupación y gasto turístico el año 2019 fue excepcional. Luego vino la pandemia y en la postpandemia siguieron incrementándose el número de turistas y el gasto per capita. Ahora eso se está corrigiendo y las cosas están volviendo a un ritmo normal. No podíamos pretender tener temporadas cada vez mejores. Es un fenómeno a analizar. Sin embargo, yo pienso que será una buena temporada en cuanto a ocupación.
—¿Usted cree que el lujo se nos ha ido de las manos?
—Ibiza tiene 100.000 plazas turísticas legales. 80.000 hoteleras y 20.000 de vivienda vacacional. No todo es oferta de lujo porque solo tenemos 27 establecimientos hoteleros de lujo. Es un porcentaje pequeño con respecto a toda la oferta que tenemos. Aquí hay establecimientos de 1 a 5 estrellas. Y los de 5 estrellas son menos del 5% de toda nuestra oferta. No es que seamos un destino de lujo. Pero sí somos un destino caro. Y esto se tendrá que ir arreglando. La gente busca alternativas cuando ve que su presupuesto no le llega. Tenemos que ser cuidadosos. Hay que analizar las razones, que son muchas. Pero hemos de tener cuidado porque a Ibiza le interesa el turismo familiar y muchas veces los precios desvían a este tipo de turista. Tenemos que tomar nota y cuidar a este turismo familiar, que viene a disfrutar, tiene estancias más largas y es más estable, no es tan estacional. Es el turista que necesitamos. Tenemos trabajo por delante. Así y todo, yo soy optimista porque tenemos cantidad y variedad de establecimientos y no todo es lujo. Aquí hay la famosa clase media y la clase media baja. Tienen que tener Ibiza como una opción para venir sin tener que hacer frente a presupuestos exagerados.
—Pero esta clase media es la que se ha visto más afectada. Este verano los medios de fuera han prestado mucha atención a esta subida de precios disparatada.
—Los precios se han disparado por muchas razones. Hay falta de mano de obra y eso provoca que se incrementen los precios para atender a la necesidad de pagar más a los trabajadores. Está el problema de la vivienda, que al ser cara también influye. Pero hay que encontrar un equilibro. Ese es nuestro gran reto, encontrar ese punto de equilibrio que haga que no todo sea exagerado, que no todo sea un problema. Ahora tenemos que hacer frente a esto, a encontrar esa mesura en los precios. Pero también hace falta equilibrio en otras cuestiones como la afluencia de vehículos, que ya estamos trabajando en la ley y espero que para el año que viene podamos controlar ya la llegada de caravanas y de las flotas de alquiler. Y también hay que poner control a lo que es la falta de vivienda. En Ibiza todo el que viene a trabajar, a contribuir a la isla, tiene que tener garantizado un hogar en el que vivir dignamente. Es necesario resolver estos cuellos de botella y encontrar el equilibrio. Esto es lo que determinará nuestro futuro. Si no, será una situación extrema.
—La Administración no tiene mucho poder a la hora de controlar según qué cosas. Puede controlar la entrada de vehículos pero no lo que pide un señor por la paella de su restaurante.
—Evidentemente. Pero es verdad que el que abuse, pagará las consecuencias. Esto se regulará sí o sí. El que se queja de que no tiene clientela o actividad tiene que ver si los precios son los adecuados, si realmente lo que se ofrece es adecuado para el precio que se está pagando. Si hay algún exceso, no me cabe la más mínima duda de que eso se va a corregir.
—Todo el mundo habla de cambio de modelo turístico. Usted, como presidente y responsable insular de Turismo, ¿qué quiere hacer?
—Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar el modelo que tenemos. Somos un destino puntero, de vanguardia y conocido a nivel mundial. Y hay que apostar por la calidad. Pero la calidad no significa más caro sino tener un turista que venga a disfrutar y a respetar. Un turista de calidad es el que se aloja en un hotel de 5 estrellas pero también en un hostal de 1 estrella. Nuestro trabajo es apostar por ese turista que respeta el destino. No se trata de apostar por más turistas sino por turistas que tienen una estancia media más larga, que tienen un gasto medio elevado… Ese es el modelo de turismo de calidad. Y hay que corregir todos los desequilibrios que tenemos, que últimamente se han agravado.
—¿Como cuáles?
—Básicamente, hemos de luchar contra el intrusismo porque el desequilibrio se ha provocado cuando se ha empezado a comercializar turísticamente vivienda residencial. Hay que luchar contra el intrusismo, contra el turista que se aloja en establecimientos no reglados, porque es lo que ha provocado el problema que tenemos con la vivienda. También hay que acabar con el desembarco masivo de vehículos en determinados momentos de la temporada y ya trabajamos en la limitación. Desde las instituciones tenemos que poner los medios necesarios para corregir estas situaciones. Además, es un trabajo en el que tenemos que colaborar todos los residentes en general. Desde la ciudadanía hasta los sindicatos, pasando por las organizaciones empresariales, otros colectivos y, evidentemente, la Administración. Tiene que haber un compromiso general para conseguir ese deseado equilibrio, que el residente se encuentre a gusto y que el turista no sea el malo de película. El turista es el que nos ha permitido durante muchos años disfrutar de un buen nivel de vida, de riqueza, de progreso. Pero esto no se puede pervertir. La ilegalidad que se ha implantado por la facilidad de comercializar vivienda residencial en plataformas ha hecho que se rompa el equilibrio y ahora tengamos que luchar contra ello.
—Hay muchos destinos que están en la misma situación y los residentes lanzan un mensaje de «basta ya».
—Es por la llegada masiva e indiscriminada de turistas, tanto a establecimientos reglados como a los ilegales. Esto ha provocado esta situación y el residente, que sufre los problemas de tráfico, de falta de vivienda o la carestía de la vida, se rebela y con razón. Por eso le hablaba de la necesidad de encontrar un equilibrio. Esto significa adoptar medidas contundentes para encontrar una senda de estabilidad que ahora, en estos momentos, no tenemos. Si hay contestación social es porque el residente no está a gusto. Tiene que hacer frente a problemas que no los ha creado él, se los ha creado esta avalancha turística. Pero esta avalancha no es porque hayan crecido las plazas turísticas legales. En Ibiza llevamos años decreciendo en plazas legales. Sin embargo, se ha incrementado de una manera exponencial lo que son las plazas ilegales. Y ahí está el quid de la cuestión. Hay que acabar con esa impunidad y esto requiere de medidas. Estas medidas no las tienen que tomar solo los ayuntamientos, el Consell y el Govern. Nosotros ya estamos concienciados. Vamos a incrementar la presión. Pero ha de haber leyes claras desde el ámbito europeo y estatal para que sea fácil controlar la comercialización de cualquier alojamiento como turístico cuando no lo es. Es tan fácil como hacer leyes para que nadie pueda comercializar nada en estas plataformas sin tener licencia para ello.
—En estos destinos se van poniendo soluciones sobre la mesa para afrontar la situación. Sevilla, por ejemplo, propone ahora que, si los pisos turísticos carecen de licencia, se les corte el agua. ¿Esto se puede hacer en Ibiza?
—Nosotros llevamos mucho tiempo planteando que se puedan imponer medidas cautelares de una manera ágil y rápida. No puede ser que se tarde dos años en tramitar el procedimiento administrativo para multar. Multamos mucho, la Oficina de Lucha contra el Intrusismo multa mucho. Fuimos pioneros en este control y está dando muy buenos resultados. Pero el problema es de tal magnitud que se necesitan más medios. Hace falta una normativa específica contra el intrusismo. Acabar con esto requiere de soluciones legislativas como prohibir que se pueda comercializar en un portal vivienda que no tiene licencia turística, oferta ilegal. Si no hay comercialización, el problema se habrá acabado. Para cortar la luz o el agua o precintar los pisos, tienes que instruir el expediente, tener un cuerpo de inspectores, un cuerpo de tramitadores y, para según qué medidas, has de pedir autorización judicial. Esto dificulta mucho la efectividad. Bastaría con prohibir comercializar establecimientos que no cuenten con licencia turística. Se acabaría con el 80% del problema.
—Es imposible acceder a la vivienda. Al margen de las viviendas protegidas y de las medidas de más seguridad jurídica para los propietarios, ¿se puede hacer algo más?
—La seguridad jurídica es fundamental. Igual que la lucha contra el intrusismo y las viviendas de protección oficial y de precio limitado. Se ha avanzado en este aspecto. No solo la Administración tiene que construir. La iniciativa privada tiene que ser parte de la solución. Pero hay que dar garantías jurídicas a los propietarios. El Govern balear tiene sobre la mesa diferentes propuestas que, a partir de septiembre, saldrán a la luz como el plan de Alquiler Seguro. Son medidas que van en la línea de sacar al mercado aquellas viviendas que están cerradas o que se comercializan turísticamente de forma ilegal. No se trata de construir más y más sino de que la vivienda existente se utilice para el uso para el que fue construida. Aquí tenemos también un trabajo ingente y muy importante. Hay que dar garantías a los propietarios de esas casi 3.000 viviendas cerradas que tenemos en Ibiza. Es uno de los objetivos. El Gobierno central es el que debe dar garantías jurídicas y de seguridad a los propietarios. A veces se habla del propietario como si todos fueran grandes tenedores. La gran mayoría de las viviendas cerradas en Ibiza son de pequeños propietarios que tienen miedo a alquilar porque han pasado por una mala experiencia.
—Si un señor tiene tres pisos y dos los alquila en AirBnb, invitarle al programa de Alquiler Seguro del Govern, sinceramente, no creo que vaya a funcionar.
—A ver, la Administración es lenta pero llega. Si te pillan alquilando ilegalmente, tendrás que hacer algo. Y le digo que se les va a pillar. Todos estos que hacen negocio turístico con vivienda residencial van a pagar las consecuencias más pronto o más tarde. Hay que acabar con la avaricia porque hay gente que abusa. Pero tenemos que encontrar las vías que contribuyan a generar el marco de seguridad jurídica necesaria para que el que alquila pueda también recuperar su vivienda en caso de impago o de que no se haga un buen uso de la misma. Muchas veces es el inquilino el que subarrienda y empieza una cadena de negocio ilegal que hay que perseguir. La gran mayoría de los propietarios no son los que hacen el negocio. Suelen ser arrendatarios extranjeros que se dedican a subarrendar y a comercializar. Repito: cambio de marco legal para perseguir este tipo de actividad. Es urgente porque el problema en Ibiza es de grandes dimensiones. Y lo que pasa en Ibiza acaba exportándose a otros lugares.
—Can Rova es un ejemplo de esta degradación que vive la isla.
—Sí, Can Rova demuestra la falta de vivienda para los trabajadores. La gran mayoría de las personas que estaban ahí son personas con un contrato de trabajo. Como sociedad, no podemos permitir que los trabajadores estén viviendo en esas condiciones. Hay que acabar con los asentamientos. Es también un objetivo prioritario. Como isla, como sociedad, no podemos permitir esto. Y ninguna empresa puede permitir que sus trabajadores malvivan en un asentamiento. Hay que acabar con ello. Y hay que adoptar medidas con vistas a la temporada de 2025. Hay gente que se ve forzada a vivir así. También hay gente que voluntariamente decide vivir en estos asentamientos. Sin entrar en detalles, ni una cosa ni la otra. Si no hay vivienda, no hay trabajo tampoco. No podemos permitir que haya gente con contrato malviviendo en asentamientos y sin la seguridad ni las condiciones higiénicas necesarias. Es inadmisible.
—Pero hace un par de años el presidente de una asociación de taxistas planteó que se hicieran residencias para trabajadores de temporada y la gente se rió de la propuesta.
—Hay muchas empresas que están buscando vivienda para sus trabajadores. Y algunas compañías hoteleras destinan parte de sus instalaciones a dar alojamiento a sus empleados. Es que, si no, no encuentras trabajadores. Y si los encuentras pero viven en un asentamiento es que no estás haciendo las cosas bien. Hay que buscar soluciones a esta situación y evitar que vaya a más.
—Los empresarios buscan vivienda para sus trabajadores pero, a la vez, distorsionan el mercado del alquiler porque los propietarios prefieren alquilar a una empresa antes que a un pareja con dos niños.
—Es cierto que las empresas compiten con muchos residentes que buscan vivienda. Pero por eso es necesario que la vivienda que se comercializa ilegalmente retorne al mercado residencial. Volvemos a la falta de seguridad. El propietario prefiere alquilar a un empresario porque tiene la garantía de que cobrará.
—La propia Administración distorsiona aun más las cosas cuando un trabajador normal, además, ha de competir con funcionarios a los que se está hinchando a ayudas para que puedan acceder a la vivienda.
—Es cierto. Tiene razón, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero hay que poner solución a esta situación maquiavélica. Si no se soluciona el problema de la vivienda, difícilmente podremos arreglar otras cuestiones. Seguridad jurídica y lucha contra el intrusismo. Aquí hay muchísima vivienda residencial que, si las cosas funcionaran de una manera coherente y lógica, no tendríamos este problema. Ahora tenemos vivienda que se comercializa turísticamente, problema. Vivienda cerrada, problema. Gente en asentamientos porque la vivienda es cara. Y el empresario que necesita mano de obra ha de garantizar la vivienda. Hay que corregir estos desequilibrios y para ello hay que hacer lucha sin cuartel contra el intrusismo, seguridad jurídica y vigilando que no haya asentamientos. Por eso hemos convocado un gran pacto social para abordar este problema. Para 2025 no vamos a construir más vivienda.
—Todo esto que usted plantea está muy bien pero choca con una Administración que se ha convertido en un monstruo. Usted mismo admite que no puede clausurar un piso turístico ilegal porque el trámite es larguísimo.
—Sí, pero la gente tiene que saber cómo funciona. No es necesario clausurar cientos de viviendas. La gente tiene que ver que se está actuando y que se actuará más. Hay que disuadir. En este momento, hace falta disuasión. Ponemos más multas que nunca pero, cuando se empiece a ver que hay pisos que se clausuran o cortes de luz y agua, la situación comenzará a revertir seguro. El problema es que ahora hay sensación de impunidad y multas de 40.000 euros no son lo suficientemente disuasorias. Suben el precio para pagarlas. Así que habrá que incrementar las multas, el régimen sancionador. Hasta que se acabe con la sensación de impunidad esto continuará. Hay que hacer el máximo esfuerzo para acabar con esto. Y hace falta tiempo y cambios normativas para incrementar la presión sobre esta lacra. Lo de Can Rova es la escenificación de que algo se está haciendo mal. Ni una caravana, ni una tienda de campaña, ni un asentamiento son lugares para vivir para trabajadores.
—¿No hay manera de forzar al Estado en esta situación a tomar medidas?
—Yo es que creo que lo que pasa en Ibiza preocupa muy poco a la Administración del Estado. A mí no me gusta criticar por criticar pero aquí vino la ministra de Vivienda y ni habló del tema. Tenemos un problema serio. La seguridad jurídica solo la puede garantizar el Estado. No me vengan con recetas de declarar zonas tensionadas. Podemos hacer las declaraciones que queramos pero seguiremos sin tener vivienda porque allí donde se han hecho estas declaraciones se ha reducido la oferta de alquiler. No vayamos a aplicar medidas que sabemos que son erróneas. Insisto, hay que luchar contra el intrusismo y dar seguridad jurídica, prohibir la comercialización de estas viviendas en portales online si no tienen licencia. No se pueden comercializar caravanas, tiendas de campaña o tipis. Además, los que sufrimos las consecuencias somos los que vivimos aquí. Es todo complejo. Pero no nos va a desalentar. Vamos a seguir. Y ya se está viendo porque hay cada vez más presión inspectora, ponemos más multas que nunca… Es insuficiente, es verdad, así que tenemos que seguir. Al Estado y al anterior Govern les pedimos más medidas. El Govern actual nos escucha y tiene acabar con el intrusismo como objetivo. Parte de la ecotasa se dedicará a esto. Pero hacen falta adaptaciones legislativas para ser más eficientes y para dar seguridad a los propietarios.
Sr. Calvario, es usted peor que peste.