Los Consells insulares y el Govern balear reclamaron este jueves la implicación del Gobierno de España «sin más dilación» para poder afrontar la actual crisis migratoria que sufren las islas, un territorio «solidario», aunque en la actualidad «se encuentra al límite».
En la Conferencia de Presidentes extraordinaria celebrada para abordar esta situación, la presidenta Marga Prohens señaló que Baleares atraviesa una crisis «sin precedentes», con una ruta entre el norte de África y las islas totalmente consolidada.
De hecho, a estas alturas del año se han superado ya los registros de 2023 en cuanto a la llegada de migrantes irregulares con más de 2.500 personas desplazadas a las islas en patera. Entre ellas, hay unos 200 menores no acompañados, «unas cifras que nunca se habían dado en esta Comunidad», señaló la presidenta Prohens. Junto a los menores llegados en años anteriores, ahora mismo los Consells de Baleares tutelan a más de 400 jóvenes, un 55% de los cuales son de procedencia extranjera.
Esta grave situación provoca una sobreocupación de los recursos del 850%. «Acogemos ocho veces más de lo que prevé nuestro sistema de acogida», advirtió Prohens.
«La inacción del Gobierno de España en esta cuestión repercute de manera directa en los servicios públicos de Baleares. La sobreocupación del sistema de menores no sólo está tensionando todos los servicios dirigidos a menores», consideró Prohens, quien añadió que «ya no hay espacios; se han agotado todos los recursos disponibles», siendo la falta de personal para atender adecuadamente a estos menores un problema añadido.
«Ya no podemos atender a estos jóvenes en condiciones dignas», lamentó. Los participantes en la Conferencia de Presidentes firmaron una declaración institucional con una serie de peticiones dirigidas al Gobierno de España, planteando «un cambio de estrategia» y la solicitud de incrementar la vigilancia en el litoral y el envío a las islas de más recursos humanos y materiales para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Prohens y los cuatro presidentes insulares acordaron también pedir una reunión conjunta con los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Migraciones e Infancia para abordar la situación.
Ibiza
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, lamentó «la invasión sin precedentes» que se está registrando y no dudó en afirmar que se trata de «un problema de país».
También coincidió con Prohens al asegurar que «estamos al límite», por lo que consideró que en este caso no sirven «las declaraciones de buenismo» ni «cruzarse de brazos» ante un grave problema como el actual. «Hay que dedicar tiempo y esfuerzos a solventar esta situación muy compleja y difícil», incidió Marí, exigiendo la intervención «inmediata» del Gobierno central.
También destacó la situación del centro de menores Padre Morey que, junto a un pabellón anexo, acoge dentro del circuito 'normal' a 42 menores, de los que ocho están tutelados por el Consell de Formentera. Además, este año 106 menores han llegado a Ibiza, de los que 59 proceden de Formentera. El Consell, según el presidente, tiene acogidos a 57 menores no acompañados y otros 11 están a la espera de entrar en el centro.
Formentera
Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera, lamentó la «fuerte presión migratoria» y detalló que si el año pasado 30 pateras llegaron a la isla, en lo que va de 2024 se han registrado 95, tres veces más. En cuanto al número de migrantes, si el pasado año 489 alcanzaron la isla pitiusa, en este 2024 son ya 1.500.
Además de relatar en su intervención los problemas que está causando en Formentera la crisis migratoria, Córdoba lamentó la «dejadez» del Estado en este asunto, asegurando que son los Consells los que están haciendo el trabajo del Gobierno central.
Córdoba aseguró que, al igual que Mallorca, se plantea solicitar la declaración de la situación de emergencia para agilizar los trámites administrativos relativos a los migrantes.