Residentes en Can Rova 2 han denunciado a policías locales de Santa Eulària por un supuesto delito de allanamiento de morada. La denuncia, a la que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, fue interpuesta el pasado 8 de noviembre en el juzgado de instrucción número 2 de Ibiza.
En el escrito se relata que los denunciantes son ciudadanos desalojados del asentamiento ilegal de Can Rova, un dramático episodio vivido en Ibiza el pasado 31 de julio. Varias de estas personas aseguran que, durante el desalojo, el Ayuntamiento de Santa Eulària les dijo que se ‘buscaran la vida’, aunque trabajadores sociales les manifestaron que se podían ubicar en las inmediaciones del asentamiento, en concreto, en un solar ubicado en Puig d´en Valls, algo que llevaron a cabo con «la autorización y el visto bueno de las autoridades de Santa Eulària».
Más de tres meses después, de común acuerdo se procedió al vallado de la finca para garantizar la seguridad de los ocupantes, aunque el pasado 6 de noviembre una comitiva de la Policía Local de Santa Eulària «sin autorización judicial, ni investigación judicial en curso saltó la valla o traspasó ilegalmente una puerta, sin permiso de ningún morador, entrando y espiando a las personas que estaban en ese lugar, tratando de identificar a los moradores».
Por tanto, los denunciantes no descartan que se haya cometido un presunto delito de allanamiento de morada en el uso de las funciones policiales de los agentes.
En el escrito afirman además que, en caso de detectarse infracciones administrativas por supuestas construcciones ilegales, ello no justifica que unos policías quebranten sin autorización del juez el derecho a la vivienda y a la intimidad de las personas residentes en este solar.
Así, solicitan al magistrado que se incoen diligencias y se cite a declarar a los afectados.
El Ayuntamiento de Santa Eulària, por su parte, se limitó a señalar que en este proceso siempre se siguieron los procedimientos legales y manifestó que, si se ha presentado una denuncia contra policías locales, «el juez decidirá».
Las valoraciones
Desde Unidas Podemos, formación que ha apoyado públicamente a los desalojados, explicaron este jueves a este rotativo que un letrado aconsejó a estas personas denunciar «el abuso de poder y la presión sistemática sobre estas familias» que el Ayuntamiento ha estado ejerciendo. «Se pide una investigación interna y que el Consistorio tome medidas para que estos hechos no se repitan», insistieron.
Ana Loaiza, una de las personas desalojadas en Can Rova 1 y quien llegó a ir al Parlament de la mano de Podemos para denunciar «el maltrato institucional» sufrido, lamentó este jueves que finalmente la formación política morada «no nos ha ayudado en nada». En su caso, denunció el robo de su pasaporte durante los desalojos del asentamiento y relató las dificultades que tuvo para poder interponer la denuncia en Alicante, donde reside actualmente.
Si las leyes tivieran una lógoca,lo que tendrian que hacer las autoridades seria coger a toda esta gente, meterla en un barco y sacarla de la isla. Se están subiendo a la chepa de todo el mundo.