Durante la mañana de este martes la Policía Local de Santa Eulària ha realizado «un control de vehículos» en las inmediaciones del asentamiento de Can Rova II. La presencia policial provocó que rápidamente se corriera la voz de que se estaba produciendo el desalojo del asentamiento, un rumor que fue desmentido por parte del Consistorio.
Desde el Ayuntamiento aseguraron que esta intervención de la Policía Local no es más que un «control rutinario». Por el momento, ni los agentes de la Policía Local ni los servicios sociales han podido acceder al interior del asentamiento, por lo cual no se tienen cifras exactas sobre el total de la gente que reside en el lugar.
El procedimiento de desalojo está en manos de los juzgados después de que los propietarios hayan presentado una demanda contra los residentes del asentamiento el pasado mes de enero.
Sin embargo, este proceso no parece ser sencillo. Al menos así lo cree el abogado de los desalojados del primer asentamiento de Can Rova y que ahora residen de Can Rova II, David Fechenbach.
El abogado ha asegurado a este medio que «no se va a desalojar tan fácilmente» y que seguirán peleando en el proceso judicial. Actualmente, todavía está por resolver si la caución, una garantía económica que debe presentarse durante el procedimiento judicial, solicitada por la parte demandante de 15.000 euros es considerada como «mala fe al tratarse de personas con escasos recursos económicos», tal y como asegura Fechenbach.