Los senadores pitiusos coincidieron ayer en lamentar la marcha de hasta seis agentes de la unidad de motoristas de Tráfico de la Guardia Civil, una situación que se repite con demasiada frecuencia en el caso de Ibiza y Formentera.
Según consideró el senador autonómico Miguel Jerez, «es una mala noticia que va a tener un impacto negativo en el control de nuestras carreteras» e insistió en que es un servicio necesario vinculado a la seguridad viaria.
Jerez lamentó que la marcha de funcionarios se ha generalizado en todos los ámbitos al no existir una política de fidelización de las plantillas. «De esta manera, es muy difícil que empaticen con nuestro territorio y sus peculiaridades», añadió el senador.
También criticó la negativa del Gobierno a actualizar el plus de insularidad y la ausencia de una política de vivienda destinada únicamente a funcionarios, cuestiones que están perjudicando la calidad de los servicios públicos.
Desde el PP Baleares, también la secretaria general y diputada nacional Sandra Fernández exigió ayer al Gobierno «más policías nacionales y guardias civiles» en las islas puesto que la criminalidad sigue aumentando año tras año. Según explicó, en Baleares hay 743 plazas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por cubrir (306 policías nacionales y 437 guardias civiles), una cifra que es «ignorada» porque el Gobierno «sigue sin entender que la seguridad de Baleares depende de una insularidad digna».
En este sentido, recordó además que la actualización del complemento por insularidad lleva 18 años congelado, a pesar de que tiene que ser un incentivo para que los efectivos dejen de descartar las islas como destino laboral.
El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, lamentó la fuga de agentes ante las dificultades que éstos se encuentran en Ibiza para conseguir una vivienda a precios asequibles y por el elevado coste de la vida. Ferrer recordó que en el Senado se han aprobado dos mociones solicitando el incremento del plus de insularidad y explicó que incluso el ministro de Política Territorial, Ángel Torres, se comprometió en su día a valorar la creación de un plus de productividad para fidelizar en las islas a funcionarios y efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque por el momento dicho plus no ha salido adelante.
Por tanto, «tendremos que seguir reivindicando la mejora de las condiciones económicas de estos colectivos. Al final, esta situación nos convierte en ciudadanos de segunda en la supuesta isla del lujo. Es una valoración muy negativa y lo que debemos lograr es que el Gobierno apruebe mejoras para estas plantillas».