La colaboración establecida entre el Consell de Ibiza y Airbnb ha tenido como resultado que, en estos momentos, hayan caído de forma notable los anuncios de alquiler turístico ilegal en la plataforma.
Según ha explicado el director de la Oficina de Lucha Contra el Intrusismo insular, Enrique Gómez Bastida, la oferta sobre Ibiza que actualmente se encuentra en este conocido portal es de 3.400 anuncios y el Consell calcula que la mitad de ellos se corresponde a ofertas de alquiler turístico ilegal. De media, se publican unos 5.800 anuncios por parte de entre 1.300 y 1.800 anfitriones.
La oficina ha detectado también un cambio de tendencia pues, tal y como ha señalado el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, en estos tres primeros meses del año la oferta debería haberse incrementado. Sin embargo, «está congelada». «Ha crecido la oferta legal», ha añadido Juan, «pero el número total de anuncios está contenido y la calidad de los mismos ha mejorado».
¿Cómo se ha llegado a estos resultados? La cooperación de Airbnb ha sido fundamental para ello. Si antes era necesario que el Consell presentara un expediente ya resuelto para que la plataforma borrara un anuncio, ahora basta con informar del inicio del trámite para que Airbnb suspenda la publicación. Además, en el caso de ofertas «flagrantemente ilegales», como pueden ser las caravanas o las tiendas de campaña, los anuncios se bloquean y se retiran de la plataforma.
Este hecho es uno de los resultados de la ofensiva iniciada por la Oficina de Lucha Contra el Instrusismo, que ahora se encuentra en un proceso de plena expansión, gracias a la financiación de 4 millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible. De aquí al mes de junio, por ejemplo, la oficina pasará de una plantilla de 12 personas a otra de 47. Y con el sistema Mabria de inteligencia turística como herramienta fundamental para este trabajo. Todo ello con el objetivo de acabar de una vez por todas con la situación. «Nadie en España tiene una estructura como esta», ha señalado el vicepresidente insular, «solo Barcelona está muy avanzada pero no es comparable».
El plan de choque contra el intrusismo, ha explicado también Mariano Juan, supondrá un cambio «muy importante» en la solución a este problema. Ahora mismo, ha indicado, se han iniciado más de 200 expedientes sobre posibles ofertas de alojamiento turístico ilegales. En ejercicios anteriores, el año más productivo en este sentido se tramitaron 85. «Se ha acabado», ha asegurado el vicepresidente, «lo de hacer artesanía jurídica» y el objetivo ahora es la automatización total en la detección de la oferta ilegal y en la tramitación de los expedientes: «Aspiramos a ser como la DGT. Tener capas de inteligencia turística para llegar al convencimiento de que lo que detectas es ilegal e iniciar el expediente. La adopción de medidas cautelares tiene que ser mucho más fácil. Ahora con un sistema automatizado yo he firmado en un mes 100 inicios de expedientes cuando en todo 2024 fueron 60».
Tanto Mariano Juan como Enrique Gómez Bastida han puesto sobre la mesa la necesidad de contar con el personal suficiente y adecuado en esta lucha contra el intrusismo. El vicepresidente ha recordado que siempre se ha hecho hincapié en la figura de los inspectores, sin tener en cuenta que para acabar el trabajo es también fundamental el papel de los instructores. De ahí que ahora el Consell vaya a incrementar la plantilla para lograr el objetivo de acabar con esta lacra. Además, otro de los objetivos de esta «oficina 2.0» es lograr que los ciudadanos tengan la certeza de que, cuando hagan una denuncia sobre un alquiler turístico ilegal, «se abrirá un expediente sancionador en ese momento y no un año y medio después».
La Oficina de Lucha contra el Intrusismo, finalmente, tiene también una importante vertiente política pues ha conseguido «poner en el centro» incluso a nivel nacional este problema y la forma en la que Ibiza lo está afrontando .
Lo llamativo que solo estamos abriendo medio melón y creo quecse deberíamos de abrirlo entero. Con el problema de vivienda que tenemos en la isla, y en el pais, lo que se deberia es prohibir los pisos, y digo pisos plurifamiliares al alquiler vacacional, para el turismo estan los hoteles y punto. Que se alquilen villas, quizas se pueda entender, pero tambien que paguen unos impuestos cono cualquier otro y unos requerimientos de seguridad y habitabilidad como cualquier otro negocio. Por que puestos a pensar, hablamos de ilegales, pero y si empienzan a repartir licencias a trocomocho ? Ya deberiamos saber como son los politicos, " hecha la ley, hecha la trampa"?