Durante la jornada del miércoles, en una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones municipales de Sant Jordi, el alcalde del municipio, Vicent Roig, aseguró que se iba a proceder a desalojar el asentamiento de Can Raspalls. Los motivos indicados para este cambio de rumbo -el asentamiento llevaba con pequeñas ocupaciones desde el 2015, y desde 2022 habiendo crecido en popularidad- han sido principalmente dos: la preocupación por la salud pública por la cantidad de residuos y excrementos en dicho espacio, y la aparición de una explotación turística dentro del asentamiento.
Sin embargo, en dicha rueda de prensa no se establecieron ni unos plazos ni unos métodos de actuación. Por ello, al ser preguntados por Periódico de Ibiza y Formentera, desde el Ayuntamiento aseguran que «para el desalojo se actuará en distintas fases, tratando de contar con la colaboración de las personas que residen en el lugar». Hace apenas unos meses del desalojo de Can Rova, caso que trascendió a medios nacionales por las formas y consecuencias, y es presumible que se busque evitar una situación similar.
En este sentido, Sant Josep ha asegurado que «el objetivo es que sea una salida colaborativa, manteniendo en todo momento una actitud de empatía y calma ante una situación sobre la cual estimamos que la mayoría de las personas tienen alternativas habitacionales y aquellos que carecen de estas alternativas por ser personas verdaderamente vulnerables serán auxiliados por Servicios Sociales y sus agentes.
Sobre los posibles plazos para este desalojo, desde el consistorio no han querido especificar: «No nos marcamos plazos, seremos cautos, empáticos y algo flexibles. No obstante, entendemos que este modo de vida no debe ser admitido y mucho menos normalizado como el efecto de la situación de temporalidad que se genera en verano», han explicado.
Durante la rueda de prensa del pasado miércoles también se especificaron sanciones tanto al propietario del terreno, como al explotador turístico del asentamiento como a los residentes. Al primero, por encubrir una actividad ilegal, podría ser sancionado con hasta el 75% del valor del terreno. El segundo de ellos podría ser sancionado con hasta 91.000 euros por esa actividad turística ilegal. Por último, los residentes del asentamiento podrían ser sancionados con hasta 750 euros.
Sobre este último aspecto, el consistorio josepí ha explicado que «toda persona es identificada mediante un documento expedido en España o fuera de España. Si no paga la denuncia en tiempo y forma, el procedimiento sigue su curso hasta llegar a vía de apremio, es decir al embargo de cualquiera de sus bienes conforme los tenga, aquí se incluye igualmente una nómina».
Pese a ello, el perfil de los residentes muchas veces incluye a personas saharauis, que no tienen la nacionalidad ni, en muchos casos, ni tan solo el permiso de residencia, lo cual hace que «la situación sea más compleja». Por ello, desde el consistorio han afirmado que «Sant Josep está realizando acciones dirigidas a poder tramitar con todos sus efectos las denuncias del tipo que sean en el extranjero».