Los servicios de inspección turística del Consell d’Eivissa tramitan en dos meses 39 expedientes sancionadores por 1,5 millones de euros, según ha informado la administración insular este viernes en un comunicado.
En concreto, son 42 las propuestas de sanciones que logran 1.578.000 euros, con una multa de 120.000 euros como la más elevada, que afecta a un único comercializador por alquilar tres viviendas en un mismo edificio en el municipio de Ibiza.
También hay tres multas de 80.000 euros a tres únicos comercializadores por dos viviendas cada uno, y el resto son de 40.000 euros por comercialización de viviendas turísticas ilegales en los municipios de Ibiza, Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària.
Los alquileres sancionados se anunciaban a través de Airbnb, Homeaway, Milanuncios y en páginas de Facebook, donde también actúan y buscan infractores los inspectores del Consell.
El conseller del Departamento de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha destacado el «buen ritmo de trabajo» de los servicios de Inspección y de Recaudación de la administración insular.
Juan ha destacado que este año se han recaudado, hasta el momento, 576.090,03 euros en sanciones por infracciones en materia turística, superando el año pasado cuando el total fue de 480.519 euros por el mismo concepto y a 2022 cuando se percibieron 407.674 euros en multas.
Menos anuncios
Mariano Juan, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera señaló que desde la institución insular «estamos contentos, pero no satisfechos» con el trabajo que está llevando a cabo el departamento de Lucha contra el Intrusismo. «La presión está funcionando, pero tenemos que rebajar aún más las cifras», sostiene el vicepresidente ibicenco.
En este sentido, Juan destacó el informe de Exceltur de principios de año en el que se ponía de manifiesto que los anuncios de Ibiza en la plataforma Airbnb se había reducido un 49 % entre el año 2019 y el 2023. O las estadísticas del INE que señalan que el número de viviendas turísticas se ha reducido en la isla un 15 %, mientras que el de plazas un 17 % en los últimos tres años.
Mariano Juan también señaló que el incremento en el cobro de sanciones «está siendo espectacular», ya que en lo que llevamos de 2024 ya se ha superado lo recaudado en 2023, «año que ya fue récord».
Más colaboración
La firma de convenios de colaboración con plataformas como Booking o Airbnb también está dando sus frutos. En este sentido, Mariano Juan destaca que gracias a esta colaboración y a la investigación de la Policía Nacional, el Consell d’Eivissa ha conseguido identificar a más de 150 anfitriones que ofrecían viviendas turísticas ilegales.
Donde el Consell d’Eivissa tiene más problemas es en la retirada de anuncios, sobre todo en Airbnb. «Están colaborando, pero fallan en la retirada de anuncios porque nos exigen una serie de trámites. Tienen que mejorar su comportamiento», avisa Mariano Juan.
EL APUNTE
A la espera del registro único estatal que exige la Unión Europea
El Consell d’Eivissa espera que la exigencia por parte de la Unión Europea de que cada país miembro tenga un registro único de viviendas vacacionales suponga un antes y un después en la lucha contra los alquileres ilegales. Un registro que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aseguró en junio que estaría «en breve». Este registro a nivel estatal permitirá a las plataformas como Booking o Airbnb saber si sus anunciantes tienen licencia turística o no, por lo que su detección será casi inmediata. Ahora mismo, los registros de viviendas vacacionales en el país están repartidos por las diferentes administraciones con competencias en ordenación turística, que en el caso de Ibiza y Formentera son los consells insulars, lo que dificulta muchísimo que sus anuncios sean retirados por parte de las plataformas. «No acabaremos con este problema si las plataformas no son corresponsables de los anuncios que publican en sus páginas web», explica Mariano Juan.
Mano dura contra alquileres ilegales.