En lo que va de año, la Policía Local de Sant Josep ha interpuesto más de 25.000 denuncias -137 diarias- a conductores que circularon por la vía de acceso al aeropuerto restringida a turismos particulares. Tal es el aluvión de incumplimientos registrados que el Ayuntamiento de Sant Josep iniciará la contratación de un servicio externalizado para el cobro y gestión de las sanciones.
Así lo avanzó este martes a Periódico de Ibiza y Formentera el Consistorio josepí, que destacó la efectividad del sistema puesto que, durante las primeras semanas, se llegaron a contabilizar hasta 1.500 propuestas de sanción al día, «un hecho que evidencia dicha efectividad».
Este acceso en particular está reservado a vehículos de transporte público, a proveedores previamente autorizados o a coches y motos de empresas de alquiler con destino al aparcamiento P2. La Policía recordó este martes que, si el usuario no posee un turismo autorizado, deberá hacer uso del aparcamiento P1 o de zonas habilitadas para determinados servicios.
En cuanto a las sanciones por estos incumplimientos, la persona deberá abonar 200 euros, 100 si paga la multa de manera voluntaria antes de los 20 días de su notificación.
En junio del pasado año, la Policía de Sant Josep ya destacó que la primera semana del sistema de control de acceso a la zona restringida del aeropuerto se había saldado con una media de turismos propuestos para denuncia superior al vehículo por minuto. Al inicio de la aplicación del sistema se llegaron a detectar hasta tres y cuatro accesos irregulares por minuto.
El Ayuntamiento de Sant Josep instaló las cámaras de videovigilancia en el acceso a los aparcamientos restringidos del aeropuerto y a la fachada de la terminal con el fin de garantizar un tráfico ordenado en la zona. La medida se implantó también con el objetivo de evitar el paso incontrolado de vehículos.
Las cámaras están dotadas de un sistema de lectura de matrículas e identifican de manera automática a los vehículos que no figuran en la lista blanca elaborada entre la Policía Local y Aena, recogiendo para ello datos proporcionados por el sector del transporte y los establecimientos hoteleros.
Además, la videovigilancia alerta a la Policía sobre vehículos sospechosos de dedicarse al transporte ilegal de personas con el objetivo de facilitar su intercepción y denuncia.
En 2022, según datos del Consistorio, las cámaras de videovigilancia permitieron sancionar a más de 40 conductores que ejercían como taxis ‘pirata’.