Las patronales turísticas e instituciones de las Pitiusas coincidieron ayer en rechazar el Real Decreto 933/2021 por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor y que contempla multas de hasta 30.000 euros para los incumplidores. Este mismo lunes, el polémico Real Decreto entró ya en vigor.
El director insular de Turismo en Ibiza, Juan Miguel Costa, consideró que para cualquier recepción de un hotel la medida será sinónimo de colapso. «Al final, solicitar 42 preguntas particulares a cada turista que llegue supondrá un volumen de trabajo que habrá que ver cómo se solventa. Provocará colapsos en todos los checkings que se hagan e imagino que deberá buscarse una fórmula para que la gente con reserva pueda completar estos cuestionarios de manera anticipada. En caso contrario, será inviable», manifestó Costa.
El director insular destacó también las dificultades que en los últimos años han sufrido muchos establecimientos de las islas a la hora de contratar personal y completar plantillas y, por tanto, intentar suplir esta falta de capital humano para afrontar esta nueva y ardua tarea será también un nuevo quebradero de cabeza para muchos empresarios.
Costa no consideró que la medida reste visitantes, pero sí que probablemente multiplicará las quejas e incidencias. Desde Fomento de Turismo de Ibiza, Alejandro Sancho reconoció que se trata de un procedimiento «bastante complejo, que además no ha sido consensuado con el sector». «No se ha recibido bien porque se podían haber hecho las cosas de una forma más consensuada, pero imponerlas de esta manera siempre es algo problemático y tedioso», comentó.
Sobre la posibilidad de que la medida llegue a restar visitantes, contrarios a facilitar determinados datos personales, Sancho consideró que eso se verá con el tiempo, aunque lo que está claro es que hoy en día, cuando todo funciona a través de aplicaciones y sistemas informáticos, que se imponga un proceso así «es algo muy complejo y nadie está preparado para hacerlo de forma correcta».
La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiusas, María Costa, tachó de «exagerado» el nuevo registro, criticando la forma en la que se ha planteado y los datos que deben solicitarse. «Es exagerado y fuera de lugar. Es como matar moscas a cañonazos», lamentó.
Costa explicó que habrá que ir viendo entre los clientes cómo se recibe la medida, aunque avanzó algunos «problemas asociados» a esta obligación, tales como la dificultad de implantar el registro en una recepción en el que coincidan en el tiempo decenas de clientes, algo no tan excepcional en plena temporada. Además, no descartó que muchos clientes sean reacios a facilitar sus datos bancarios o incluso otros detalles de carácter personal. «Provocará que quien realmente tenga algo que ocultar se aloje en otro tipo de establecimiento, donde no tenga que facilitar ningún dato», concluyó.
«Veremos cómo lo enfocan los turistas y hasta dónde están dispuestos a dar información. No lo veo tan claro», concluyó.
Críticas
En clave general, la nueva medida ha sido objeto de constantes críticas por parte del sector del alojamiento y de las agencias de viajes, denunciando la elevada carga burocrática, la pérdida de competitividad y la posible vulneración de privacidad de los viajeros que supondrá.
Finalmente, las empresas afectadas se verán obligadas a proporcionar los datos a través de una plataforma que lleva disponible desde 2022 y en la que ya se han registrado 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales, 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor.
Desde el Ministerio del Interior insisten en defender que el objetivo de la medida es incrementar la seguridad.