La diputada ibicenca del PSOE, Milena Herrera, ha defendido en el Congreso la modificación de las leyes de seguridad y navegación aérea y marítima durante la comparecencia en comisión del secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez.
Según han destacado desde el PSOE en un comunicado, el proyecto de modificación de la Ley de Navegación Marítima permitirá mejorar la seguridad y protección del medio marino, un mayor reconocimiento del turismo náutico y la regulación de las motos de agua, entre otros asuntos que aborda el proyecto de ley.
La diputada socialista ha valorado "la inclusión en nuestra legislación de las motos náuticas, la aplicación de las normas de seguridad y protección del medio marino vigentes en España a los buques o abanderados en otros Estados cuyo titular resida en nuestro país".
El proyecto de modificación de la Ley de Navegación Marítima plantea la creación del nuevo Registro Especial de Buques y Embarcaciones de Recreo para ofrecer incentivos.
Según Herrera, el nuevo registro, junto a otras medidas previstas que afectan a la náutica recreativa, "ha sido considerado por el propio sector como un avance importantísimo, si no histórico, en el reconocimiento y la seguridad jurídica de la náutica de recreo".
Además, la nueva Ley en tramitación "mejora los espacios de coordinación entre las administraciones y con el propio sector, algo previsto en este caso a través del Comité Asesor Marítimo previsto en el texto legal propuesto".
También se abordará la novedad que suponen los buques autónomos o sin tripulación, "una realidad que requiere ser incorporada en nuestro ordenamiento jurídico cuanto antes por el desarrollo que se prevé de la misma a corto y medio plazo".
La diputada socialista ha resaltado que "para la administración local o autonómica, los aeropuertos son vecinos a veces complejos, por las afectaciones que tienen para el desarrollo de los planes urbanísticos y de proyectos planificados en el entorno de este tipo de infraestructuras".
Por esta razón, entienden "como una mejora que se reorganicen en una única Comisión Ambiental, y con paridad de voto entre el Estado y las administraciones de ámbito territorial, aquellas competencias que hasta ahora estaban dispersas en diferentes espacios de debate y toma de decisión".