Los conocidos letrados Ascensión Joaniquet y Joaquín Roig, junto al juez decano Sergio González Malabia ejerciendo como moderador, protagonizaron ayer una charla divulgativa sobre la okupación de viviendas, en un momento en que la usurpación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. El evento tuvo lugar en la Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza, Casino des Moll.
El magistrado, antes de iniciar la charla, avanzó que los abogados iban a detallar los procedimientos que prevé la legislación, tanto en el ámbito civil como penal, para que un propietario pueda recuperar su posesión. También, a qué se enfrenta un okupa que usurpe o lleve a cabo un allanamiento de morada.
«Puede que esos procedimientos no nos gusten, que sean muy largos, pero son los que son y, en caso de no gustar, habrá que modificarlos», puntualizó González, quien celebró la iniciativa del Casino des Moll viendo la inquietud social que causa este tema y para «abrir las puertas de la Justicia al ciudadano>».
«Es un problema en la sociedad, más acuciado en Ibiza por el problema habitacional. Lo que hay que lograr es que haya mecanismos rápidos y eficaces para solucionarlo», lamentó el magistrado.
La primera en intervenir fue la abogada Ascensión Joaniquet quien aseguró que la okupación, desde el punto de vista penal, «es un tema de mucho interés y que preocupa». La letrada quiso dar unas pinceladas sobre la vertiente penal de este tipo de delito, señalando que la okupación no consentida ni tolerada no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo en el Derecho constitucional. También aseguró que el Derecho penal debe ser la última ratio a la que hay que acudir para solventar conflictos de okupación.
La abogada aclaró durante su charla qué es una usurpación, que puede tener carácter grave si se han producido situaciones de violencia durante la acción. Entonces, las penas para el okupa podrán ser de entre uno y dos años de prisión. En otros casos, se considera la usurpación como un delito leve -tal como sucedió en Sant Antoni- con penas de multas de entre tres y seis meses.
También reconoció que, analizando la Jurisprudencia, es muy complicado conseguir penas para el okupa en delitos de usurpación. En este sentido, se refirió a recientes sentencias favorables a quien usurpó la casa al ser ésta inhabitable. Una situación de vulnerabilidad económica también se ha tenido en cuenta a la hora de emitir sentencias favorables para los moradores.
Desde una perspectiva civil, el abogado Joaquín Roig se refirió a los 'inquiokupas', personas que inicialmente tenían un contrato de arrendamiento, y habló también de modificaciones normativas aprobadas recientemente sobre las que dudó de su efectividad, sobre todo en relación a los arrendamientos urbanos.
Roig aprovechó para recomendar a propietarios con viviendas en alquiler introducir en los contratos cláusulas específicas que aclaren qué puede pasar en caso de incumplimiento, facilitando así la interposición de posibles demandas. También aconsejó, a efectos de notificaciones, reflejar en el contrato las direcciones y teléfonos de contacto del inquilino para agilizar el trabajo en caso de tener que iniciar un procedimiento de mediación.
El abogado alertó sobre los largos plazos a los que puede verse enfrentarse un propietario a la hora de recuperar su vivienda si llegan a presentarse varios escritos de lanzamiento o si se inicia un expediente de vulnerabilidad.