La junta general de jueces de Ibiza, convocada por el juez decano de Ibiza Sergio González Malabia, se reunió el pasado 11 de febrero con carácter urgente para abordar la parálisis existente «desde hace varios años» en la emisión de informes psicológicos o psicosociales que son necesarios para sacar adelante procedimientos judiciales. La situación es tan grave que han elevado las conclusiones de esta junta al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSIB), al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como a la gerencia territorial del Ministerio de Justicia en Baleares y al Instituto de Medicina Legal.
En este encuentro se puso de manifiesto que hay «continuas quejas relativas a la ausencia de los preceptivos informes que deben realizar los servicios de psicología del Instituto de Medicina Legal de Ibiza, que provocan la suspensión de visitas y dilaciones indebidas en la tramitación de procedimientos». Según el acta de este encuentro, «esta situación se arrastra desde hace varios años y se ha venido agravando». En este sentido, ponen de manifiesto que en los juzgados de Instrucción de Ibiza «se han constatado que más de una docena de exploraciones de menores, informes de credibilidad y de víctimas de agresiones sexuales, incluidos sumarios, están paralizados durante más de un año pese a que el informe psicológico es la única diligencia que resta por practicar y, todo ello, teniendo que valorar si procede o no acordar medidas cautelares».
También destacaron que la «tardanza en la elaboración de informes psicosociales en procedimientos de familia seguidos ante los juzgados de primera Instancia de Ibiza supuso la necesidad de alcanzar un acuerdo con la Fundación Conciencia para que dicha entidad asumiera el importe correspondiente a los honorarios de los peritos judiciales designado para la elaboración de los mismos». En este sentido, reconocen que la tardanza en conseguir estos preceptivos informes «había derivado en la evitable práctica de inadmitir» estos informes «como medio de prueba ante el conocimiento de la dilación que experimentaría la resolución del procedimiento hasta que tuviera lugar su elaboración en caso de su admisión».
Los retrasos
En este informe incluyen varios anexos en los que se dejan constancia de la parálisis que denuncian, pues hay oficios del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza que tienen fecha de diciembre de 2020 y que fueron recordados en diciembre del año pasado y a principios de febrero de este año. Otro anexo aportado muestra los procedimientos pendientes en Instrucción 2 por no haber sido emitidos los informes psicológicos o psicosociales, por ejemplo, violencia doméstica a un menor con un informe de exploración al menor pendiente desde mayo de 2021, una agresión sexual a un menor con un informe pendiente de exploración al menor pendiente desde septiembre de 2020 o un homicidio imprudente para lo cual se acordó una exploración en septiembre del 2021, se señaló el reconocimiento para junio del año 2022 y, desde entonces, el informe está pendiente (el último recordatorio, en este caso, es de octubre del año pasado). En el caso de Instrucción número 3 hay casos de informes pendientes desde febrero de 2020 por maltrato en el ámbito familiar, también hay procedimientos pendientes del informe psicológico o psisocial por delitos contra la libertad sexual desde julio del año 2021, por ejemplo.
La causa
Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera , el «bajo rendimiento» en la emisión de informes del equipo psicosocial, formado por una psicóloga forense y una trabajadora social que dependen directamente del Ministerio de Justicia, fue detectado en los años 2019 y 2020, por lo que se decidió «monitorizar» el trabajo de estas dos personas, que al parecer entendieron esta supervisión como una medida de «presión», razón por la cual se quejaron a la dirección del Instituto de Medicina Legal (IML). La dirección del IML determinó que este seguimiento del trabajo que realizaban estas personas debía cesar y se les concedió libertad horaria y libertad en su agenda de señalamientos.
La situación es tan grave por la parálisis en la emisión de estos informes psicológicos que se ha convertido en un tema de debate y queja constante en los Juzgados de Ibiza, pues hay muchos procedimientos judiciales que no pueden avanzar o concluir por la falta de estos informes en concreto.
Que vergüenza de funcionarios públicos tiene este país. Ojalá viniera un Trump a hacer limpieza de parásitos que cobran del estado tocándose el coñ*o. Debería dejar de estar "blindado" ser funcionario y poderse despedir a todos los vagos e incompetentes que saturan y ralentizan el sistema. Es que ni vergüenza les debe dar. No solo estas psicólogo y trabajadora social, si no todos los funcionarios que llegan tarde, o están de baja eternamente, o directamente son incompetentes en su trabajo. Ojalá poder despedirlos a todos y que empezaran a sudar el sueldo como todos los demás. Una oposición no debería ser sinónimo de salario garantizado toda la vida.